La coyuntura actual por la que atraviesa el país, indudablemente se encuentra inmersa en su más peligrosa lucha por el poder desde hace más de dos décadas y aún todavía dolida por los violentos sucesos de los últimos años que ocasionaron muchas muertes e incluso la dimisión de un presidente.

El nuevo contrato social que se quiere suscribir producto de la reflexión, análisis y la conjunción de propuestas que surjan en la Asamblea Constituyente (AC), todavía no encuentra el norte por el cual enrumbar, debido a las diferentes visiones de país que se tienen. Estos enfoques actualmente se encuentran contrapuestos más por cuestiones de forma que de fondo, situación que no hace otra cosa que deteriorar los aun débiles cimientos de nuestra incipiente democracia, existiendo la posibilidad que en el futuro la violencia se constituya en una constante.

Entre los problemas polarizantes podemos destacar los relacionados con el enfoque de modelo económico a seguir, el tipo de autonomía a considerar en la AC, la modalidad de aprobación del texto constitucional, así como las exigencias de mayor inclusión y participación de sectores excluidos en el pasado en la formulación de políticas públicas que consideren un mayor impacto social, por ejemplo. La nueva Ley de Reconducción Comunitaria de la Reforma Agraria.

Los polémicos debates sobre todos estos problemas dejan poco espacio para la mediación y reconciliación, si no se deponen ciertas posturas radicales que actualmente están bordeando algunos fundamentalismos ideológicos –por parte de algunos dirigentes cívicos-regionales de la media luna y personeros del gobierno –, avanzaremos hacia un escenario de alta conflictividad socio regional, perdiendo la dimensión de la Unidad en la Diversidad.

La dirigencia cívica de tierras bajas expresa la posición de ciertos sectores de poder y particularmente de visiones urbano-centralistas, en franco desacuerdo a las políticas de cambio que se quieren implementar, como por ejemplo en la temática de tierra, donde sus intereses han sido bastante afectados, caldeando los ánimos y obstaculizando los procesos más que aportando luces a los graves problemas económicos y sociales, lo que demuestra claramente la falta de una visión política prospectiva considerando los cambios experimentados en la coyuntura socio política del país.

En este sentido, el Gobierno de Morales enfrenta retos importantes y parece imposible encontrar una orientación política que satisfaga por lo menos a todos los sectores de la sociedad. La única forma de evitar que Bolivia entre en una lucha confrontacional es promoviendo y fortaleciendo un enfoque de desarrollo desde las Regiones del País como un mecanismo orientado al crecimiento y cambio estructural de acuerdo al potencial de desarrollo existente en estos territorios, donde a partir de ellos se puedan llevar adelante acciones de transformación socio política que permitan elevar el bienestar de la población en estos espacios territoriales o regiones.

Desde esta perspectiva, para contrarrestar el peso hegemónico de la Media Luna, habrá que pensar en la necesidad de fortalecer las capacidades de regiones como el Chaco Boliviano, el Norte Amazónico y el Norte Potosino para que puedan encarar procesos dinámicos de construcción de una nueva propuesta de UNIDAD NACIONAL a través de sus propias visiones de desarrollo, desechando los discursos de "oriente y occidente" que no hacen otra cosa que profundizar nuestras visiones parceladas de país.

Frente a los esquemas políticos y administrativos en que nos encontramos desde la conformación de la República, el fortalecimiento de estas regiones que siempre han estado marginadas de las decisiones de sus departamentos, permitirá la construcción de una propuesta con una nueva visión de gestión pública de cara a una nueva Bolivia donde la unidad y el respeto a la diferencia y diversidad sean la condición principal de cara al siglo XXI.