¿Es posible establecer vínculos jurídicos entre los derechos humanos, específicamente los derechos económicos, sociales y culturales (DESC), y los impactos producidos por la deuda externa? La tarea no es sencilla, más cuando las discusiones que realizan los gobiernos sobre la renegociación de la deuda externa, las hacen en franca violación a normas y disposiciones legales, nacionales e internacionales. Podemos reivindicar el enorme potencial, legal y moral que ofrecen los DESC para interpelar al modelo neoliberal y sus políticas de ajuste estructural, facilitándonos instrumentos jurídicos, locales e internacionales, y una agenda pública de presión ciudadana, para hacer eficaz la exigibilidad y justiciabilidad de los derechos humanos. Es preciso que se identifiquen en esta dinámica los niveles de responsabilidad y obligaciones que corresponden a los diferentes actores, locales y foráneos. Estamos en plena época de internacionalización de las relaciones económicas o era de la globalización. Nuestro mundo está cada vez más interconectado.(1) Sin embargo, no encontramos signos alentadores que nos ofrezcan perspectivas reales de globalización de la jurisdicción internacional para garantizar la justicia e impedir la impunidad en el cometimiento de los delitos económicos, que afectan a millones de víctimas y que son obstáculo para el pleno ejercicio del derecho al desarrollo de los pueblos. No sería justo condenar al Estado y a los gobernantes, por las evidentes violaciones e incumplimientos a normas internacionales de derechos humanos. Es indispensable discutir el rol de organismos internacionales que otorgan los créditos y las responsabilidades consecuentes que tienen por los condicionamientos que imponen a nuestros países, previo a la entrega de los empréstitos. Múltiples estudios coinciden en señalar que el proceso de globalización y liberalización de las economías, la privatización y reducción de los ámbitos de responsabilidad del Estado, así como la progresiva transnacionalización del poder político en manos de unas pocas corporaciones, exige que en el lenguaje del desarrollo se incorpore las obligaciones de DESC. Desde una perspectiva de justiciabilidad de los DESC, se torna urgente establecer mecanismos idóneos que nos aseguren una clara línea de relación entre deuda externa, organismos multilaterales, pobreza y derechos humanos. La cancelación de intereses y renegociación de la deuda externa impagable, se constituye en una persistente práctica que viola los DESC de millones de personas y hace caso omiso de las normas del Derecho Internacional de los Derechos Humanos. En esto incurren no sólo los organismos multilaterales y los gobiernos extranjeros sino los grupos de poder político y económico nacionales que trabajan bajo el concepto de "honrar las deudas". Justiciabilidad de los DESC Acciones urgentes para afrontar la deuda externa desde una perspectiva de los Derechos Humanos, son: * Sustentar alegatos en defensa de los DESC y derechos ambientales de nuestros pueblos, abordando el problema desde una dimensión jurídica, económica y ética interconectada. * En el marco de interpretación de los contratos de endeudamiento y resolución de sus controversias, demandar que se apliquen los fundamentos jurídicos que se aplican en los países acreedores. * Generalizar y promocionar los Recursos de Amparo y las Demandas de Inconstitucionalidad de las decisiones de políticas públicas que violan los derechos a la salud, educación, vivienda y otros derechos básicos. * Luchar contra la impunidad ejerciendo presión jurídica colectiva, de carácter continental, concertando acciones de "Amicus Curiae" ante cortes nacionales y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para responsabilizar a estados, gobiernos y empresas transnacionales que incumplen las normativas, declaraciones y pactos internacionales de los DESC. * Presentación de los Informes Alternativos Regionales sobre el estado de aplicación y vigencia de los DESC, cuestionando la aplicación de los programas de ajuste estructural y los procesos de renegociación y endeudamiento externo, frente a la Comisión de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Organización de las Naciones Unidas. * Investigación, evaluación y denuncia de los programas y proyectos financiados con préstamos internacionales que favorecen la corrupción. * Construir una estrategia regional y continental integral que armonice acciones e iniciativas civiles, políticas y jurídicas para contribuir a la desestabilización institucional del "nuevo orden mundial" con profunda identidad latinoamericana y de fraternidad de los pueblos del Sur. Patricio Pazmiño Freire: Director del CDES, Ecuador --------- (1) Naisbitt, John y Aburdene Patricia "Mega tendencias 2000. Diez nuevos rumbos para los años 90, editorial Norma, noviembre de 1991, página XIV de la Introducción.