La Paz
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A raíz del asesinato múltiple de estudiantes y profesores de la Universidad de Virginia, han surgido algunas opiniones que han comparado la cifra de víctimas en dicho centro de estudios, con las ocasionadas por la invasión de EEUU a Irak. Contraste que en varios casos ha llegado a sugerir que la muerte de más de 30 personas no es necesariamente significativa, en tanto representa sólo un ínfimo porcentaje de las mujeres, niños, niñas y varones que diariamente mueren en Bagdad y otras ciudades de Irak. Gran error porque todas las vidas humanas tienen el mismo valor.

En Bolivia es muy amplio el historial de población civil, principalmente pobre, que ha sido victimada por el estado a través de sus cuerpos especializados. Los campamentos mineros, las áreas campesinas e inclusive varias ciudades -en múltiples circunstancias- se convirtieron en escenarios de masacres que culminaron en altas cifras de muertos y heridos entre quienes se atrevieron a cuestionar a regímenes dictatoriales y aún democráticos, en busca de dignidad y mejores condiciones de vida.

Todavía está fresca la memoria del denominado “octubre negro” en el año 2003, cuando la población de la ciudad de El Alto tuvo que velar y enterrar a casi una centena de sus hijos, como resultado de la orden que dio el expresidente Sánchez de Lozada, buscando detener infructuosamente la insurgencia popular que culminó con su obligada renuncia al cargo que ostentaba. Pero todavía la justicia continúa atada de manos para lograr que se tramite la extradición de Sánchez de Lozada para procesarlo por sus responsabilidades de lesa humanidad. Y claro, los deudos y los movimientos sociales continúan demandando la debida reparación que pasa, por supuesto, por un juicio y condena al referido ex mandatario.

Pero aquí y ahora es cuando, en el actual escenario político, surgen voces y actitudes que, al modo de “contadores automáticos” van registrando la cantidad de muertos que se “producen” en la gestión del presidente Evo Morales, con el evidente propósito de pasarle la “factura política” forzando similitudes con otros gobiernos como el de Sánchez de Lozada .

Esto se ha notado con diáfana claridad en los días pasados luego que un poblador falleciera, como producto del cerco que la población de Villamontes realizara a las fuerzas del ejército y la policía, que protegían las instalaciones de una planta transportadora de gas, la misma que posteriormente fue saqueada.

El conflicto se originó por una disputa de límites entre las Provincias Gran Chaco y O´Connor, que reclaman tuición sobre un cantón en el cual está ubicado un mega yacimiento de gas. Las movilizaciones en Villamontes y Yacuiba fueron promovidas por los comités cívicos y autoridades municipales.

En los días previos los dirigentes chaqueños advertían que “cualquier cosa” podía suceder. Similar situación ocurrió casi tres meses atrás en la localidad de Camiri: movilizaciones, demandas y cercos a instalaciones, felizmente sin llegar a cifras “mortales”.

Esta vez la muerte estuvo presente y el cubrimiento generalizado de la prensa estuvo dirigido a poner en relieve la muerte de Derman Ruiz. Muy pocas voces reflexionaron acerca de la cantidad elevada de muertes que se hubieran producido, si acaso el destacamento del ejército hubiera hecho uso indiscriminado de sus armas.

Los intereses particulares se han antepuesto en las apreciaciones acerca del conflicto y sus consecuencias. Un parlamentario de la oposición señaló que “con la muerte de Derman Ruiz, se incrementan los muertos en lo que va del gobierno de Evo Morales demostrando que no se diferencia de los gobiernos anteriores”, otros compararon directamente “los muertos en la gestión de Evo” con los ocurridos en las masacres del 2003.

Es muy difícil, salvo que se quiera caer en un “lugar común”, establecer en qué medida los extremos del conflicto pudieron evitarse. Lo que si queda claro es que el gobierno evitó mayores y dantescas consecuencias, asumiendo costos políticos muy elevados como el retiro (“rendición” según las fuerzas de oposición) de los efectivos militares y policiales, así como otras consecuencias materiales derivadas del saqueo de instalaciones de empresas extranjeras y de la estatal YPFB.

El lunes 24 se instalará una mesa de diálogo entre las partes enfrentadas, las organizaciones de la provincia Gran Chaco ha levantado sus medidas de presión. Los siguientes días los titulares periodísticos presentaran argumentos, réplicas y contrarréplicas. Para llegar a una solución se tendrá que transitar por muy espinosos tramos y no deben descartarse nuevos e indeseables enfrentamientos.

Mientras tanto, en Bolivia, al igual que en Virginia o cualquier otro lugar del mundo, permanecerán al acecho las voces y los pensamientos que optan por convertir a la muerte en una mercancía, patética situación en la cual los muertos adquieren “valor de uso”. A todos ellos, Millán-Astray y un generalísimo español, si pudieran resucitar, les dirían: “muy bien chavales, ¡viva la muerte!”.