La ambigüedad del presidente Tabaré Vázquez dio pie para que cada sector civil y militar que participó del acto de “reconciliación nacional” hiciera su propia lectura histórica del Nunca Más. Hubo represión para los que protestaron.

Civiles y militares, funcionarios nacionales y municipales, dirigentes y militantes del Frente Amplio y de los partidos Colorado y Nacional (o Blanco), se congregaron este martes en la plaza Independencia de Montevideo para celebrar el 19 de junio como Día del Nunca Más, en coincidencia con el natalicio del prócer uruguayo José Gervasio Artigas.

Cuando Tabaré Vázquez firmó el decreto que instauró la nueva fecha conmemorativa, a fines del año pasado, había imaginado un gran acto para avanzar en la “reconciliación nacional” en torno a una idea que reduce el terrorismo de Estado de la dictadura cívico-militar (1973-1985) a un “enfrentamiento entre uruguayos”, en una suerte de relanzamiento de la teoría de los dos demonios.

Sin embargo, el presidente tuvo que contentarse con un evento sumamente sencillo, sin discursos ni desfiles, a fuerza del malestar generado en el propio seno del Frente Amplio a partir de sus guiños hacia los sectores de las Fuerzas Armadas que niegan responsabilidades en las violaciones de los derechos humanos. Entre esas concesiones del Ejecutivo, se destacan la culminación por parte del Estado de las primeras excavaciones en predios militares para dar con el destino de desaparecidos y el envío al Parlamento de un proyecto de ley –originalmente elaborado por la derecha- para reparar a los familiares de las “víctimas de la sedición”, desde 1962 hasta 1976.

El malestar en la fuerza política fue tal que, el 4 de junio pasado, Vázquez debió salir a reconocer públicamente que no estaban dadas las condiciones “para realizar grandes conmemoraciones” y aclaró, además, que el decreto no instalaba un punto final a las investigaciones sobre los crímenes de la dictadura y el destino de los desaparecidos. Aunque, de todos modos, mantuvo la concepción ambivalente del Nunca Más oficial.

Con su moderada rectificación, el mandatario uruguayo alcanzó un doble objetivo en el acto de la plaza Independencia: sumar a la mayor parte de los dirigentes de su propia tropa y también a los de la oposición, para dar la sensación de consenso en cuanto a su idea de “reconciliación nacional”.

Vázquez intentó, incluso, predicar con el ejemplo cuando abrazó durante la ceremonia al colorado Pedro Bordaberry, hijo del dictador Juan María Bordaberry, procesado con prisión preventiva desde el año pasado por 14 crímenes de lesa humanidad en el marco del Plan Cóndor. Muchos dirán que los hijos no tienen por qué cargar con las acciones de sus padres, pero en este caso no se trata de un inocente con mal apellido. Pedro reivindica la lógica de impunidad de la que gozó su padre durante más de treinta años. No sólo por desarrollar una oscura estrategia judicial y mediática para defender “el buen nombre” del dictador, sino también por sostener un discurso que busca hacer “borrón y cuenta nueva” sobre la trágica etapa que inauguró su progenitor, como si el terrorismo de Estado nunca hubiese existido.

En una posición similar se ubican los dirigentes blancos, que, al igual que los colorados, aprovecharon la ambigüedad del presidente para promover el olvido. “No podemos quedar cautivos del pasado, porque de esa forma no se construye el futuro”, aseguró el titular del Partido Nacional, Jorge Larrañaga.

Por su parte, los ex tupamaros como José “Pepe” Mujica y Eleuterio Fernández Huidobro coincidieron en que el pasado no se clausura fácilmente. "Las heridas se cierran en el fuero íntimo de cada uno. Eso es imposible, lo hemos dicho mil veces, pretender que el pasado se salve a partir de un acto, una ceremonia o una ley. No le ha pasado así ni a los blancos ni a los colorados desde el siglo XIX a la fecha", aseguró Fernández Huidobro.

En general, para la izquierda que se hizo presente en la plaza en apoyo de Vázquez la interpretación de la ceremonia pasó por un “Nunca Mas al terrorismo de Estado”, evitando hacer menciones sobre las posturas tendientes a instalar la teoría de los dos demonios.

Así lo manifestó, por ejemplo, el senador frenteamplista, Rafael Michelini, para quien "fue un acto profundo y lleno de contenido con el que el Nunca Más Terrorismo se va abriendo camino. Seguimos luchando por justicia, verdad y por anular la Ley de Caducidad". Cabe destacar que este senador es hijo del ex legislador Zelmar Michelini, asesinado en Buenos Aires en mayo de 1976. Se trata de uno de casos por los cuales se impulsó el procesamiento contra Bordaberry.

Algunos militares defensores del orden democrático fijaron posición en el mismo sentido. “Desde el gobierno se puede y se debe hacer mucho para que nunca más haya un Estado terrorista en nuestro país. Particularmente, trabajar para que los organismos militares reconozcan, y repudien, y pidan perdón por ese terrorismo de Estado en el cual actuaron, que ejecutaron”, dijo el general retirado Oscar Pereira, quien también se mostró partidario de la anulación de la ley de Caducidad, que mantiene impunes a muchos criminales de la dictadura.

Pero tampoco faltaron los militares de la vereda opuesta, retirados y en actividad, algunos incluso con altos cargos en la Fuerzas Armadas, como el jefe del Ejército, Jorge Rosales, quien dijo sentirse lleno “de orgullo y de mucha felicidad” al "ver esta plaza colmada de público”.

Sin embargo, hace apenas un mes, en su discurso por el Día del Ejército (18 de mayo), Rosales negó toda responsabilidad institucional por los crímenes de la dictadura y cargó el peso de la culpa en “eventuales acciones individuales incorrectas” de algunos militares. El Ejército –agregó Rosales, sin que le temblara la voz- “no acepta ni quiere ser rehén de las extemporáneas y parcializadas interpretaciones históricas que sobre su accionar pretenden algunos reivindicar, olvidando que las mismas respondieron a la acción de aquellos sectores de la sociedad que intentaron derrocar a gobiernos democráticos a través de las armas”.

Mientras tanto, organismos de Derechos Humanos, familiares de detenidos-desaparecidos, movimientos sociales y algunas fuerzas del Frente Amplio, como el Partido Comunista, el 26 de Marzo y la Corriente de Izquierda, y casi la totalidad de la central obrera PIT-CNT, decidieron faltar a la conmemoración oficial y movilizarse en señal de repudio. Estos sectores coincidieron en que es imposible una “reconciliación nacional” en tanto y cuanto perdure la impunidad y se trate de imponer la idea de una “enfrentamiento entre hermanos”, cuando lo que en realidad se desarrolló fue el accionar terrorista de un Estado, en coordinación con otras dictaduras del Cono Sur, para implementar un modelo depredador.

La marcha más importante se dirigió hasta el Círculo Militar, donde unos dos mil manifestantes realizaron pintadas contra los represores de la institución y exigieron la derogación del decreto oficial del Nunca Más.

En tanto, durante otra movilización en el centro de la ciudad se registró una fuerte represión policial contra un grupo de militantes del movimiento Fogoneros y miembros el organismo de Derechos Humanos Plenaria Memoria y Justicia, cuando se realizaba una quema de cubiertas sobre la Avenida 18 de Julio. Según indica el diario La República, en su edición de ayer, varios manifestantes fueron apaleados y cuatro de ellos detenidos durante unas horas.

En dos años de gobierno del Frente Amplio –es justo decirlo- se avanzó como nunca antes en materia de derechos humanos. Hoy, el dictador Juan María Bordaberry enfrenta un proceso judicial histórico y podría ser imputado, además, por “atentado a la Constitución” y otros crímenes de lesa humanidad. Se ha investigado en el marco de los límites de la ley de Caducidad, a pesar de los frenos que impone la norma para el ejercicio de la Justicia, y hasta se han excluido 47 casos que involucran a policías y militares, como el de María Claudia García Irureta Goyena, nuera del escritor argentino Juan Gelman.

Pero también es preciso decir que ninguna sociedad puede construir un futuro digno sin memoria, verdad y justicia. Detener ese proceso en marcha o confundirlo con posturas ambivalentes, luego de los logros alcanzados desde el 2005, es igual a retroceder varios pasos en favor de la impunidad que históricamente combatió el Frente Amplio. La anulación de la Ley de Caducidad, por ejemplo, es una deuda impostergable que el progresismo uruguayo no puede abandonar por cálculos electoralistas, ni por presiones de la derecha reaccionaria.

Fuente: Agencia Periodística del MERCOSUR (APM), Mar del Plata / Argentina
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