El Presidente Colombiano sufrió nuevas denuncias que afectan a su imagen en el exterior. Una proviene de Estados Unidos, justo cuando continúa la puja en el Congreso de ese país por la sanción del TLC.

De cara a un semestre donde van a ocurrir cosas determinantes para el futuro de su gobierno, entre ellas: la sanción –a favor o en contra- del Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos; la realización de las elecciones regionales en Octubre de este año. En los últimos días el Presidente colombiano, Álvaro Uribe continuó sumando acusaciones en su contra.

El pasado 7 de Junio, el Primer Mandatario anunció con bombos y platillos la excarcelación de unos 180 guerrilleros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), que según sus propias palabras era un “gesto de buena voluntad” para hacer prosperar el acuerdo humanitario con el principal grupo guerrillero que opera en el territorio colombiano.

En realidad, esta política unilateral y premeditada no buscaba destrabar el canje de personas en el marco del conflicto armado, sino que con esto Uribe sólo pretendía era colocar al Secretariado de las FARC en una “encrucijada”, para que el grupo insurgente sea visto por la opinión publica internacional como el principal responsable del fracaso de las gestiones humanitarias.

Sin embargo, los principales comandantes guerrilleros rechazaron la iniciativa gubernamental, argumentando que para comenzar con un proceso de diálogo el gobierno primero debe proceder a la desmilitarización de los municipios de Florida y Pradera.

Asimismo, argumentaron que el único que pone en peligro la vida de los prisioneros es el presidente Álvaro Uribe, quien continúa adelante con su política de “rescatar” a través de la vía militar a todos aquellos individuos que están en poder de las FARC.

A pesar de que era de público conocimiento que decisión implementada no iba a servir en nada para solucionar el proceso humanitario, en el marco de la excarcelación masiva el gobierno colombiano autorizó la liberación del llamado “canciller” de las FARC, Rodrigo Granda. No obstante su negativa, este experimentado guerrillero, que fue puesto en libertad gracias a la iniciativa del Presidente francés, Nicolas Sarkozy, fue nombrado unilateralmente como “gestor de paz”, a quien se le otorgarían todas las garantías oficiales para su protección y sus movimientos.

De ese modo, la política de la administración Uribe en relación a las FARC fracasó completamente, ya que Granda -siguiendo la línea adoptada por la fuerza guerrillera- rechazó su nombramiento forzado y luego de estar alojado durante varios días en la sede de la Conferencia Episcopal en Bogota, terminó yéndose hacia a Cuba para tratarse algunos problemas de salud que lo aquejaban.

Eso sí, antes de dejar tierras colombianas, lanzó graves denuncias en contra del Primer Mandatario latinoamericano.

Además de revelar que su salida de la prisión “fue a la fuerza”, acusó que cuando fue detenido en 2004 en Venezuela, le ofrecieron dinero y pasaportes para ir al país que el quiera, siempre y cuando declare ante la opinión pública que el Presidente de Venezuela, Hugo Chávez, era uno de sus mas fieles protectores.

En las declaraciones brindadas ante la emisora “La FM”, Granda calificó a su captura en el país vecino como un secuestro que ocasiono una severa crisis diplomática entre ambas naciones. Asimismo recordó que en esa ocasión también le pidieron que entregara a un miembro del secretariado de las FARC, en especial al comandante Raúl Reyes. “Yo no acepté nada de eso”, sostuvo.

Otro de los hechos que conmovió a la opinión publica colombiana en este último tiempo, fue la divulgación por parte del diario de Miami el Nuevo Herald de un video en el que aparece Álvaro Uribe junto al paramilitar de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), Fremio Sanchez, alias “Esteban”.

Las imágenes fueron tomadas en octubre de 2001 durante un acto proselitista, que el por entonces candidato presidencial realizó en la ciudad de Puerto Berrío, Antioquia.

Desde la Casa de Nariño se defendieron ante esta acusación, por intermedio de una carta que el Secretario de Prensa de la Presidencia, Cesar Mauricio Velásquez, le envió al periodista del nuevo Herald Gerardo Reyes.

Por una parte, el funcionario remarcó que Uribe no puede responder por el comportamiento de cada uno de los ciudadanos que concurrieron a lo largo de su carrera política a sus actos electorales: “El Presidente no hace comentarios ni da explicaciones sobre cada una de los millones de fotos y de horas de videos como esos a los que usted se refiere. En el 2001, siendo candidato, tuvo más de mil reuniones grandes y pequeñas, todas públicas, ninguna clandestina”.

Para finalizar, Velásquez de forma tajante le pidió a los periodistas del matutino estadounidense que si tienen alguna acusación concreta en contra de su gobierno, la denuncien formalmente: “De lo contrario, le ruego, abstenerse de insinuaciones malévolas”.

Luego de la contraofensiva del gobierno, la respuesta desde los Estados Unidos no tardó en llegar. Un abogado, Daniel Kovalik, quien representa a tres empleados de la compañía estadounidense Drummond asesinados en Colombia en el 2001, le envió una carta a la Secretaría de Estado Condoleezza Rice pidiéndole que investigue los posibles nexos entre la administración uribista y los siniestros grupos paramilitares.

De acuerdo a sus propias palabras, cuando se realizó el acto en Puerto Berrío Sanchez ya era buscado por los organismos de seguridad del Estado, que lo acusaban de haber de haber encabezado un grupo criminal que, durante dos años, asesinó a unas ochenta personas y obligó al desplazamiento forzoso de unos 3.000 colombianos.

Es más, dos meses después de haberse realizado el acto en cuestión, integrantes del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), anunciaron la captura del paramilitar en una masiva conferencia de prensa. Según Kovalik, todo este cúmulo de sucesos lleva a que sea “razonable pensar que Uribe debería saber que se estaba reuniendo con miembros de las AUC, incluyendo el ‘comandante Esteban’, dada su amplia notoriedad”.

Durante estas últimas semanas, el mandatario -ya de por sí jaqueado en el plano interno por el escándalo de la parapolítica- viene recibiendo malas noticias desde su “aliado” primordial, Estados Unidos. En momentos que el Congreso de ese país esta decidiendo el futuro del TLC firmado con Colombia.

Además, ahora Uribe -fiel a su estilo confrontativo- no puede echarle la culpa a la oposición de boicotear su imagen en Washington, ya que en esta ocasión es un periódico de Miami quien publicó la denuncia.

El último de los dolores de cabeza que ha tenido que soportar el Presidente colombiano provino este fin de semana desde México. En declaraciones exclusivas ante la revista Semana, el narcotraficante Fabio Ochoa Vasco reveló que a fines de 2001 los principales jerarcas de las AUC pusieron una importante suma de dinero para apoyar la primera candidatura presidencial del actual Jefe de Estado.

Actual prófugo de la justicia, Washignton llegó a ofertar 5 millones de dólares por cualquier información que ayude a su captura.

El narcotraficante declaró ante la prensa que cuando el comenzó a asistir a reuniones de las AUC, a finales de 2001, ya se hablaba de eso. “Es más, recuerdo un día que yo estaba con (Salvatore) Mancuso en la finca ‘05’ y llegaron 2 señores de Medellín”. En esa ocasión los individuos habrían propuesto un proceso de paz muy favorable para los paramilitares, según Ochoa, los jerarcas de las Autodefensas aceptaron gustosos esta iniciativa, hasta el punto que “empezaron a reunir a todo el mundo, porque los votos tenían que ser para Uribe”.

“Cuando Uribe comenzó a repuntar en las encuestas, yo estaba conversando con Mancuso, cuando llegó una camioneta Hilux y se bajaron 2 hombres que venían de Bogotá. Los vi 5 minutos cuando Mancuso les dio la orden a sus hombres de que subieran al carro 3 maletas llenas de billetes de 100 dólares. Es más, de esa plata yo aporté 150 mil dólares”, aseveró Fabio Ochoa.

Para concluir, recordó que durante las elecciones movilizó a unas 5 mil personas, contrató colectivos para llevarlos, les dio comida. “Yo no se cuanta gente votó al final por él, pero el triunfo fue total”, sentenció.

El gobierno respondió ante este nuevo embate con un comunicado donde señaló que durante las campañas del 2002 y 2006 “nunca se solicitó, recibió o se utilizó dineros provenientes de narcotraficantes o paramilitares".

Además de enfatizar que esa información se encuentra disponible para quien quiera consultarla, el comunicado afirmó que para ratificar la claridad característica de su gestión, igualmente el presidente Uribe le solicitó al Fiscal General, Mario Iguarán, que "investigue los hechos puntuales a los que Ochoa Vasco ha referido".

A pesar de que todavía cuenta con el respaldo de una parte importante de la población colombiana, desde que se desató el escándalo de la parapolítica a Álvaro Uribe le han explotado un sin numero de acusaciones que vinculan a su gobierno con las siniestras AUC. Como se planteó en el comienzo de este artículo, su administración se juega cosas muy importantes el próximo semestre, así que sólo el paso del tiempo nos va a permitir saber que va a ser de la vida política de uno de los mayores “aliados” de la Casa Blanca en la región.

Fuente: Agencia Periodística del MERCOSUR (APM), Mar del Plata / Argentina

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