El cuadro actual de los negocios mundiales se encuentra demarcado por el fenómeno de la falencia fraudulenta de la Enron. Esta empresa de petróleo llegó a ocupar el 5º. lugar en la lista de las mayores empresas del mundo, realizada por la revista Fortune. Lo grave de la situación es la clara vinculación del presidente y del vicepresidente de Estados Unidos con los negocios de esta firma que fue una de las principales financiadoras de su campaña. Según las denuncias, el vicepresidente Cheney se reunió seis veces con los directores de la Enron para definir el plan nacional de energía con el objetivo de ayudar a salvar la empresa. Más novedosa aún ha sido la constatación de la absoluta incapacidad de una de las mayores empresas de auditoria del mundo, la Andersen, de localizar irregularidades contables evidentes y su complicidad abierta con la firma al destruir documentos de la misma que la justicia norteamericana había exigido. Si se tratara de un caso aislado, podríamos quedar tranquilos. Pero este es uno de los muchos ejemplos de la firme y decisiva articulación entre el Estado y los intereses de las empresas, fenómeno que se hace cada vez más orgánico y determinante de las políticas públicas. Lo más grave es la transferencia del poder de formulación y aplicación de políticas para órganos no elegidos, como los bancos centrales en los países centrales, el FMI y el Banco Mundial en las zonas periféricas del Mundo. Hace mucho he llamado la atención sobre lo que califiqué de “golpes de Estado electorales”. Trátase de gobiernos elegidos en oposición a los planes de estabilización monetaria y ajuste estructural del FMI y que se convierten inmediatamente en sus más ortodoxos aplicadores. Tarso Genro, creativo jurista y científico político, alcalde de Porto Alegre por el PT, llamó la atención en reciente artículo (Jornal do Brasil, 27/01/02) sobre la grave crisis del Estado democrático moderno. Creo que su argumento se resume en la siguiente frase: “Trátase de un Estado en que predominan las primicias técnicas para orientar políticas y no primicias políticas para escoger las técnicas” Estas organizaciones estatales hablan en nombre de una doctrina económica por demás desmoralizada por los hechos, presentada como una “ciencia”que excluye cualquier propuesta alternativa. En nombre de esta doctrina, se toman decisiones que cuestan miles de millones de dólares a una población sometida a terribles condiciones de vida. Lo grave es la articulación perversa que se establece entre la corrupción, la criminalidad abierta y los principios ordenadores del Estado. Los gobiernos se ven compelidos a adoptar políticas e decisiones para evitar fenómenos tan inexplicables como la amenaza de “crisis sistémica”, “explosión de la demanda” en economías miserables y otras invenciones “técnicas”. En el presente momento asistimos en Brasil ejemplos impresionantes de esta perversidad. De un lado, la justicia aplica el código del consumidor a las acciones absolutamente irregulares de los bancos y es contestada por el Banco Central que asume como suya la regulación de la vida bancaria y por lo tanto (?) de los crímenes e irregularidades del sector. Este debate ocurre en el momento exacto en que la justicia brasileña acaba de desmoralizar completamente la capacidad del Banco Central defender los intereses de la población y exponer, por el contrario, su dudosa generosidad con los criminales e infractores. El juez André Bizzo Molinaro, de la primera Jurisdicción Criminal de Río de Janeiro, acaba de condenar por gestión fraudulenta, fraude de balances financieros y divulgación de informaciones falsas al ex presidente del Banco Nacional SA y a más 13 ejecutivos a él subordinados, Estos señores se encuentran presos en este momento, a pesar de los intentos de sus abogados de garantizar su libertad con un hábeas corpus. Lo grave de este escándalo, que alcanza una de las más importantes familias de la República, no es solamente el carácter de los crímenes practicados, que incluyen la creación de miles de cuentas falsas para realizar operaciones fraudulentas. Es notoria la complicidad de las autoridades financieras con los criminales, en nombre de principios generales de “ciencia económica”, de procedimientos técnicos intocables y otros artificios impuestos por la tecnocracia a los pueblos, Veamos algunos ejemplos en el caso citado: a) El presidente del Banco Central en el período en que ocurrieron los fraudes declaró a las autoridades que el Banco Nacional actuaba “dentro de los patrones” y el juicio realizado por el Banco Central no encontró irregularidades y se encerró sin culpas. b) En 1995, el Banco Central intervino en el Banco Nacional para decretar su desaparición y la venta al Unibanco de su parte “buena” con un generoso financiamiento del PROER, el mismo programa de ayuda al “sistema financiero” que encontramos en casi todos los países del mundo para salvar este sistema internacional de la crisis del mismo ocurrida en los años 90. Estas operaciones “técnicas” costaron al país cerca de 4.500 mil millones de dólares. Las pesquisas constataron un perjuicio total para el tesoro nacional de 9 mil millones de dólares, un valor superior a los gastos de educación del país en el presente año. Al mismo tiempo, las pesquisas constataron las enormes ganancias obtenidas por los accionistas en los 10 años de falsos balances. c) Lo que hace más delicada la situación es el hecho de que la presidenta del Consejo del Banco Nacional era la nuera del Presidente Fernando Henrique Cardoso. Pero éste no es un caso excepcional excepto por la disposición de la justicia de llevarlo hasta las últimas consecuencias. A pesar de los celos del Banco Central con respecto a su poder de policía y de jurisdicción, las instituciones financieras fueron demandadas en cerca de 3 mil millones de dólares en el año 2001 por evasión fiscal. Esto no impidió al sector bancario registrar unas ganancias de 1.500 miles de millones de dólares en el primer semestre de 2001. Como vemos, hay una complicidad estrecha entre las instituciones del Estado y las instituciones financieras. Esta complicidad afecta incluso el sistema legal y constitucional. En 2000, el parlamento brasileño aprobó una ley de responsabilidad fiscal que consagra el principio de que cualquier superávit fiscal deberá ser usado, so pena de prisión para los jefes del ejecutivo, para el pago de las deudas públicas o de los intereses de la misma. Se consagra el principio que el Estado existe para pagar sus deudas y no para atender las necesidades de sus ciudadanos. Son muchos los ejemplos de que nos encontramos bajo una tecnocracia al servicio del capital financiero y del capital en general. Ella impregna las leyes, las políticas económicas y públicas en general, la acción de instituciones subordinadas que se convierten en soberanas, como los Bancos Centrales, etc. Ellas desarrollan un comportamiento corporativista que les permite proteger incluso las acciones ilegales, inmorales y criminales de sus comparsas. El mundo del libre mercado, propuesto por los teóricos neoliberales, se convierte en un poderoso mundo corporativo, en el cual dominan las instituciones elegidas por el sistema, los grupos económicos, los monopolios, los sectores económicos protegidos por las autoridades de esta tecnocracia. Mientras tanto la soberanía del pueblo, consagrada en los principios democráticos que se imponen en sucesivas olas revolucionarias y reformistas de los tres últimos siglos, se ven consumidos desde arriba por las autoridades tecnocráticas. En su ideología, los resultados electorales expresan desviaciones “populistas” que resultan de la demagogia. No hay que respetar los resultados de estos procesos populares, hay que mantener la perenne verdad de la ciencia. Así como los monarcas absolutistas recibían su poder de Dios y no del pueblo, los tecnócratas modernos los reciben del FMI. En vez de los santos de la iglesia, entronizan a Milton Friedman y a los premios Nobel de economía. No podemos decir que el nivel mejoró mucho... * Theotonio Dos Santos es profesor titular de Economía de la Universidad Federal Fluminense, es coordinador de la Cátedra y Red UNESCO-Universidad de las Naciones Unidas sobre Economía Global y Desarrollo Sostenible y presidente del Consejo Consultivo de Relaciones Internacionales del Estado de Río de Janeiro.