El presidente de la República, Martín Torrijos, promulgó la ley, plagada de vicios constitucionales, que convoca a una consulta sobre la construcción de un tercer juego de esclusas. En la Asamblea de Diputados, las bancadas oficial y de oposición formaron una alianza anti-nacional para aprobar por unanimidad (72 votos contra 0) la iniciativa que pretende hipotecar las futuras generaciones del país.

La ley que cobija la consulta que se efectuará el domingo 22 de octubre de 2006, somete el país a un programa de lavado de cerebro oficial de tres meses. Los diputados le dieron un cheque en blanco al gobierno para hacer uso ilimitado de los recursos de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) para financiar su campaña. La ley, en cambio, no le proporciona recursos a los grupos organizados que están en contra de la propuesta oficial.

La ley promulgada por el presidente Torrijos sólo beneficia a los intereses financieros internacionales apoyados por sus socios internos, así como a las grandes navieras internacionales. La ley excluye, en forma explícita, cualquier beneficio para el país. El presidente, incluso, niega la posibilidad de ajustar la ampliación del Canal a un plan de desarrollo nacional.

El debate generado por la presentación de la propuesta, en abril de 2006, ha descubierto las múltiples fallas del proyecto de construcción del tercer juego de esclusas. Entre ellas, las más importantes se centran en la propuesta financiera, en los cálculos económicos y en la falta de un estudio ambiental. Además, la propuesta de construcción de un tercer juego de esclusas no se integra al desarrollo del país.

La propuesta del presidente Torrijos minimiza los costos de la construcción, sobreestima el tránsito de barcos post-Panamax y endeuda excesivamente al país para construir el tercer juego de esclusas. La propuesta de ampliación se basa exclusivamente en el crecimiento actual de la ruta marítima que une los puertos del oriente asiático (especialmente China) y los puertos de la costa este de EEUU. Es una apuesta de mucho riesgo que no está cimentada sobre proyecciones confiables.

La propuesta se sostiene sobre información técnica incompleta en lo relacionado con la construcción del tercer juego de esclusas. Entre otras cosas, el sistema de tinas de las nuevas esclusas no garantiza la conservación del agua dulce y aún no se resuelve el problema de los diques que deben construirse para sostener el tercer juego de esclusas.

El presidente de la República no incluyó en la propuesta estudios de impacto ambiental o social. Las infraestructuras de las ciudades terminales de Panamá y Colón serán objeto de un uso intensivo ignorado por la propuesta de construcción.

El proyecto contiene promesas de empleo para un promedio anual de 3 mil trabajadores (nacionales y extranjeros) y de demandas a suplidores que beneficiarían a la economía por un período de cinco años. Voceros de la ACP incluso han intentado manipular a la opinión pública hablando de 290 mil empleos. A cambio, el gobierno quiere hipotecar el país a los usuarios (intereses navieros y financistas) y conservar las estructuras de pobreza, desempleo e inseguridad en Panamá durante el próximo siglo.

La ley que convoca el referéndum no ofrece garantías democráticas. Hay que rechazar la papeleta única y exigir dos papeletas. Hay que exigir un umbral de participación del 50 por ciento. De igual manera, hay que exigir igualdad de condiciones para quienes apoyan el Sí y los del No. A pesar del referéndum amañado, el pueblo panameño rechazará la propuesta de ampliación del Canal de Panamá. Hay que defender cada voto y exigir honestidad en el conteo.

La Unión Nacional por el No (UNNO) ha hecho un llamado a la unidad del pueblo panameño para enfrentar a los intereses antinacionales y derrotar cualquier intento de alterar el NO contundente que resultará del referéndum.