En alguna ocasión hemos manejado la versión de que la banda del
asesino Aníbal Gordón, antes de salir a las calles de la provincia de
Buenos Aires a cometer sus fechorías (generalmente asesinatos con
contenido político, secuestros, etc.), que era integraba por famoso
“Paqui” Forese, sindicado por algunas versiones como quién apretara el
gatillo en los asesinatos de los legisladores uruguayos, Zelmar
Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz, tenía un número de teléfono de la
Casa Rosada que, en la primera etapa de la triste Triple AAA, sonaba
en el mismo despacho de Juan Perón quién daba el visto bueno a los
“operativos”

Luego de la muerte del líder argentino, las llamadas de Gordon,
al parecer, tenían como destinatario otro despacho, el de José López
Rega.

Por eso, cuando, Joaquín Morales Solá, pregunta en su última
nota publicada en el diario LA NACIÓN, si el gobierno de Néstor
Kirchner, al impulsar la investigación de la Triple AAA, se ha dado
cuenta que ese camino puede llevar el tema al mismísimo Perón, está
centrando el tema en una sustancial disyuntiva del gobierno argentino.

Por ello a esta altura de la realidad argentina, que se vincula
tan directamente con la uruguaya hasta en esos asesinatos
emblemáticos, es que aparecen como proféticas las palabras del ex
presidente de Chile, Ricardo Lagos que acuñó un concepto que alejó a
la política de las revisiones. “El pasado es el deber de la justicia;
el futuro es el deber del gobierno”, dijo en su momento definiendo una
visión para tener muy en cuenta.

Entendió que la política es la materia que convierte el pasado
en presente.

El historiador Eric Hobsbawm, que se formó también en
militancias de izquierda, llegó al mismo concepto de Lagos pero otro
camino. “Es peligroso dejar la memoria en manos de los políticos
porque la podrían usar como armas arrojadizas”, subrayó el historiador
inglés.

Para Hobsbawm, sólo una justicia imparcial y la investigación
independiente pueden acercarse a la verdad.

Parafraseando a Morales Solá, podríamos decir que durante más de
dos décadas los gobiernos uruguayos se empecinaron en convertir el
pasado en pasado, mientras que las organizaciones de derechos humanos,
los familiares y las organizaciones sociales y políticas de la
izquierda, en convertir ese pasado en presente, lo que, en algunas
medida, lograron durante estos dos últimos años.

Uruguay, había puesto un punto final a los zafarranchos de su
historia, mediante la criticada Ley de Caducidad de la Pretensión
Punitiva del Estado, sólo después de una consulta popular. Sin
embargo, tampoco en Uruguay se cerró el pasado, porque ello no se
puede lograr por una acción de la técnica jurídica, sino por una serie
de condicionantes sociales que nunca estuvieron presentes en nuestra
realidad.

Aparece con el nuevo gobierno encabezado por Tabaré Váxquez, un
nuevo escenario, donde las revisiones de las tragedias vividas son
cosas frecuentes aquí, como también en casi todas las naciones del
mundo que han vivido bajo regímenes militares o dictatoriales.

Esa marea en que está inmerso el Uruguay baña también a una
Argentina que fue diferente, en la cual fracasaron las tres leyes del
perdón (obediencia debida, punto final e indultos), lo que fue también
una derrota de la política que también se empecinó en convertir el
pasado en pasado, abandonado la verdad y la justicia.

El debate que las precedió no fue amplio ni generoso dentro de
la política, ni se implicó en él al conjunto de la sociedad. “Es
peligroso dejar la memoria en manos de los políticos porque la podrían
usar como armas arrojadizas”, decía el historiador inglés.
Para Hobsbawm, -repetimos- sólo una justicia imparcial y la
investigación independiente pueden acercarse a la verdad.

Por eso la manifiesta inutilidad del decreto del “Nunca Más”
del gobierno uruguayo, que hay que interpretar con criterios
enteramente políticos y no de necesidad histórica.

¿No hubiera sido más adecuado trasmitir el apoyo del Estado a
las investigaciones que deberá seguir adelante la Justicia para
determinar con el oprobio de ese pasado que todavía aparece a cada
vuelta de la esquina?

¿O será que son planos diferentes? ¿Qué como el agua y el aceite
la política y la Justicia recorren caminos distintos que tienden a
bifurcarse, en ocasiones, cada día más?

Si es así, ¿alguna vez se llegará al acuerdo final que debe
tener el necesario contenido de verdad y justicia?

Solo el tiempo responderá estas preguntas.

- Carlos Santiago es periodista.