La reducción anual del servicio de la deuda externa pública en Bolivia, lograda a través del programa HIPC , es inferior a la transferencia de recursos al exterior, debido sobre todo al deterioro de los términos de intercambio y el pago del servicio de la deuda externa. Las políticas de ajuste estructural no lograron crear la base para generar un flujo de ahorro nacional disponible para requerimientos de inversión asociada al crecimiento económico y al desarrollo humano, lo que implica reproducir el conjunto de las condiciones negativas que dan lugar a problemas que se pretende superar incluyendo la deuda externa y la pobreza. A través del programa HIPC I, vigente desde septiembre de 1998, se acordó una reducción de la deuda externa pública de fuente bilateral y, por vez primera, multilateral. Se trata de recursos que, al dejar de pagarse como servicio de la deuda, deben asignarse anualmente a acciones para reducir la pobreza. Pero el pago del servicio de la deuda externa y el efecto negativo de los términos de intercambio, redujeron el nivel del ahorro nacional disponible; hubo una fuerte caída en el nivel del producto, de las exportaciones y el saldo negativo en la cuenta corriente no pudo ser compensado por el importante flujo de inversión extranjera directa. La reproducción de las condiciones que determinan la merma del ahorro disponible da lugar a la continuidad de la deuda externa pública como problema. Además, el monto del servicio de la deuda (deduciendo la condonación proveniente del HIPC) sigue siendo oneroso para el país al representar el 83% de la inversión social presupuestada en 1999, hecho que incide en la limitada magnitud de los recursos públicos asignados al área social y el reducido nivel del alivio de la deuda según requerimientos orientados al desarrollo humano y superación de la pobreza. Durante los dos primeros años de su aplicación, el flujo de recursos anuales derivados del HIPC I y el HIPC II incrementaría, aproximadamente, en 44% la condonación promedio de 1999-2000 en la que solamente operó el HIPC I. Esto significa una fuerte obligación para el presupuesto público, ya que los fondos correspondientes deben ser generados por la economía nacional; además de tener que solventar esta obligación, y elevados costos de reformas institucionales. Dada la crítica situación actual se plantea una discrepancia, ya que la condonación implica la necesidad de aumentar los ingresos públicos en un contexto propenso a un bajo crecimiento de la economía; adicionalmente, el programa HIPC determina condiciones restrictivas para la obtención de financiamiento. Por deficiencias en la capacidad productiva y el ahorro disponible se mantiene la excesiva necesidad de financiamiento externo y, por tanto, la reproducción de la deuda. Comprendiendo los problemas El HIPC, como estrategia de alivio del servicio de la deuda externa integrada a su vez al programa de ajuste estructural, encontró limitaciones adicionales para el cumplimiento de sus objetivos ante el desencadenamiento de la tendencia recesiva que afecta a sectores económicos fundamentales del país. El marco institucional internacional y sus mecanismos de control dejan un reducido margen para definir políticas estatales soberanas. La economía nacional depende en exceso del financiamiento multilateral y bilateral, de carácter concesional, para el mantenimiento de los equilibrios macroeconómicos básicos y para la inversión en el área social. Las políticas de reducción buscan sustituir el financiamiento ligado a la deuda por inversión extranjera directa; no se vislumbra, en cambio, políticas que acrecienten el ahorro nacional disponible. El desenvolvimiento externo requiere de una economía modernizada y un sector exportador competitivo capaz de encarar las contingencias del comercio y el fluctuante desenvolvimiento financiero internacional; esta calidad es decisiva para fortalecer la dinámica del crecimiento económico y la articulación positiva del proceso del ahorro e inversión, con mayor aporte de recursos internos. Hace falta una fuerte decisión y capacidad política y ejercer una estrategia única que movilice al país en torno a objetivos integrados, señalando articulaciones entre acciones en las áreas económica y social. En este caso, la política social se situaría en el proceso de las transformaciones económicas que es necesario llevar a cabo para apuntalar el crecimiento que de lugar al desarrollo social. La función del Estado -con el ejercicio de la descentralización y participación de los agentes económicos- en la dirección y promoción del desarrollo es una condición básica. * Alvaro Aguirre Badani Economista del CEDLA, Bolivia