La Paz

El 6 de agosto se instalará la Asamblea Constituyente en Sucre. Se cumplirá entonces la “agenda de octubre de 2003”, síntesis de las exigencias de los movimientos sociales que impusieron la renuncia de Gonzalo Sánchez de Lozada.

Una campaña evo-centrada

La popularidad del presidente Morales condicionó las estrategias electorales.

El mensaje central de su partido relacionó los avances expresados en la nacionalización de los hidrocarburos para superar el modelo neoliberal implantando un nuevo patrón de desarrollo productivo y social, eliminación de la propiedad de la tierra improductiva, recuperación de la estabilidad laboral, superación del analfabetismo en 30 meses, y otras medidas cuya estrategia está sintetizada en el Plan Nacional de Desarrollo. La consigna central fue “Evo Presidente, el pueblo constituyente” y el llamado a constitucionalizar la revolución democrática iniciada por el Movimiento al Socialismo (MAS).

El partido derechista Poder Democrático Social (PODEMOS) del ex presidente Jorge Quiroga consideró estas elecciones como propicias para ofrecerse a la población como la alternativa de oposición que evitaría la imposición de un modelo totalitario en la nueva constitución. Por lo expresado, concentraron su batería propagandística en relacionar la posible victoria del MAS con la pérdida de la democracia, la propiedad privada y la libertad religiosa y la soberanía amenazada por supuestas intromisiones de los gobiernos cubano y venezolano.

Unidad Nacional (UN), partido encabezado por el empresario Samuel Doria, que había ocupado el tercer lugar en el proceso electoral del 2002 y que pretendió terciar nuevamente, remarcó la capacidad para generar empleo como ofrecimiento substancial.

Se trató, entonces, de una campaña evo-centrada que neutralizó relativamente el debate programático y dio pie para que los medios de comunicación y algunas ONGs lanzaran apreciaciones sugiriendo que la población estaba desinformada respecto del significado de las elecciones. Aceptando el margen de certeza de dichas afirmaciones, lo cierto es que no consideraban el entorno político de la campaña y exigían un comportamiento cívico ajeno a la pasión y a los referentes centrales de un proceso que cuestiona, no sólo un régimen de gobierno, sino los efectos de la dominación y exclusión de las mayorías indígenas desde la colonia y el surgimiento de Bolivia como república.

Los resultados han sido contundentes. El MAS obtuvo el 50,7% de los votos y el primer lugar en siete departamentos, incluida la significativa plaza de Santa Cruz, ventaja que concedió 137 de las 255 curules. PODEMOS bajó su participación en casi la mitad, sumando 15,3% y sólo aseguró 60 puestos; UN quedó nuevamente tercero con 7 constituyentes. Otras fuerzas, a excepción del MNR, con orientaciones, más coincidentes con el MAS, consiguieron una representación significativa entre 1 y 8 representantes.

La ciudadanía boliviana expresó sus opciones ideológicas: respaldó al gobierno y confió al MAS la tarea de ser mayoría en la constituyente, redujo su patrocinio a la derecha y, ratificando sus ansias de cambio, abrió paso a nuevas minorías provenientes de agrupaciones ciudadanas que también cuestionan a la derecha.

Hegemonía y consenso

Al cumplirse los seis meses de gobierno, el 22 de julio, desde Orinoca -su tierra natal- el presidente Morales ha suscrito un manifiesto planteando el desafío de poner en marcha un nuevo pacto social entre las regiones, las clases sociales y las naciones, para lograr la refundación política de Bolivia.

Este llamado tendría que ver con la ratificación de la cultura indígena del diálogo enarbolada permanentemente por Morales y con el reconocimiento de que los votos del MAS, no serán suficientes para alcanzar la denominada “mayoría calificada” equivalente al 66%, normalmente requerida para decisiones de trascendencia que, con seguridad, harán a todo el debate constitucional.

Las bases para la hegemonía del MAS están dadas. La mayoría de la población lo respaldó e inclusive pudo tener una mayor cantidad de representantes; pero, las normas electorales que aseguraban participación a las minorías se lo impidieron. Su responsabilidad será, entonces, la de construir una hegemonía que busque el mayor consenso de modo que la nueva constitución cuente con la suficiente legitimidad que le permita ser ratificada cuando sea sometida a referéndum.

Todos los caminos (en la constituyente) conducen a los pueblos indígenas

Más allá de los simbolismos, el eje transversal de los debates en la constituyente será el reconocimiento del protagonismo de los pueblos indígenas en la construcción del nuevo Estado boliviano. Más de 30 etnias y nacionalidades han sufrido la dominación y exclusión, el 50% de la población censada el año 2001 (4.133.138 habitantes) se reconocieron como pertenecientes a un pueblo indígena, el 20% de la población es analfabeta e indígena, los beneficios del modelo neoliberal excluyeron esencialmente a la masa indígena.

Ahora que los indios bolivianos, con el apoyo de amplios sectores de la clase media, lograron la conducción gubernamental y cuando su representación política principal conducirá la constituyente, será ineludible pasar de los reconocimientos formales como los que sostiene la actual constitución: “Bolivia, libre, independiente, soberana, multiétnica y pluricultural¼ democrática representativa y participativa” o que “los bolivianos tienen derecho a la educación, al trabajo y a recibir una remuneración justa”, a precisiones acerca de los mecanismos que garanticen su cumplimiento.

A contra ruta de los constitucionalistas que normalmente identifican constitución con generalidad, las expectativas de los movimientos sociales bolivianos exigen resultados más concretos que junto al ¿qué? incluyan el ¿cómo? se construirá la nueva democracia en este país.

Los derechos civiles y políticos junto a los económicos, sociales y culturales tendrán que ir más allá de las categorías genéricas de ciudadano o persona, explicitando el significado y los derechos para las ciudadanías colectivas de pueblos y nacionalidades como sustento de la pluralidad social y cultural de Bolivia.

Esta podrá ser una fortaleza que imprima originalidad y diferencia a la nueva constitución, garantizando que todos los caminos de su estructura política conduzcan a sus poblaciones mayoritarias, incluyendo a los sectores medios, los pequeños y medianos empresarios, a quienes deberá otorgar garantías para ejercer y compartir el poder que siempre ejercieron las minorías guarnecidas en su poder económico y en la representación de los partidos políticos tradicionales y las dictaduras.

Constitución y nuevo referente económico estatal

Hace más de medio siglo Bolivia tuvo una revolución nacional con medidas políticas como reforma agraria, voto universal y economía de base estatal. Su conducción estuvo en manos del Movimiento Nacionalista Revolucionario que, más temprano que tarde, dejó de lado sus postulados primigenios y convirtió al Estado y sus sucesivos gobiernos en un botín, caracterizado por la corrupción y el cuoteo partidario. Por ello, todavía hoy, existen corrientes de opinión muy generalizadas que identifican a la economía estatal con la corrupción.

Es indudable que la propuesta del Movimiento al Socialismo de una “Bolivia Digna, Democrática, Soberana y Productiva, para vivir bien” expuesta en el Plan Nacional de Desarrollo (PND), supone la recuperación del Estado como el nuevo referente de la economía del país y el cambio del patrón primario exportador excluyente. El PND define cuatro sectores: a) El estratégico generador de excedentes; b) Los generadores de empleo e ingresos; c) La infraestructura para la producción y d) Los servicios productivos.

Con toda seguridad la matriz productiva basada en el sector estratégico compartirá con el tema indígena las mayores dimensiones del debate constituyente. El MAS expone con claridad que el carácter estratégico está vinculado a que los hidrocarburos, la minería, la electricidad y los recursos ambientales tienen en común que son recursos naturales y son patrimonio del Estado, ni más ni menos.

Es posible augurar entonces que los debates asumirán el carácter de disputas y probablemente de altercados, es decir, que la sinonimia gramatical podrá dar paso a la querella política. Nuevamente la prosopopeya constitucional indicará quizá que lo más recomendable será “encapsular” la matriz productiva en una fórmula “consensuable”, pero no será fácil; para el MAS estará de por medio la garantía de no sólo constitucionalizar el rescate del control de los recursos naturales, sino el contar con la garantía para ofrecer un país en el cual sus ciudadanos efectivamente vivan bien.

¿Será posible todo esto?

La mayoría de la población boliviana ha luchado y respalda el proceso de cambio que hoy dirige el MAS.

Una minoría de derecha, dispersa y derrotada electoralmente lo cuestiona pero no cuenta con la legitimidad ni con la solidez como para ponerlo en crisis, al punto que su representación política -hasta próximo aviso- es de carácter mediática y ha sido asumida por los medios de comunicación que mayoritariamente le son afines.

Evo Morales mantiene un respaldo popular que frisa entre 70 y 80%, esta es una garantía que hará muy difícil que aparezcan baches de “gobernabilidad” que obliguen al MAS a renunciar a los cimientos de su propuestas.

Por lo tanto, es posible que la nueva constitución exhiba diferencias suficientes como para satisfacer las esperanzas de las mayorías y demostrar que, otra Bolivia es posible.

PD: Razones de espacio impiden momentáneamente tratar el tema de las autonomías, pero sólo indicamos como hipótesis que, la nueva configuración política, con el MAS como primera fuerza en Santa Cruz y Tarija pueden neutralizar interpretaciones tremendistas acerca de la real fuerza que pueden tener los sectores más fundamentalistas del autonomismo.