La ciudadanía en época electoral, es un tema relacionado al cumplimiento de deber y derecho de los y las ciudadanas del ejercer sus derechos como tales, que se circunscriben a la elección de los futuras autoridades públicas.

Según la Constitución, ciudadanía es el estatus de los guatemaltecos mayores de dieciocho años. Así también la Ley Electoral y Partidos Políticos considera como derecho y deber de los ciudadanos, para poder inscribirse en el padrón electoral. Tomando en cuenta las anotaciones anteriores, la ciudadanía es el vínculo jurídico-político que tienen los ciudadanos en la toma de decisiones colectivas en materia electoral.

Sin embargo, la ciudadanía es primordialmente una relación social, por tanto una relación política entre individuos y grupos sociales pertenecientes a una comunidad política, en consecuencia los ciudadanos y ciudadanas son todos aquellos sujetos individuales o colectivos que son partícipes de la dinámica del poder político monopolizado por el Estado.

Es decir, la ciudadanía goza del derecho de participar y exigir a las autoridades públicas: (cuánto, cómo, para qué, quienes etc.) se distribuyen los recursos del Estado, a través de la auditoria social en dicho proceso, un alto porcentaje de los y las ciudadanas no lo ejercen púes a razón del desconocimiento y la inadecuada información por parte de las instituciones públicas encargadas.

Por lo tanto el sistema guatemalteco se caracteriza por emplear a los y las ciudadanas como un bastión para mantener el Estado Liberal, careciendo de procesos participativos que superen el ámbito electoral, los cuales permitirían el fortalecimiento del Estado democrático, programas y proyectos -políticas públicas- encaminadas al bienestar social y el desarrollo sostenible entre otros.

Las autoridades electorales ponen énfasis a la ciudadanía desde la perspectiva jurídica, sin embargo la ciudadanía, según estos parámetros está alejada de lo que significa la auditoria social, permitiendo con ello la utilización de la población solamente como un trampolín para llegar a puestos públicos o reelección de los mismos.

Podríamos caracterizar a la ciudadanía guatemalteca como informal e ineficiente en el sentido que en la cotidianidad fuera de la contienda electoral, está copada de condiciones mínimas de integración social, ausencia de mecanismos para exigirla o regularla, solamente configura la consolidación de sistemas electorales, persuasión y represión de derechos humanos. No existe como practica el fortalecimiento de los poderes; nuestra sociedad está rodeada de prácticas excluyentes permitiendo así la elitización de la política, lo estatal pasa a hacer privado, se mercantiliza la opción pública, acompañada de arreglos institucionales.

La interrogante es: ¿Cuáles son los posibles escenarios para la práctica de la ciudadanía, en la que logre incidir en la toma de decisiones y se produzca una mejor democracia?
Para empezar la ciudadanía es el centro de formación de mecanismos de integración social; no necesariamente con referente legal sino como el estatus de pertenencia a una comunidad y sentido de vida común. Se construye ciudadanía en el procesamiento de las diferencias sociales y la distribución de una sociedad, en sociedad plurietnicas, formando así: la ciudadanía participativa. Ésta se constituye a través de mecanismos institucionales y el marco constitucional, así la aspiración de ciudadanía sustantiva de preservación de identidades singulares fundamentado en la ciudadanía étnica. Paralelamente las políticas públicas deben de dar respuesta a la trasformación del Estado sobre el problema étnico-cultural capaz de integrar la gestión pública nacional con soportes estructurales como la visualización, la adaptación, compensación y salvaguarda de los derechos.

La ciudadanía no es solamente responsabilidad del Estado en la formación de ciudadanos y ciudadanas. La ciudadanía debe de ser una práctica social que requiere de un trabajo colectivo y colaborativo, es decir todos y todas las ciudadanas deberíamos ser parte del sistema. Para ello debemos de participar en la toma de decisiones, a través de la auditoria social.

Dicha práctica, -auditoría social- entendida como el conjunto de condiciones y mecanismos a través de los cuales individuos o grupos, en calidad ciudadana y forma organizada e independiente, ejercen corresponsabilidad, participando en planificación de políticas, vigilancia y control del funcionamiento las instituciones, ejecución de proyectos o conducta de funcionarios públicos. También se refiere a la organización de la ciudadanía para acompañar, vigilar, monitorear, verificar y evaluar cuantitativa y cualitativamente a quienes toman decisiones que afectan el interés público, que ejecutan o tienen vinculación con recursos públicos.

Dicha auditoria debe estar acompañada de: canales de comunicación, participación ciudadana, cooperación responsable por las partes involucradas en los temas planteados como de mayor interés para la comunidad, información confiable.

La auditoria social es vinculada con aquel gobierno abierto y transparente que incorpora a ciudadanas en sus actividades complejas y procesos toma decisiones, flujo consistente y persistente de información del gobierno hacia ciudadanas y viceversa, formas eficientes de rendir cuentas a ciudadanos para que comprendan su papel y exigir a funcionarios públicos cumplir responsabilidades con eficacia y transparencia.

El seguimiento de la auditoria dependerá del grado de compromiso de los ciudadanos y ciudadanas en participar en los procesos para exigir el cumplimiento de las autoridades públicas del cargo que se les ha otorgado, así mismo como parte del proceso de la consolidación del Estado Democrático, y por de parte de las autoridades, el compromiso en la transparencia en el manejo de los recursos públicos que la ciudadanía les otorga por medio de la representatividad, recordando que al igual que todo trabajador de una institución sea pública o privada debe rendir cuentas de sus acciones y actos.

Fuente: Incidencia Democrática (Guatemala)

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