Lima

El Perú es uno de los 10 países mega diversos del mundo. Su diversidad natural alcanza casi todos los aspectos ambientales, productivos y culturales a lo largo de tres grandes regiones: costa, andes y amazonía. Esta misma diversidad, hoy, es fuente de conflictos entre quienes pretenden su extracción y quienes ancestralmente han manejando y ocupado las tierras donde se encuentran los recursos naturales. Los grandes conflictos se concentran en los recursos no renovables como la minería, el petróleo y gas, y en los impactos de estas actividades en el agua y la salud, así como los beneficios de estas actividades para las comunidades y poblaciones afectadas.

Particularmente nos centraremos en el espacio andino y en los crecientes conflictos mineros. En este espacio se concentran los territorios comunales, los recursos mineros y es fuente de agua para todo el país.

Tierras comunales y minería

Los Andes o la sierra representa el 30% del territorio peruano[1] con cerca de 400 mil Km2. En este vasto espacio se ubican 5,934 comunidades, herederas de culturas milenarias. En este mismo espacio se ubican las mayores áreas concesionadas para actividades mineras, hoy suman casi 10 millones de hectáreas y según información de la Confederación Nacional de Comunidades del Perú Afectadas por la Minería (CONACAMI) estarían afectando a más de 3,200 comunidades andinas. El potencial minero del país llega a ocupar 60 millones de hectáreas según voceros del “Perú: país minero”.

Uno de los principales problemas surge a partir del otorgamiento de concesiones mineras por parte del Estado para desarrollar actividades mineras en tierras de propiedad de comunidades campesinas. La Constitución peruana reconoce el derecho de propiedad de las comunidades sobre la superficie y refiere que la propiedad del subsuelo es del Estado.

La legislación nacional señala que para el desarrollo de actividades mineras se requiere acuerdo con los propietarios o la culminación del procedimiento de servidumbre (una forma de expropiación). Es entonces bajo esta figura que se influye en las comunidades para obtener permisos y desarrollar actividades de exploración en tierras comunales. La mayoría de los conflictos tienen este origen y las relaciones entre las comunidades y empresas se van deteriorando a partir de las actividades de exploración habiendo llegado muchas veces a altos niveles de violencia.

Majaz es uno de los casos más relevantes al respecto. La Minera Majaz no ha conseguido legalmente el consentimiento para realizar actividades de exploración en tierras de las comunidades de Carmen de la Frontera  (Huancabamba) y Yanta (Ayavaca), sólo cuenta con una autorización de la directiva comunal cuando la ley exige que esta autorización debe ser por asamblea comunal y con el voto aprobatorio del 66% de comuneros asistentes. La empresa realiza exploración en estas provincias altas de Piura mientras que las comunidades se oponen a la minería y la movilización comunal ha costado la vida de dos ronderos.

Este tipo de casos podría superarse si se regulara mecanismos de consulta en las comunidades para el desarrollo de actividades mineras en sus tierras, claro antes deberían ser informadas, de acuerdo al Convenio 169 de la OIT.

Agua y minería

El Perú es una fuente natural de agua, tiene el 5% de las aguas superficiales del mundo. Tiene 12 mil lagos y lagunas andinas. La mayoría de las 107 cuencas hidrográficas tienen su origen en los Andes.

La minería es una de las actividades que requiere altos volúmenes de agua y siendo su disponibilidad escasa para el consumo humano y actividades agrícolas, genera tensiones en su uso, ya sea por situaciones vinculadas a su disponibilidad o calidad. Muchos conflictos son por la contaminación del agua, siendo el origen las actividades mineras actuales y los 611 pasivos mineros identificados por el Ministerio de Energía y Minas.

Uno de los conflictos históricos alrededor del agua es el caso del Lago Chinchaycocha, que involucra a 9 comunidades, 3 empresas mineras y una de generación eléctrica. El embalse del lago con aguas contaminadas ha producido la contaminación de tierras comunales usadas en el pastoreo y el desplazamiento de al menos 4 poblaciones. Hasta la actualidad el caso no se ha resuelto a pesar de los avances en la legislación ambiental peruana y las nuevas olas de responsabilidad social empresarial.

Cajamarca es una de las regiones de grandes tensiones en torno a la minería. En estos últimos días, pobladores de Combayo continúan en protesta contra la Minera Yanacocha y el pasado 23 de agosto hubo una violenta represión policial dejando a 14 comuneros heridos. Los comuneros denuncian la desaparición de lagunas, manantiales y pantanos lo que ha ocasionado la escasez y desaparición de los recursos hídricos.

La contaminación del agua en tierras andinas, ya sea directamente o por acumulación en el tiempo, puede generar problemas en la producción agrícola de exportación en los valles costeros. Este es el caso de los agricultores del valle de Moquegua que cuestionan las posibilidades de otorgar agua de la represa de Pasto Grande para el desarrollo del proyecto minero Quellaveco, lo que a su vez limitaría las posibilidades de ampliación de la frontera agrícola.

Siendo el agua un recurso limitado en su acceso para el consumo humano en las ciudades e indispensable para el desarrollo de las diversas actividades productivas, es necesaria una política que reafirme las prioridades de uso para las poblaciones e incluya la visión de gestión  colectiva que tienen las comunidades sobre este recurso, junto a una política de zonificación ecológica, aspectos claves para el desarrollo agrario.

Conflictos mineros en números

Tradicionalmente los Andes han sido una fuente de constantes contrastes sociales. Desde las aspiraciones por restaurar el sistema inca, pasando por las reivindicaciones indígenas por la recuperación de sus tierras, hasta las más recientes demandas por mayores beneficios de la minería para el desarrollo local y la reducción de los impactos negativos.

Según el último Reporte[2] sobre Conflictos Sociales conocidos por la Defensoría del Pueblo se identificaron 80 conflictos en total; de los cuáles 14, el segundo grupo en orden de importancia, se desarrollan en el escenario ambiental y se describen como enfrentamientos entre poblaciones y empresas que explotan recursos naturales, teniendo como principal causa el riesgo de contaminación. Cajamarca registra el mayor número de conflictos, seis en total. Entre las empresas involucradas en conflictos a nivel nacional se pueden identificar a Cerro Verde, Barrick Misquichilca, Gold Fields, Buenaventura, Yanacocha, Transportadora de Gas del Perú (TGP), BHP Billiton Tintaya[3] y Minera Majaz, además de la agencia estatal Proinversión.

Según documentos públicos del Ministerio de Energía y Minas, en junio del 2005, reportaron la presencia de 23 conflictos vinculados directamente con las actividades mineras. Coincidentemente, Mario Palacios, dirigente de la CONACAMI, denunciaba que su organización registra 27 conflictos[4] entre comunidades y empresas mineras.

Finalmente, creemos que se necesita una política de prevención de conflictos que incluya la información y transparencia en todos los aspectos de la gestión pública y privada alrededor de las industrias extractivas. Se necesita adecuar la legislación nacional a las normas internacionales que protegen derechos de pueblos y comunidades indígenas. Se necesita que las comunidades y sus organizaciones trasciendan de las resistencias a la minería a las propuestas de desarrollo. Se necesita una sociedad que vigile y trabaje para el respeto de los derechos y la redistribución de los beneficios para las mayorías excluidas.