Intervención oral del Sr. Rodolfo Stavenhagen, Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los indígenas

Ginebra, 20 de marzo de 2007
CONSEJO DE DERECHOS HUMANOS DE LAS NACIONES UNIDAS
4ª sesión

Señor Presidente,
Distinguidos delegados,
Señoras y Señores,

Tengo el honor de presentar a ustedes mi informe anual sobre las actividades realizadas en el marco del mandato que me confirió la Comisión de Derechos Humanos en 2001.

Durante el periodo bajo revisión, que abarca desde principios de 2006 hasta febrero del presente año, he realizado dos misiones de observación y estudio sobre la situación de los derechos humanos de los pueblos indígenas en Ecuador y en Kenya, cuyos informes aparecen como anexos al informe principal. Éste, a su vez, presenta en esta ocasión una visión general de la evolución de los derechos de los pueblos indígenas en el mundo durante los últimos años, así como de los retos a los que se enfrenta la protección de los derechos humanos de los pueblos indígenas y especialmente de los grupos más vulnerables como son los pueblos de los bosques y los que se dedican al pastoreo tradicional. También presento a consideración de este Consejo el resumen de las comunicaciones con los Gobiernos sobre supuestas violaciones de los derechos humanos y libertades fundamentales de los indígenas, expresadas en peticiones urgentes y cartas de alegación. Asimismo me complace presentar el estudio sobre las mejores prácticas para la aplicación de las recomendaciones de mis informes anuales, en seguimiento del pedido de la Comisión de Derechos Humanos.

Informe principal: A/HRC/4/32

En este informe quiero llamar la atención de este Consejo a algunas tendencias de la situación actual de los derechos de los indígenas en diversas partes del mundo, con miras a orientar la actuación de los Gobiernos, los órganos internacionales de derechos humanos, y la sociedad civil para brindar mejor protección a sus derechos frente a los nuevos retos que afectan su supervivencia como pueblos.

            En los últimos años ha continuado la adopción de normas, la creación de instituciones, y la puesta en práctica de políticas públicas, tanto a nivel nacional como internacional, relativas a los derechos de los pueblos indígenas, una cuestión ya firmemente asentada en la agenda de los derechos humanos. Si bien se han logrado avances decisivos con la creación de este moderno marco normativo e institucional relativo a los derechos indígenas, persiste aún la ”brecha de implementación” entre las normas y la práctica, entre el reconocimiento formal y la situación real de los pueblos indígenas quienes siguen siendo víctimas de serias violaciones de sus derechos humanos, individuales y colectivos, y que continúan ocupando sistemáticamente las posiciones más bajas en todos los índices de desarrollo humano. A pesar de los importantes avances logrados y esfuerzos desplegados, durante los últimos años han podido también identificarse tendencias regresivas en la situación de los derechos humanos de estos pueblos.

            Una de las tendencias que se han reforzado en los últimos años, es la disminución continua de los territorios indígenas, incluyendo la pérdida de control sobre sus recursos naturales, un proceso intensificado por las dinámicas de la economía globalizada, y en particular por las nuevas y cada vez más acentuadas formas de explotación de recursos energéticos e hídricos.

            El impacto ambiental de las industrias extractivas, como en Norteamérica y en Siberia; la extensión de las economías de plantación, sobre todo en áreas del Sudeste asiático y en la Amazonía; la destrucción de los últimos bosques originarios del planeta debido a la tala desenfrenada de la floresta, como en distintos países de África ecuatorial y América Latina, son todos procesos que golpean especialmente a los pueblos indígenas, y que dan lugar a violaciones masivas de sus derechos humanos. He visitado varias de estas áreas y he podido constatar personalmente algunos de estos casos que se reflejan en mi informe. Por ejemplo, en recientes seminarios de expertos sobre la cuestión de la tierra y los pueblos indígenas en Camboya, fue señalada la grave situación de pérdida de tierras que experimentan las comunidades indígenas en este país  como consecuencia de la corrupción generalizada y de las concesiones económicas de tierras ancestrales en contra de las disposiciones de la Ley. En toda la región del sureste asiático es dramática la vulnerabilidad de los pueblos indígenas y tribales frente a la militarización de sus territorios y por el despojo de sus tierras en beneficio de las empresas de plantaciones comerciales y por la construcción de megaproyectos que tienen considerables impactos ambientales y sociales, no siempre benéficos para la población local. Situaciones semejantes se dan en otras partes del mundo, como por ejemplo en México en relación con el proyecto de construcción de la represa de La Parota: en Filipinas y Guatemala donde se denuncia el aumento de la violencia contra los defensores de los derechos de los pueblos indígenas; y en algunos países de África (Camerún, Congo, Uganda, Tanzania y otros) en los que va en aumento el despojo de las tierras ancestrales de los pueblos más marginados y vulnerables, aún cuando en el papel existan leyes que presuntamente deberían proteger a estas comunidades.    

            En el informe analizo la situación de comunidades específicas afectadas por los distintos procesos de pérdida de control sobre sus tierras y recursos tradicionales. Es el caso, particularmente,  de los pueblos de los bosques, enfrentados a la pérdida de sus espacios tradicionales prácticamente sin compensación ni alternativas económicas, y enfrentados a un futuro incierto de pobreza, pérdida de identidad y conflictividad social. Particularmente preocupante es la situación que enfrentan las pocas comunidades que continúan en situación de aislamiento en áreas recónditas de las selvas tropicales, y enfrentados ahora a la amenaza de diversos poderosos intereses económicos sobre sus territorios tradicionales, y que corren serio riesgo de desaparición física. Éste es el caso en varios países sudamericanos en la cuenca amazónica. Peligra también la existencia de los pueblos pastores en las regiones áridas y semiáridas como consecuencia de la privatización y el parcelamiento de sus tierras tradicionales de pastoreo, o la creación de áreas naturales protegidas, procesos que reducen paulatinamente su hábitat tradicional, como sucede en varios países de África oriental.

            Las actividades extractivas, las grandes plantaciones comerciales y patrones de consumo no sustentables han conducido a la amplia contaminación y destrucción ambientales, de la que ya se hace eco la opinión pública mundial. Estos procesos tienen un impacto especialmente grave sobre los pueblos indígenas, cuyas formas de vida están estrechamente vinculadas a su relación tradicional con sus tierras y recursos naturales. Con frecuencia el deterioro de esta relación conduce a desplazamientos forzados de comunidades indígenas, que a su vez generan altos índices de pobreza y serios problemas de nutrición, salud y bienestar. Un ejemplo dramático es el de los pueblos árticos que sufren en forma directa los efectos del calentamiento global.

            Para defender sus derechos y expresar sus necesidades, los indígenas recurren a distintas formas de organización y movilización social que con frecuencia resultan ser la única vía para que sus demandas sean escuchadas. Sin embargo, son demasiado frecuentes los casos en los que la protesta social es criminalizada, dando lugar a nuevas y a veces graves violaciones de los derechos humanos. He documentado casos diversos en mis informes a este Consejo. Se denuncian ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, torturas, detenciones arbitrarias, amenazas y hostigamientos. Muchos de estos incidentes tienen lugar en el marco de la defensa que hacen las comunidades y organizaciones indígenas de sus tierras, recursos naturales y territorios ancestrales.

            El aumento de las migraciones de personas indígenas es otra de las expresiones de la globalización y de la desigualdad y pobreza generada por ésta. Los indígenas migrantes se encuentran  particularmente expuestos a violaciones de sus derechos humanos en los trabajos agrícolas y mineros, en el ambiente urbano y a nivel internacional. La migración forzada de los pueblos indígenas es el resultado de la situación muchas veces desesperada que experimentan en sus lugares de origen. Aunque numerosos gobiernos han adoptado políticas sociales con el objeto de “cerrar la brecha” de las disparidades en los indicadores de desarrollo humano y social entre indígenas y no indígenas, hasta la fecha los resultados han sido magros.

Sr. Presidente,

            Debo señalar una vez más ante este Consejo la persistente situación de desventaja que ocupan las mujeres indígenas en muchas partes del mundo. A lo largo de los seis años de mi mandato he podido escuchar de viva voz y he recibido un cúmulo considerable de informaciones sobre la discriminación, las violencias, los abusos de los que son víctimas las mujeres indígenas –y en particular las adolescentes y las niñas— en el campo como en las ciudades, en sus países así como en el extranjero a donde a veces se ven obligadas a emigrar, como también en ocasiones en sus propias comunidades. La atención especial a los derechos vulnerados de las mujeres indígenas es una asignatura pendiente en la agenda de protección de los derechos humanos, y los esfuerzos desplegados hasta la fecha por algunas agencias especializadas de la ONU no dejan de ser incompletos. Es preciso resaltar el enorme esfuerzo que realizan algunas organizaciones de mujeres indígenas y de derechos humanos para que esta tarea inconclusa no se vea relegada a segundo plano.   

Informe sobre visita a Ecuador: A/HRC/4/Add.2

Sr. Presidente,

            En 2006 visité varios países para observar la situación de los pueblos indígenas, y en particular realicé misiones a Ecuador y a Kenya, visitas sobre las cuales presento sendos informes a este Consejo. Quiero agradecer a los Gobiernos de estos países que me invitaron y organizaron con atención y eficiencia mis visitas, así como los útiles comentarios que hicieron a las primeras versiones a los informes de mi visita. También me gustaría agradecer a las comunidades y organizaciones indígenas por su confianza, colaboración y hospitalidad, sin las cuales estas misiones no se habrían podido llevar a cabo.

            En abril realicé una visita a Ecuador, a la que ya tuve ocasión de referirme brevemente en mi anterior presentación al Consejo en septiembre pasado. En este país la Constitución Política consagra varios derechos colectivos específicos de los pueblos y nacionalidades indígenas. Sin embargo, estos diversos derechos no han sido plasmados aún en la legislación secundaria correspondiente, lo cual ha dificultado su plena implementación en la práctica. El Gobierno ha creado diversas instituciones estatales para atender la problemática de los pueblos indígenas, que han abierto sus puertas a la participación de los indígenas en la aplicación de las políticas públicas. Pero en muchos casos el ámbito de acción de estas instituciones se ve limitado debido a la falta de recursos suficientes.

            Por la ausencia de una ley de compatibilización en materia de justicia indígena, se producen conflictos de competencias entre la jurisdicción indígena y la jurisdicción ordinaria.  Los problemas de acceso de los indígenas a la justicia se agravan por la carencia de un sistema de defensa pública adecuada, la ausencia de traductores y la baja sensibilidad intercultural de los operadores de justicia.

            Espero que en el proceso de reforma constitucional que ha iniciado actualmente Ecuador estos problemas reciban la atención que merecen.

            A pesar del crecimiento económico de los últimos años, los diversos indicadores de desarrollo social y humano de los pueblos indígenas siguen por debajo del promedio nacional, y se ha incrementado la emigración de sus miembros.  Pero también es difícil la condición de los indígenas, especialmente de las mujeres, en el sector urbano. El acceso de los pueblos indígenas a los servicios sociales básicos como son la educación y la salud es limitado.  Los programas de educación intercultural bilingüe y de salud indígena no han dado los frutos esperados, debido principalmente a la escasez de recursos presupuestarios y técnicos.

            Particular preocupación causan el deterioro progresivo del hábitat indígena y el impacto de las actividades extractivas sobre el medio ambiente y los derechos de los pueblos indígenas, especialmente en la Amazonía, la frontera norte y la costa del Pacífico.  Atención especial merecen los pueblos en aislamiento, afectados por la tala ilegal de los bosques y otras actividades ilícitas en sus territorios, lo que en algunos casos podría colocarlos en peligro de extinción. La explotación petrolera en territorios indígenas ha provocado la resistencia de algunas comunidades, como en el caso de Sarayaku en la Amazonía, que ha solicitado la protección del sistema interamericano de derechos humanos.  En la frontera norte con Colombia se denuncian los efectos sobre la salud de los pueblos indígenas de las fumigaciones aéreas de cultivos ilícitos y otros hechos derivados del conflicto interno en aquel país.

Informe sobre visita a Kenya: A/HRC/4/Add.3

            Mi segunda misión oficial, en diciembre pasado, fue a Kenya, en donde  concentré mis observaciones en las comunidades cazadoras-recolectoras y pastoralistas, demográficamente minoritarias, que habitan predominante-mente las áreas áridas y semiáridas. Estos grupos han sido históricamente discriminados por razón de sus culturas y formas de vida particulares, y han sido objeto de marginación social, política y económica. Sus principales problemas en términos de derechos humanos derivan de la progresiva pérdida y deterioro ambiental de sus tierras, bosques tradicionales y otros recursos naturales, como resultado de los distintos procesos de despojo que han sufrido en los periodos colonial y postcolonial.

            Durante las últimas décadas, las políticas públicas del Estado, tales como los diversos intentos de modernización y sedentarización de las comunidades nómadas, o los programas de privatización de los ranchos de posesión y uso comunal, han agravado la situación de los derechos económicos, sociales y culturales de estas comunidades.  La situación se ha vuelto aún más difícil para ellas por la corrupción generalizada en la asignación de las tierras nacionales y fiduciarias.

            Mención especial merecen las crecientes dificultades que enfrentan algunas de estas comunidades a raíz de su desplazamiento forzado debido a la creación de áreas naturales protegidas en sus tierras ancestrales. Si bien estos parques generan divisas para la economía nacional, su constitución sigue siendo objeto de vivos debates por las violaciones de los derechos a la tierra y los recursos de las comunidades adyacentes, que han visto prohibidas sus actividades de caza y pastoreo tradicionales en estas áreas, sin haber logrado hasta ahora participar plenamente en su manejo ni beneficiarse de los ingresos generados.

            Los servicios sociales y de infraestructura en las áreas indígenas son ineficientes, y en muchos casos, simplemente inexistentes, colocándolas por debajo de los índices de pobreza nacional. La falta de acceso a los servicios sociales en pie de igualdad con la población mayoritaria, tiene implicaciones especialmente para la infancia y las mujeres indígenas. Estas son también objeto de discriminación en el ámbito de los derechos de propiedad, y víctimas de prácticas tradicionales dañinas, como la mutilación genital femenina, que también sufren muchas otras niñas y adolescentes del país.

            El proceso de democratización en Kenya ha permitido el surgimiento de organizaciones y redes indígenas, que han conseguido colocar sus preocupaciones en la agenda nacional, sobre todo en las discusiones en torno a una reforma constitucional. El Gobierno ha anunciado importantes iniciativas, tales como los distintos proyectos de desarrollo comunal en las regiones áridas y semiáridas y el programa de educación primaria universal. También reconoce la necesidad de medidas afirmativas a favor de las comunidades pastoralistas y cazadoras-recolectoras sobre todo en la estrategia de reducción de la pobreza.

Estudio sobre las mejores prácticas en la implementación de las recomendaciones de los informes del Relator Especial: A/HRC/32/Add.4

Sr, Presidente,

            La implementación de las recomendaciones que hacen los procedimientos especiales ha sido una preocupación constante de la Comisión de Derechos Humanos, la cual me solicitó un estudio sobre las mejores prácticas en seguimiento de las recomendaciones hechas en mis informes temáticos y sobre mis visitas a diversos países. Me complace presentar ahora a la consideración de este Consejo el estudio respectivo. Para su preparación tomé en cuenta los resultados de diversas reuniones nacionales de seguimiento a mis visitas anteriores, que han tenido lugar en Guatemala, México, Canadá y Filipinas, los trabajos del Seminario Internacional de Expertos llevado a cabo en Montreal, así como las comunicaciones enviadas por diversos observatorios ciudadanos de derechos humanos.

            El estudio  recoge una serie de iniciativas de los Gobiernos, las agencias internacionales, la sociedad civil, y los propios pueblos indígenas, para dar seguimiento a las recomendaciones de mis informes. Uno de las “mejores prácticas” en este sentido es el proyecto de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos en México y Guatemala, que ha llevado a cabo distintas actividades con la participación activa de ambos Gobiernos y de las organizaciones indígenas para contribuir al cumplimiento efectivo de mis recomendaciones en estos países. Una concusión del estudio es que la implementación ha sido más efectiva en aquellos casos donde existen iniciativas específicas como las de México y Guatemala, que contribuyen a una acción coordinada y sistemática por parte de los distintos actores interesados.

            La segunda parte del estudio contiene la revisión de las “mejores prácticas” derivadas de las recomendaciones a algunos estados específicos. Se ofrecen ejemplos de iniciativas de reforma institucional y legislativa, así como de nuevas políticas públicas, puestas en marcha a raíz de mis recomendaciones. A pesar de estos importantes avances, el cuadro completo de la situación de los derechos de los pueblos indígenas en estos y otros países, como apunté anteriormente, no deja mucho espacio para la complacencia, y requiere que los estados redoblen esfuerzos para cumplir efectivamente con sus compromisos internacionales en materia de derechos humanos.

            En octubre de 2006, presenté mi tercer informe a la Asamblea General. Asimismo, he seguido colaborando con el Foro Permanente y otros mecanismos de derechos humanos y organizaciones especializadas del sistema, como la Organización Internacional del Trabajo, que continúa jugando un papel de liderazgo internacional en este ámbito al amparo del Convenio No. 169.

La protección de los derechos de los pueblos indígenas en el seno del Consejo de Derechos Humanos

Sr. Presidente,

            He podido observar que las comunidades indígenas en muchas partes del mundo han sido alentadas por la adopción en este Consejo el año pasado de la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Sienten que finalmente sus reclamos y anhelos habían sido escuchados por las Naciones Unidas. Muchas de estas comunidades están, sin embargo, preocupadas y decepcionadas por el retraso impuesto a la adopción de la Declaración en la Asamblea General de la ONU, y esperan que éste sea un retraso meramente temporal.

            Habiendo convivido con numerosísimas comunidades y organizaciones indígenas y de derechos humanos durante los seis años de mi mandato, quisiera llamar una vez más la atención de este Consejo a la importancia que para los pueblos indígenas, y para los países, tiene esta Declaración. Y quisiera invitar a los estados miembros del Consejo de Derechos Humanos que para beneficio de la causa común, que nos reúne a todos en esta sala, desplieguen su voluntad y sus buenos oficios para que la Declaración sea aprobada por la Asamblea General a la brevedad posible.

            Para orientar y encuadrar las mejores prácticas a favor de los derechos humanos de los pueblos indígenas, la Declaración constituye desde ya un marco de referencia obligado para el propio Consejo, para la Oficina del Alto Comisionado y las agencias de Naciones Unidas, así como para los órganos internacionales de derechos humanos. Espero que los principios de la Declaración se vean pronto reflejados en prácticas y acciones concretas que beneficien directamente a las comunidades indígenas.

            En su revisión de los mecanismos existentes y sus métodos de trabajo, el Consejo podría incluir los “asuntos indígenas” como un punto separado en el orden del día de sus sesiones, así como en el examen periódico universal actualmente en consideración. El Consejo debería tomar en cuenta también el importante legado del Grupo de Trabajo sobre las Poblaciones Indígenas como foro de discusión y asesoramiento técnico en materia de derechos de los pueblos indígenas, para considerar el establecimiento de un nuevo órgano de expertos en la materia, que desde luego deberá incluir a expertos indígenas de distintas partes del mundo.

            Espero que el Consejo considere también la conveniencia de renovar la relatoría sobre la situación de los derechos humanos y libertades fundamentales de los indígenas dentro de la estructura de los procedimientos especiales. Independientemente de la opinión que les merezca el desempeño del actual Relator, que termina este año su mandato, la Relatoría ha sido un instrumento relevante para visibilizar en estos años la situación de los derechos indígenas en la actuación de los órganos de derechos humanos y agencias internacionales, y ha permitido abrir espacios para el diálogo entre los pueblos indígenas, los Estados y las organizaciones internacionales.