Los muchos uruguayos que se dieron cita el martes frente al monumento al prócer José Artigas, con el fin de acompañar al presidente de la República en su decisión de convertir el acto patriótico en una invocación a la reconciliación entre los orientales, debieron ser suficientes como para contentar algunas de las expectativas de Tabaré Vázquez, pero no todas.

Esencialmente lo decimos porque lo que intentó ser un acto reivindicatorio de la paz entre los orientales, con el fin de comenzar un necesario proceso de reconciliación, se convirtió en otro acto de apoyo político a la figura del primer mandatario, respondiendo a su renovado liderazgo, pero al que faltaron, obviamente, los que deberían ser los actores principales: los familiares y los militares retirados representantes de las organizaciones sociales que los agrupan. También otros importantes actores faltaron a la cita, entre ellos el PIT-CNT y el Partido Comunista, que desde el pique no estuvo de acuerdo con la convocatoria, a lo que se suman las organizaciones “ultras”, que además realizaron un contraacto, esta vez, con presencia policial para evitar el estúpido protagonismo violentista y antidemocrático de alguna de estas organizaciones.

Quizás el presidente de la República, impulsado por la comprensión de que los uruguayos no podemos seguir enredados en el pasado, trató de quemar etapas sin esperar que previamente se procesaran y tuvieran resolución algunas acciones en busca de la verdad a través de la Justicia, para lo cual el propio Poder Ejecutivo había desafectado de la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado, a varios militares, que ahora están siendo objeto de investigaciones por violaciones de los derechos humanos.

El planteo de Tabaré Vázquez, es compatible y necesario, porque los uruguayos tenemos que mirar el futuro, para construirlo y que se convierta en venturoso, unidos en un haz de esfuerzos, en donde las diferencias solo devengan en un necesario correlato dialéctico que nos permita crecer, y no como hasta hoy, una rémora que nos paralice en el marco de inconducentes luchas intestinas que han tenido congelado al país durante veinticinco años.

Sin embargo, quizás, su oportunidad no fue ajustada al largo y tedioso proceso en que todavía no se han podido desterrar las hondas diferencias, odios, reclamos de verdad y justicia, en el que sobresale también el abroquelamiento, del otro lado, en la supuesta defensa de valores democráticos que, obviamente, en los mismos actos, eran pisoteados. Es que los ritmos uruguayos son altamente morosos, lamentables en su lentitud y los temas quedan como estancados en el tiempo, porque los uruguayos no tenemos otros objetivos en un país congelado, que crece en los números, pero que no tiene en cuenta ni siquiera que ello debe determinar otras acciones estratégicas. Lo ocurrido con el supergás de Ancap es un ejemplo brutalmente elocuente: luego de cuatro años de crecimiento del PBI, lo que repercutió obviamente en una mejoría en el consumo (¿Por qué no se analizó, por ejemplo, la venta de estufas en los comercios de plaza durante los últimos meses?), la sorpresa de Ancap por el alto consumo del fluido es claramente invalidante, propia de toda una mentalidad conservadora que no adopta previsiones destinadas a prever el futuro. Y no analizamos el crecimiento del volumen del supergás que puede haber tenido la industria también en expansión.

Lo ocurrido durante la dictadura militar, que es todavía una asignatura pendiente, se debe superar en base a una metodología idónea que de alguna manera es la que está aplicando el Poder Ejecutivo, desafectado de la cobertura de la Ley de impunidad a los militares y policías que, en base a razones probadas, aparecen como presuntos responsables de trasgresiones a los derechos humanos. Desde allí se deja el camino libre a la Justicia, que actúa con independencia y libertad, como corresponde, para aplicar los extremos de la ley a quienes se les prueben las responsabilidades.

¿Qué otro camino puede quedar? Las organizaciones de derechos humanos, por supuesto, tienen como objetivo finalista conocer la verdad de lo ocurrido, a la que se llega solo en base a acercamientos progresivos, sin existir un límite, porque la verdad no es un término absoluto, sino un valor relativo que puede determinar la satisfacción de unos y la insatisfacción de otros.

Claro, es evidente. El camino emprendido por el Poder Ejecutivo, de desafectar de la ley de impunidad a responsables del terrorismo de Estado, para abrir la posibilidad de que actúe la Justicia, es también un mecanismo idóneo para desentrañar la verdad que, no nos cabe dudas, está guardada bajo la siete llaves del secreto en las cabezas de alguno de los actores más representativos de lo ocurrido pero, por una razón de compartimentaciones operativas, no debe estar en conocimiento de las fuerzas en su conjunto.

El acto del martes sirvió como una reafirmación del carisma personal del presidente de la República, de su calidad de líder, capaz de convocar multitudes y multiplicar apoyos, pero en lo esencial parece evidente que el presidente de la República no logró el objetivo buscado en su convocatoria inicial, por el que convocó a la movilización bautizada como “Nunca Más”, pues los sectores que pensaba reconciliar no concurrieron.

Parece bien claro que el “Nunca Más” que buscó trasmitir el presidente Vázquez con su presencia en la Plaza Independencia, homenajeando a Artigas en su aniversario, fue la de oponerse a toda la brutal agresión contra la gente y las instituciones ocurrida durante la dictadura militar en base al terrorismo de Estado, período en que se perdieron los límites y se violentaron no solo las formas institucionales, sino los más universales, derechos humanos.

Quiso decir el presidente que lo ocurrido en el pasado nunca debe volver a repetirse porque, además de brutal, está claro en la responsabilidad histórica de los responsables.

Algunos, que historian ese pasado cometen el error falaz de sustentar la teoría de los dos demonios. Cuando las Fuerzas Armadas y de Seguridad, coordinadas y basadas en la Doctrina de la Seguridad Nacional, comenzaron la más brutal represión que se recuerda en la historia del país, la guerrilla urbana ya no estaba operativa. Había sido vencida, con la detención de sus máximas figuras dirigentes, en la etapa en donde en el país todavía funcionaban las instituciones de la democracia. Pero, ¿qué tiene que ver esa brutal expresión del terrorismo de Estado con acciones de violencia privada llevadas adelante por grupos guerrilleros que, además, fueron diezmados y sus integrantes pagaron largamente sus “culpas”?

Lo que ocurrió después fue otra cosa. Fue el funcionamiento de un régimen despótico que puso en vigencia al terrorismo de Estado, con vinculaciones ideológicas difusas, algunas cercanas al fascismo y otras dependientes a lo establecido en los mecanismos fijados para la “guerra fría” por el Departamento de Estado de EEUU, y sin límites éticos ni morales, utilizando como manual operativo la Doctrina de la Seguridad Nacional.

Todo era posible y aceptable en un régimen de absoluta impunidad, donde se torturaba de manera sistemática a toda persona que era detenida y, como ya se ha establecido, persiguiéndose las ideas y no las acciones y, se mataba, haciendo desaparecer los cadáveres de las víctimas.

Cuando se reclama “reciprocidad de culpas”, asignándose la misma responsabilidad a la guerrilla urbana que a los militares violadores de los derechos humanos, se falsea la realidad. Si bien ese proceso se verificó en el país, de ninguna manera los tupamaros y algunas otras organizaciones violentistas, alcanzaron el nivel de agresión que protagonizaron los terroristas de Estado. Por otra parte los guerrilleros y sus aliados pagaron con torturas y durísimas condiciones de reclusión, sus acciones, muchas de ellas juzgadas por el régimen militar sin las garantías del “debido proceso”, como el que cuentan los uniformados que hoy deben enfrentar a la Justicia.

El fallido “Nunca Más” para el que convocó el presidente Vázquez tuvo también este contenido que, indudablemente, es compatible para la mayoría de los uruguayos que queremos quebrar el espinazo de la parálisis en que el país vive por no resolverse temas esenciales, como el de hacer justicia, ya que la verdad vendrá por añadidura. Pero, quizás, deba pasar más agua bajo los puentes mientras muchos quieran seguir lamiéndose las heridas, sin haber entendido que en democracia el camino emprendido por el gobierno, de hacer cumplir en plenitud todos los extremos establecidos en la ley de caducidad, es idóneo.

- Carlos Santiago es periodista
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