Como quien coloca un tema trascendente, a los seis meses de gestión, el presidente Alan García ha puesto sobre la mesa el tema de la reforma del Estado. Hubiéramos querido que anunciara el emprendimiento de una auténtica reforma tributaria o el replanteo del manejo actual de nuestros recursos naturales que priva al país de los beneficios que le corresponden y permite que nuestras riquezas se vayan al extranjero dejándole migajas al país. Hubiéramos querido que nos plantee cómo propone recuperar el Perú para los peruanos, que nos informe cómo propone el Estado aprovechar este período de “vacas gordas” para reorientar al país y permitir una sociedad más justa y equitativa. Pero claro, ello implicaría colocar objetivos para la reforma del Estado que García no ha asumido o que retome compromisos electorales ya abandonados: el impuesto a las sobreganancias que están obteniendo las grandes empresas mineras (y que podría dejarle al país unos 1,600 millones de dólares anuales); la revisión del contrato del gas de Camisea; del contrato con Telefónica para eliminar la renta básica; o la reforma tributaria que prometió durante la campaña.

Reconocido actor político, hábil en aprovechar al máximo los medios de comunicación social –hoy incondicionales al manejo gubernamental de su alianza con el fujimorismo y la derecha política y empresarial–, García quiere obviar el balance de sus compromisos electorales a seis meses de gobierno. Y, para ello, lanza y aprovecha un tema trascendente como es el de la reforma del Estado. Pero pretende minimizarlo al colocar al debate alrededor de dos asuntos bastante limitados: la reducción del número de Organismos Públicos Descentralizados (OPD) y el recorte y centralización de los programas sociales del Estado, dirigidos a enfrentar el tema de la pobreza en el país.

En el clásico estilo neoliberal, su mensaje central ha sido el recortar el gasto público, la burocracia y la duplicación de esfuerzos. En síntesis, reducir el tamaño del Estado como el eje de la reforma. No se trata pues de recuperar el papel del Estado como expresión de la soberanía nacional, como planificador y concertador del desarrollo del país, ni de que el Estado sea un efectivo redistribuidor del ingreso nacional para construir una sociedad más justa y con menos pobreza, ni de que el Estado garantice los derechos básicos de las mayorías excluidas y les abra –en coordinación con la actividad privada– oportunidades de desarrollo y bienestar. No. Se trata de otra cosa.

García ha graficado la reforma en cifras: ahorrar entre 200 y 400 millones de soles al año mediante la reducción de Organismos Públicos Descentralizados (OPD) y programas sociales (Vaso de Leche, Pronaa, Pronamach, etc.) que se duplicarían.

Ojo que esa cifra es menos del 10% de lo que generaría el impuesto a las sobreganancias mineras, de las que García no quiere hablar y las que –ciertamente– no pretende aplicar, incumpliendo su compromiso electoral. Ojo que esa cifra implica no sólo despedir trabajadores, sino eliminar determinados programas sociales, lo que no ha sido expuesto ni abierta ni claramente al país. Ojo que hay organismos estatales, como el Conadis –que debe ocuparse de las políticas y programas para las personas con discapacidad y que son cerca al 13% de los hombres y mujeres del Perú– que, a seis meses de gobierno, no tiene ni siquiera un presidente nombrado por el gobierno. ¿Capaz será Conadis parte de las OPD a desaparecer para “ahorrar”?

El Perú, sin duda, necesita un profundo cambio en el Estado. Un cambio para recuperar el Perú para los peruanos. Necesitamos desprivatizar el Estado, a efectos de que deje de ser una agencia al servicio de las grandes trasnacionales y sea un instrumento al servicio de los peruanos. Requerimos para recuperar el control sobre nuestros recursos naturales y garantizar que su aprovechamiento deje los beneficios que le corresponden al país. Urgimos de un Estado con autoridades que rindan cuentas a sus electores, que se someta a su fiscalización y que abran canales para la participación ciudadana en la toma de las decisiones públicas que nos afectan a todos. El Perú no puede plantearse reformar el Estado para ahorrarse 200 millones de soles sino para contar con un instrumento público y soberano que garantice nuestros derechos, nos devuelva nuestros recursos naturales como elementos de nuestro desarrollo, promueva nuestro bienestar y progreso, y responda a todos los peruanos por sus acciones y omisiones. Ésa es la reforma que necesitamos.