Es interesante confrontar las declaraciones y las decisiones de una misma multinacional respecto a la organización del sector eléctrico en América Latina en distintas situaciones. Por ejemplo, cuando Unión Fenosa afirma que, “ante la escasez de recursos económicos, muchos países aplican esquemas similares al de México, que permite utilizar más racionalmente los recursos públicos e invertirlos de acuerdo con las prioridades en cada caso” [1], se está refiriendo a la segmentación y privatización del sistema eléctrico, con el que está cosechando un inmenso margen de beneficios en la producción de electricidad. En cambio, en Nicaragua no sólo no realizan este tipo de afirmación, sino que directivos de la empresa española Unión Fenosa amenazaron con demandar a Nicaragua ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), una dependencia del Banco Mundial, por el supuesto “incumplimiento” de los términos del contrato por la distribución de energía, por “menoscabo a sus intereses”, y por ser víctima de decisiones “injustas y discriminatorias” [2].

Entonces, si el esquema del servicio eléctrico es el mismo, ¿por qué tiene visiones tan distintas en uno y otro lado? Pues bien, la diferencia está en la actividad que realiza Fenosa: la generación de energía que alaba en México no tiene ninguna otra responsabilidad que producir electricidad y venderla, todo es ganancia; por el contrario, la distribución de energía en Nicaragua tiene la responsabilidad de prestar el servicio de manera eficiente y con calidad suficiente para que toda la ciudadanía pueda utilizar la energía que necesite en su actividad diaria, lo que no da tantos beneficios porque significa llevar a cabo grandes inversiones para una población con recursos económicos muy limitados, de forma que aunque este servicio sea un bien básico para la salud, la educación o la economía doméstica ni se invierte ni se gestiona adecuadamente.

Cuando se trata de un negocio deficitario, para evitar que sea un desastre es el Estado el que tiene que encargarse de las pérdidas que genera. Y, vaya, aquí de nuevo hay más contradicciones en el seguimiento del modelo económico neoliberal: si el Estado tiene que reducir su papel en todas las actividades con repercusión económica porque eso limita el libre mercado, ¿cómo es posible que ahora su inversión y su gestión sea fundamental para la viabilidad de las empresas privadas? Pero, más allá de este planteamiento, los estados latinoamericanos han sufrido un debilitamiento continuo por la entrega a manos privadas de los sectores y empresas rentables, lo que, unido a la tenaza de la deuda externa, determina que la capacidad inversora de éstos sea mínima. Así que la población sufre la ausencia de un servicio necesario para una vida digna por la desatención de las compañías privadas, que culpan al Estado de su situación. Y mientras litigan, denuncian y reclaman a las instancias internacionales para deshacerse de cualquier responsabilidad, la ciudadanía sigue sin luz.

Un ejemplo perfecto -que ahora está saltando a los medios de comunicación- es la crisis del sector eléctrico en Nicaragua. Esta crisis, derivada de una dependencia exclusiva de hidrocarburos para producir energía y de una privatización del sector que permitió a Unión Fenosa controlar el 92% de la distribución eléctrica del país [3], ha llevado a causar apagones a cientos de miles de nicaragüenses prácticamente todas las semanas del año 2006, en una situación que llegó a ser muy grave en el verano -con cortes sucesivos de hasta 6 horas que afectaron a la totalidad de la población nicaragüense-. Como respuesta a todo lo anterior, se generó una fuerte presión social y se presentó una denuncia de la Red Nacional de Defensa de los Consumidores a Fenosa ante el Consejo Superior de la Contraloría General de la República. El resultado de la denuncia fue la declaración de la nulidad del contrato de distribución de energía otorgado a Unión Fenosa en agosto de ese año por la Contraloría y el ordenamiento de un arbitraje contra la empresa.

Una compañía mundial no va a dejar que se ensucie su imagen corporativa con este tipo de denuncias y procesamientos, más aún cuando ha salido de una situación similar en República Dominicana hace dos años. Lo explican claramente en su modelo de Responsabilidad Social Corporativa, en el cual su reputación es central, así que el deterioro de su imagen puede llevar a pérdidas económicas globales, y localmente esto puede favorecer que el estado nicaragüense investigue qué ha pasado. Ante esta situación, Fenosa ha movido ficha y en diciembre del año pasado amenazaron con denunciar a Nicaragua al CIADI, y en enero han solicitado el pago de 54 millones de dólares de un seguro de la inversión en este país como “resultado de la expropiación de su inversión en Nicaragua” [4].

Las distintas declaraciones permiten conocer un poco mejor las maniobras de las multinacionales para en ningún caso perder sus inversiones en países tan arriesgados como los de Centroamérica. Así, el anterior Ministro de Economía, Eduardo Montealegre, afirmó que “los funcionarios de Fenosa contrataron un seguro con la agencia MIGA, para cubrir su inversión contra cuatro posibles riesgos, pero en ningún momento el Estado asumió algún compromiso u obligación financiera que ahora deba responder”. Montealegre firmó este documento en mayo de 2002, y en él daba “luz verde” para evitar que Nicaragua le prohibiera a esta compañía transferir sus ganancias hacia el extranjero. También se adquirió un seguro por el riesgo de expropiación, guerra civil y disturbios, así como por riesgos de incumplimientos al contrato de concesión. Y Mathew Huggins, funcionario de MIGA, explicó a los diputados de la Asamblea Nacional en mayo de 2005 que esta garantía de Fenosa es exactamente por el 80% de la inversión que realizó en Nicaragua cuando asumió la distribución de la energía (el 20 de octubre de 2000) y precisó que Fenosa reporta una inversión de 115 millones de dólares y MIGA respalda unos 92 millones de dólares [5]. Todos estos mecanismos relativizan en gran medida las argumentaciones de las multinacionales sobre lo arriesgado que resultan sus inversiones en los países del Sur y sobre la necesidad de recibir un apoyo tanto del país donde reside su sede social como del país destino de sus inversiones. Y es que estos apoyos solicitados no hacen sobrevivir a las multinacionales, sino que les facilitan el incremento año tras año de sus beneficios.

En Nicaragua, la solicitud al Banco Mundial del dinero del seguro de inversión se relaciona con la posibilidad de que el Estado tenga que pagarle a Fenosa. De este modo, el presidente del Consejo de Dirección del Instituto Nacional de Electricidad (INE), David Castillo, ha asegurado que Nicaragua no tiene nada que ver con esa garantía de seguro: “esa garantía si la paga la agencia del Banco Mundial es problema de ellos, porque aquí no hay ningún compromiso legal para pagarlo”, ya que “para que la garantía y el seguro sean un compromiso del Estado de Nicaragua, la Constitución manda que sea aprobado por la Asamblea Nacional” y esto no ha sucedido. Castillo observó además que Nicaragua no ha expropiado nada a la empresa española y rechazó que hayan incumplido el contrato de concesión suscrito con Unión Fenosa en el año 2000, y recordó que existe un juicio de arbitraje contra Unión Fenosa, donde se determinará cual de las dos partes ha incumplido con las condiciones de ese contrato [6].

Por otro lado, Castillo reveló que Unión Fenosa reclama garantías al Estado... pero no tiene ninguna garantía para responder ante los nicaragüenses, sus proveedores y demás agentes del mercado energético, ya que hace tres años el gobierno de Bolaños le devolvió un dinero que Fenosa había pagado en garantía -que sumaba 14 millones de dólares-, lo que habían dejado cuando firmaron el contrato de concesión para responder ante cualquier anomalía que cometieran.

En todo este lío, las fuentes de la empresa en el país se lavan las manos, así el portavoz de Unión Fenosa en Nicaragua, Jorge Katín, dijo que la sede de ellos en Managua desconoce el asunto, ya que ese tema es manejado “en las altas esferas de Unión Fenosa Internacional”. Es decir, se siguen sumando contradicciones, ya que si bien las multinacionales se presentan a las licitaciones y concesiones en todo el mundo con la gran seguridad que da el tener detrás a un gigante mundial, cuando se le piden responsabilidades las eluden diciendo que esas competencias son de los de arriba.

Por terminar de ofrecer todas las visiones de este conflicto, la impresión del resto de la sociedad es que las iniciativas de la compañía son mecanismos de presión ante su delicada situación en el país: según un contralor colegiado, “esto es lo que los nicaragüenses llamamos un ‘chamarrazo’, un chantaje para presionarnos y que no se sigan las acciones que se han iniciado en contra de ellos. Es más, me extraña que se atrevan a tanto, porque más bien deberían pagarnos a nosotros por los innumerables daños que han causado con los apagones” [7].

En definitiva, el silencio en el que a Unión Fenosa le gustaría llevar todo este proceso parece que no se cumple: a través de su misma reclamación a la MIGA, el poner al gobierno nicaragüense en un brete puede salirle al revés, ya que la compañía no puede cobrar ni un centavo de su seguro al Estado de Nicaragua mientras no concluya el proceso de arbitraje que inició el INE, pues así lo determina el contrato que firmó hace cinco años con esta institución. Más bien, en caso de que pierda el arbitraje, Unión Fenosa podría pagarle hasta 92 millones de dólares.


NOTAS:

[1] Declaraciones de Honorato López Isla, Vicepresidente del Consejo de Unión Fenosa, recogidas en un artículo publicado en La Jornada el 15 de enero de 2007.

[2] “Fenosa pide que se le pague 54 millones de dólares por sus expropiaciones en Nicaragua”. En El Economista, 13 de enero de 2007.

[3] PAZ, Mª José; GONZÁLEZ, Soraya; SANABRIA, Antonio (2005): Centroamérica encendida. Icaria - Paz con Dignidad, Barcelona.

[4] Este seguro ha sido contratado con la Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA), dependiente del Banco Mundial, como recoge un artículo publicado en El Economista el 12 de enero de 2007.

[5] Artículo publicado en El Nuevo Diario el 14 de enero de 2007.

[6] Artículo publicado en El Nuevo Diario el 12 de enero de 2007

[7] GÓMEZ, Oliver (2007): “Ni un real a Fenosa”. En El Nuevo Diario, 13 de enero.

Erika González
Observatorio de Multinacionales en América Latina
Asociación Paz con Dignidad

http://www.omal.info/www/article.php3?id_article=630