Guatemala.- La inseguridad pública, la persistencia de dificultades sociales y económicas, así como el debilitamiento de las instituciones estatales obstaculizan la adhesión popular al proceso de paz. Este es el análisis que hace la Misión de Verificación de las Naciones Unidas para Guatemala, MINUGUA, al evaluar la segunda fase de los Acuerdos de Paz firmados entre el gobierno y la guerrilla que pusieron fin al enfrentamiento armado interno de más de treinta años. Frente a estos problemas, la MINUGUA señaló que son correctas las estrategias plasmadas en los Acuerdos que incluyen la profesionalización de la nueva policía y la reforma de la administración de justicia, la reorientación de la atención gubernamental hacia el desarrollo rural y social, la descentralización y desburocratización del Estado y su fortalecimiento financiero. A pesar de que considera como positivos la implementación de los compromisos, la misión de las Naciones Unidas reconoce que en el tema fiscal, no se vislumbra todavía ?el necesario compromiso nacional de dotar al Estado de los recursos necesarios al servicio de la población?, que son claves para dar sostenibilidad a los esfuerzos de desarrollo y democratización del país. En este sentido, el paquete aprobado por el Congreso el año pasado no permite llegar a las metas tributarias de los Acuerdos. Por otro lado, la Misión hizo un llamado a las Fuerzas Armadas para que brinden mayor colaboración a la Comisión de Esclarecimiento Histórico ?no solo porque es una obligación legal, sino porque el aporte del Ejército para entender los engranajes de la guerra sucia es una oportunidad para consolidar la renovación de las relaciones cívico- militares?. Castigo para los más pobres La paz tiene muchas dificultades para efectivizarse y la situación es más grave si no se tienen saldos concretos que presentar a la población en general y principalmente a los sectores desposeídos del país que no sólo se han visto desprovistos de recursos ante la pérdida de empleo, sino además vienen sufriendo un incremento generalizado de precios de sus productos básicos, aún cuando las autoridades se empeñen en negarlo o minimizarlo. El economista estadounidense Mark Skousen, en una reciente visita al país, señalaba que más importante que participar en la globalización era ?mejorar la calidad de vida de la gente en todos los niveles socioeconómicos y no solo entre los ricos?. Ciertamente que los números que la economía del país presenta no se sitúan en una posición muy halagadora. Según un informe de la CEPAL, basado en datos oficiales, la economía guatemalteca creció en un 4%, pero el nivel de inflación fue de un 9 %, lo cual castiga al 75.5% de los hogares guatemaltecos que viven en la pobreza y a un 54% que son considerados indigentes. Otros números negativos para el proceso de paz que la misma CEPAL señala es el compromiso que la comunidad internacional asumió con el proceso de paz, pues se calculó un apoyo de aproximadamente 2.000 millones de dólares y para el año 1997, éste se situó por debajo de los 270 millones de dólares que se esperaban. La misma URNG que, durante el año 97, no realizó ningún señalamiento en contra de la política económica y fiscal del gobierno, dos días antes de entregar su tercer informe sobre el proceso de paz, señaló a la prensa que no se aseguraba en términos cuantitativos la dotación de recursos financieros para concretar los compromisos contenidos en los Acuerdos, lo que vino a confirmar algo que la gran mayoría de la población viene resintiendo: ?la mayor parte de las leyes fiscales promovidas, están dirigidas al consumidor y no a que pague más quién más tiene?. Los números traicionan al propio gobierno de Alvaro Arzú, pues a pesar de negar la existencia de la inflación o de tratar de minimizarla, los costos de su funcionamiento se han visto incrementados producto precisamente de la inflación. Esto demuestran los datos de prensa que fueron publicados el pasado mes, que indican que de 1996 a 1997, los gastos de administración se incrementaron en un 19%, los de recursos humanos en un 19.2%, los de inversión en 61%, todo lo cual tiene incidencia en sus gastos globales. Por otro lado, el Diario la Hora , citando un documento del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (14-1-98, Pag. 5), señala que la canasta básica de alimentos diarios (que no incluye gastos de vestido, vivienda, educación, salud, etc.) para el presente año tuvo un incremento del 7.2% y que una familia promedio de cinco miembros necesitó para alimentarse al año un total de 14.265 quetzales (190 dólares), lo cual significó un aumento de 7.4% en relación a 1996. La paz y los saldos del proceso Los resultados más positivos de la paz seguramente continúan siendo la desmovilización de la guerrilla y su integración a la vida política. Esto, a nivel de la gran masa de la población guatemalteca tiene poca o ninguna significación, pues ante una situación económica grave, ésta prioriza la satisfacción de las necesidades básicas, antes que sus alternativas políticas, más aún cuando los aportes concretos a la paz del país se sitúan ahora en los cartelones propagandísticos de los programas de consumo electoral. El año de 1998 da inicio al período de elecciones presidenciales, aparte de que en varias municipalidades se realizarán elecciones, de suerte que, de aquí en adelante, todo cuanto se haga o se deje de hacer, se diga o se calle sobre la paz por parte de los sectores políticos, incluidos la URNG y el Gobierno, tendrán en la mira los cálculos electorales, se quiera o no se quiera. Por lo tanto, en aras de que el proceso de paz se consolide, se hace necesario incrementar los números de la paz, esto quiere decir: incremento de los servicios de salud, educación, seguridad pública y sobre todo empleo y salario para las poblaciones rurales y marginadas de la nación, las que tienen derecho a acceder a una vida digna; de lo contrario, la paz únicamente se convertirá en un sueño perdido.