La lucha de los productores de coca contra el Decreto gubernamental que prohibe y penaliza la comercialización de la hoja desencadenó fuertes enfrentamientos con las fuerzas de seguridad en el Chapare, en la tercera semana de enero, que dejaron un saldo de siete muertos, más de 80 heridos y persecución penal contra 60 dirigentes. Los acontecimientos en Sacaba, capital de la provincia de Chapare, iniciados el martes 15, incluyeron el bloqueo con rocas de la carretera Cochabamba-Santa Cruz y tres días de enfrentamientos, en los que tres campesinos y dos militares murieron y más de 80 personas fueron heridas. El viernes 18, un militar y un policía aparecieron asesinados, con signos de tortura. El gobierno acusó a los cocaleros, quienes niegan toda responsabilidad. El día sábado 19, fuerzas especiales de la policía, conocidos como los "dálmatas", allanaron por sorpresa la sede de la Federación de Campesinos del Trópico, donde se realizaba un encuentro ampliado de las seis Federaciones de Productores de Coca del Trópico para definir su posición ante el gobierno. Golpearon a un centenar de personas, destruyeron bienes y documentos de la Federación y detuvieron a unos 70 campesinos. 21 dirigentes que permanecen detenidos y otros 39, contra quienes se emitió mandamientos de aprehensión, están acusados de intento de homicidio, sedición y provocación a delinquir. Las autoridades acusan al diputado Evo Morales, junto con otros dos líderes cocaleros -Luis Cutipa y Delfín Oliveira- de ser los responsables intelectuales de los asesinatos. El Presidente Jorge Quiroga, en un intento por descalificar a la dirigencia cocalera, se ha negado a dialogar con estos tres dirigentes, a quienes, además, acusa de defender los intereses del narcotráfico; exige que las organizaciones entreguen a todos los supuestos responsables intelectuales y materiales de los asesinatos, como condición para reanudar cualquier negociación. Las medidas se endurecen Los incidentes estallaron luego de la decisión del gobierno de cerrar el mercado legal de la coca que funcionaba en Sacaba, bajo amparo del Decreto 26415, aprobado el 27 de noviembre pasado, que penaliza la comercialización, el manipuleo y el secado de la coca en zonas de cultivos no tradicionales. Los campesinos exigen la derogatoria del Decreto, que consideran anticonstitucional. Con esta y otras medidas similares, Quiroga prosigue la política trazada por su antecesor Hugo Bánzer, bajo orientación norteamericana, que apunta a la erradicación total de los cultivos de la hoja, desconociendo la realidad de miles de familias de productores que no encuentran otra alternativa ante el fracaso de los cultivos alternativos, las ofertas de crédito incumplidas y la inoperancia de la Ley de Reforma Agraria. A inicios de la cuarta semana de enero, la situación quedó en un impasse. Para el lunes 21, los cocaleros convocaron a una marcha en Cochabamba para exigir la libertad de los detenidos y la derogatoria del Decreto, y luego a una reunión para definir un plan de resistencia. Se dio a conocer que los 21 dirigentes detenidos iniciarían una huelga de hambre. El gobierno, por su lado, procedió al cierre de otro mercado de coca, en Eterazama -el mercado de acopio y venta más importante del Chapare- y anticipó el posible cierre de otros dos: en Entre Ríos y Carrasco. Por su parte, representantes de la Iglesia, de los organismos de derechos humanos y de la Defensoría del Pueblo, que han estado actuando como facilitadores del diálogo, se vieron obligados a suspender su intervención ante las posiciones cerradas y las nuevas condiciones impuestas por el gobierno. Ahora están perfilando otra opción: recurrir a la sociedad civil para convocar a un encuentro nacional sobre la hoja de coca y el desarrollo alternativo. Entre tanto, para el mismo día 21 se anunció el inicio del Congreso Tierra y Territorio, en Sucre, con la participación de todas las organizaciones vinculadas con el agro boliviano. Felipe Quispe, secretario ejecutivo de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), dio a conocer que se definirán medidas de presión en apoyo a los cocaleros, y protestas por el incumplimiento del acuerdo del Pucarani, firmado con el gobierno en agosto, del cual se habría cumplido solo 20 de los 70 puntos. También se pedirá la modificación de la Ley del Instituto Nacional de Reforma Agraria, que no cumple los objetivos previstos.