Al entrar en su fase final las negociaciones del TLC entre Ecuador y Estados Unidos, las posiciones con respecto a éste se radicalizan. Por un lado, una fuerte oposición popular, encabezada por el movimiento indígena, exige la suspensión de las negociaciones, que se transparente lo acordado y se convoque a una consulta popular; por otro lado, las elites beneficiarias del mismo presionan por el cierre del TLC haciendo toda clase de concesiones e inclusive lesionando la soberanía nacional.

Demostrando que ha recuperado la fuerza y mantiene la capacidad de convocatoria y que tuvo durante la última década del siglo pasado y los primeros años de éste, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) paralizó durante 12 días (del 13 al 24 de marzo) parte de las actividades económicas y comerciales en 9 provincias del Ecuador, principalmente de la región de la Sierra.

La CONAIE, enarbolando una clara posición anti-neoliberal, recurrió al bloqueo de carreteras, medida que se complementó con movilizaciones que se realizaron tanto en Quito como en varias cabeceras provinciales como Latacunga, Riobamba, y otras ciudades. Una marcha de unos 100 indígenas partió el 11 de marzo de la ciudad amazónica del Puyo y tras un recorrido de 9 días llegó a Quito luego de vencer los obstáculos y hostigamientos de la Policía Nacional. Otros sectores sociales, que no pertenecen a la CONAE, también se sumaron a las protestas como es el caso del Seguro Social Campesino, una delegación del cual se tomó la Catedral de la ciudad de Quito, a pocos pasos del Palacio de Gobierno. Pequeños agricultores de la provincia costanera de Los Ríos, asimismo, realizaron acciones de hecho en tanto que el movimiento indígena recibió el respaldo de sectores urbanos, principalmente de los estudiantes.

Los empresarios que se beneficiarán del TLC (floricultores, fruticultores, plastiqueros, textileros, madereros, atuneros y otros) también salieron a las calles para defender la firma del TLC con Estados Unidos, organizando una manifestación el 17 de marzo en Quito que les costó unos 28.000 dólares y en la que participaron mayoritariamente sus empleados.

Porque protestan

La fuerza y la contundencia de la base social de la CONAIE tiene una explicación: los indígenas perciben que con el TLC su supervivencia como comunidades, pueblos y culturas se encuentra en serio peligro. El impacto del TLC sería muy negativo sobre todo para el agro. Un estudio de la FAO y de la CEPAL señala que algo mas de 1,66 millones de habitantes del campo dependen de productos amenazados por el TLC y que los más golpeados serían los productores de maíz suave y duro, papas, arroz, productos avícolas, fréjol, soja, carne, leche en polvo, cítricos, etc., productos que se producen en gran medida en las medianas y pequeñas parcelas.

La invasión de productos agrícolas, altamente subsidiados provenientes de Estados Unidos significaría la ruina de los pequeños productores agrícolas, entre los cuales están los indígenas, que abastecen el mercado interno. Según Luis Macas, presidente de la CONAIE, los problemas que preocupan a los indígenas no solo están referidos al agro y a la soberanía alimentaria sino a la privatización del agua, la propiedad intelectual, la apropiación de los conocimientos ancestrales y de la biodiversidad. Pero además de ello, “el TLC tendrá un efecto integral para el país, pues sería una norma supranacional que está por encima de la Constitución del Estado y las leyes del país”, según Macas. Es más, la vigencia del TLC significará que se tienen que hacer reformas jurídicas para garantizar las inversiones y las empresas estadounidenses

Además de la suspensión de las negociaciones del TLC con Estados Unidos, cuya ronda final se inició el 23 de marzo en Washington, los pueblos indígenas demandan la convocatoria a una Asamblea Constituyente para establecer un Estado plurinacional, una reivindicación presente desde el nacimiento mismo de la organización indígena en 1986. También piden que el gobierno ponga fin al contrato con la empresa transnacional estadounidense Occidental Oil and Gas Corporation (más conocida como Oxy), a la que se acusa de haber transferido el 40% de sus acciones a la empresa canadiense Encana sin autorización del Ministerio de Energía , y de otras violaciones a la ley. La Oxy mantiene una producción de aproximadamente 112 mil barriles diarios. Al declararse la caducidad de este contrato, el Estado obtendría un ingreso anual de más de 1000 millones de dólares. Pese a que la estatal petrolera Petroecuador y la Procuraduría General del Estado se han pronunciado por la caducidad del contrato con la Oxy, el gobierno de Alfredo Palacio, representado por su ministro de Energía Iván Rodríguez, quien es el juez de este caso, viene dando largas y estaría buscando una salida negociada con la transnacional. Este caso está muy relacionado con el TLC pues los representantes de la Oxy y diplomáticos estadounidenses han manifestado que si se declara la caducidad del contrato la considerarían una expropiación y que la firma del TLC está sujeto a la resolución de este caso y de otras divergencias judiciales tributarias que el Ecuador mantiene con empresas de EE.UU.

Viejas tácticas

El gobierno de Alfredo Palacio, que ascendió al poder el 20 de abril del 2005, luego de la revuelta del pueblo de Quito que determinó la salida del coronel Lucio Gutiérrez, ha continuado con las negociaciones del TLC iniciadas por Gutiérrez. Aunque su posición no es tan abiertamente sumisa como la de Gutiérrez –que parafraseando a Toledo y Uribe llegó a decir que “el TLC se firma sí o sí”- Palacios ha señalado que el “TLC solo se firmará si es conveniente para el país”. Sin embargo, esto parece ser solo fraseología para neutralizar a quienes se oponen, que no son pocos.

Al mismo tiempo que difundía profusamente mensajes de este tipo, el gobierno de Palacio recurrió a la línea autoritaria y represiva, salpicada con brotes de racismo y manipulación informativa para contrarrestar la protesta indígena. Por presiones de los exportadores de flores –cuyo gremio estuvo presidido por el actual ministro de Finanzas, Diego Borja- y de otros exportadores, declaró el estado de emergencia nacional y decretó la supresión de las libertades públicas y el toque de queda en las zonas de mayor resistencia indigena con el propósito de despejar las vías que se encontraban obstaculizadas. El movimiento indígena desafió la medida gubernamental y continuó la lucha, pero ante la magnitud de la represión, se replegó para efectuar asambleas y recuperar fuerza, anunciando un levantamiento de mayor envergadura en caso de que se firme el TLC.

Organismos de derechos humanos nacionales e internacionales registraron decenas de heridos y detenidos durante las movilizaciones. Los indígenas Alberto Cabascango y Juan Carlos Puruncajas perdieron un ojo por efectos del impacto de bombas lacrimógenas lanzadas por policías y militares, en tanto que otros sufrieron heridas por el impacto de balas de goma.

Esta estrategia gubernamental, que parece indicar que el TLC sería impuesto a sangre y fuego, estuvo complementada con la aplicación de algunas lecciones aprendidas de gobiernos anteriores: intentar de descalificar a los dirigentes; tratar a los indígenas de ignorantes y de que no tiene capacidad de razonamiento propio, acusar a las ONGs de financiar las movilizaciones e incluso insinuar, sin ninguna prueba, que el gobierno de Hugo Chávez estaba detrás de las protestas.

El camino al paraíso

El tema del TLC ha polarizado las posiciones. Los empresarios que se beneficiarán con este tratado presionan al gobierno de Palacio, al tiempo que, apoyados por los medios de información, han lanzado una ofensiva propagandística en la que alaban las “bondades” del TLC y amenazan con terribles consecuencias para el país si éste no se firma, una vez que ya lo han hecho Colombia y Perú. Según los empresarios, por poco el TLC abre las puertas del paraíso pues los “jóvenes tendrán mejores oportunidades de acceder al empleo”, los “consumidores tendrán acceso a mejor calidad y menor precio a los productos”, “el Ecuador tendrá que cumplir con los derechos de los trabajadores y erradicar el trabajo infantil”, según reza la circular Nº 33 de la Cámara de Industriales de Pichincha. El principal argumento es que el Ecuador no se puede “quedar fuera de la globalización y del curso de la historia”, como si la única forma de entrar a la globalización fuera sometiéndose a los intereses de las transnacionales estadounidenses.

La salida democrática ante un problema como el TLC, donde hay posiciones tan encontradas y disímiles, parece ser la convocatoria a una consulta popular para que sea el pueblo el que decida en las urnas. Sectores del Congreso y la Iglesia se han pronunciado en este sentido, pero los empresarios y los negociadores del TLC no quieren saber nada de consultas. Según ellos, las consultas están “viciadas” porque el pueblo vota a favor o en contra del gobierno y no estaría en condiciones de comprender y dirimir sobre un problema complejo “que es técnico y no político”.

Que se conozca toda la verdad

Pero mientras los grandes empresarios –que solo ven al TLC como una oportunidad para hacer negocios e incrementar las cifras de sus chequeras y no como un asunto de soberanía nacional y de vida o muerte para millones de personas– tiene esta visión tan limitada de la democracia, la movilización de la CONAIE reactualizó el debate sobre el TLC y sus implicaciones y cuestionó la opacidad con la que se realizan las negociaciones que tienen un carácter secreto pues está vigente la cláusula de confidencialidad acordado entre las partes. Al cierre de esta edición, la prensa daba cuenta que se han cerrado 13 de los 19 temas en discusión. Se conoce generalidades, pero no los acuerdos reales alcanzados, respecto, por ejemplo a compras gubernamentales, servicios, inversiones, propiedad intelectual, salud pública, resolución de controversias, etc. El gobierno de Palacio, con su Ministro de Comercio Roberto Illingworth, es partidario de que “la difusión del proceso se realice una vez que concluyan las negociaciones”. Resulta, entonces, que los “ignorantes” no son solo los indígenas sino todos los ecuatorianos.

Publicado en América Latina en Movimiento # 406 (ALAI), p.1, 29-06-2006, Quito