El biodiesel de la palma aceitera
19/01/2007
- Opinión
El mundo occidental, en especial los países del norte, se rindió a la adicción por los energéticos provenientes de los fósiles. Ese rumbo ha provocado algo que hoy ya nadie pone en duda: el cambio climático. Muchas soluciones se han propuesto para enfrentarlo, pero la mayoría de ellas deja que siga con fuerza la carrera suicida de la humanidad. Los megaproyectos de biocombustibles son unas de las propuestas de solución. ¿Acaso quienes los presentaron como alternativa midieron las consecuencias que podría tener su creación en importantes ecosistemas, pueblos y culturas? Este artículo delimita en primer lugar los pasos dados para abrir campo a estos proyectos y se centra especialmente en las implicaciones que ha tenido la siembra de la palma africana, de la que se deriva uno de los biocombustibles que se proyecta producir.
Los biocombustibles tienen su historia. De manera rápida, diremos que durante la crisis energética de 1973, Brasil reconvirtió parte de sus ingenios azucareros, para producir etanol y se convirtió en su primera potencia exportadora. Hoy Colombia quiere seguir su ejemplo y convertirse en potencia productora, particularmente de bioetanol y biodiesel.
Empiezan las leyes
En 2001, se expidió la ley 693, que está articulada a la ley 939 de 2004, con lo que se abrió el camino a la producción de biocombustibles. La ley 693 estipula que la gasolina colombiana deberá tener 10% de etanol en 2009 y que en un periodo entre 15 y 20 años deberá alcanzar gradualmente una proporción del 25%. Mientras que la ley 939 de 2004, estimula la producción y comercialización de biodiesel en motores diesel, con un 5% de porcentaje.
Desde finales de 2005, la producción de los ingenios azucareros Cauca, Providencia, Manuelita y Mayagüez (todos localizados en el departamento del Valle del Cauca), además del ingenio Risaralda, es cercana a un millón de litros diarios de bioetanol, destinados a satisfacer la demanda del Occidente del país y la Sabana de Bogotá. Aún más, se habla del montaje de otras 27 plantas, esparcidas en 17 departamentos del país, para extender la mezcla del 10% con la gasolina al todo el territorio colombiano. De acuerdo con las proyecciones de la Federación Nacional de Combustibles, para 2010 se podría duplicar el consumo interno con sólo elevar el porcentaje de la mezcla al 15%. Colombia, para entonces, tendrá una capacidad de exportación cifrada en 2.300.000 litros diarios de etanol.
La palma para el biodiesel
Una legislación similar a la referida en párrafos anteriores se prepara en relación con el biodiesel, derivado de la palma africana. De esta planta se tiene ya un derivado con fines alimentarios, que es lo que más se conoce de ella hasta hoy: un aceite del que se producen 600 mil toneladas. Pero en realidad es el biodiesel el que nos interesa en este caso.
Antes de mencionar cifras, es importante decir que los grandes beneficiarios de las legislaciones del bioetanol y la que se prepara para el biodiesel son precisamente los agroindustriales de la caña de azúcar del Valle del Cauca, departamento situado en el Occidente del país, cuyos ingenios se mencionaron al hablar del etanol, y en el caso del biodiesel los agroindustriales de la palma.
Ahora bien; el consumo del diesel en el país para el transporte automotor crece a una tasa mayor que la del consumo de gasolina; supera la capacidad de refinación de Ecopetrol (la empresa nacional petrolera), de manera que el país importa el 5% del consumo interno de diesel. Se abre así una oportunidad para los agroindustriales de la palma africana, que han incrementado año a año las extensiones de sus cultivos.
Crecimiento y mercado
En Colombia, la expansión de este cultivo ha mantenido un crecimiento sostenido. A mediados de la década del 60 existían 18 mil hectáreas en producción. En 2003, había más de 188 mil hectáreas y actualmente hay sembradas alrededor de 300 mil. Además, se están montando siete plantas en diferentes regiones palmeras del país, que tienen un costo aproximado de 100 millones de dólares. Según el gremio colombiano de los palmeros, Fedepalma, desde el año 2001 Colombia era el principal productor de aceite de palma en América y el cuarto a nivel mundial , luego de Indonesia, Malasia y Nigeria. Del total de la producción de aceite, el 35% se exporta.
No obstante, varios estudios económicos consideran muy inciertos los mercados internacionales de la palma de aceite, ya que la producción mundial se incrementa día a día y los precios siguen bajos. Sin embargo, los proyectos agroindustriales de palma han sido una prioridad para el actual gobierno y se impulsan principalmente en regiones como el Pacífico colombiano, las llanuras del oriente y la región Caribe, donde las características edafoclimáticas son óptimas para el desarrollo de estos cultivos. La meta es alcanzar en unos años el millón de hectáreas.
Lo que hay más allá
Estudiosos de este desarrollo agroindustrial han denunciado que estos cultivos se han utilizado para el lavado de dinero del narcotráfico y como mecanismo de los paramilitares para desplazar de manera forzada a la población, pues su propósito es apropiarse de importantes y ricas regiones. Su estrategia ha consistido en desplazar a la gente y una vez abandonadas las tierras, las ocupan las empresas palmicultoras. Jiguamiandó y Curvaradó, municipios del Pacífico, son ejemplos estruendosos de esa estrategia: la empresa Urapalma ocupó de manera ilegal esos territorios afrocolombianos.
Estas comunidades del Chocó recibieron la titulación de sus tierras en noviembre de 2000, luego de años de reiteradas violaciones a sus derechos humanos, económicos, sociales y culturales, y nueve años después de que la Constitución Nacional reconociera los derechos territoriales de comunidades negras e indígenas.
La titulación se recibió en momentos en que las comunidades estaban desplazadas. Al retornar, encontraron su territorio ocupado con cultivos de palma, y la desaparición de la casi totalidad de los poblados y caseríos tradicionales a causa de las siembras con palma de aceite, abandonos, destrucción de sus viviendas, y la desaparición de los caminos que impide la comunicación entre las comunidades. El resultado ha sido la desarticulación del tejido social. Comenzó entonces un largo proceso jurídico y de denuncia de su parte para recuperar sus territorios, teñido de grandes irregularidades para favorecer las empresas de la palma aceitera.
Réplicas en el sur
Algo similar sucede en la región de Tumaco (al sur de Colombia, en los límites con el vecino país del Ecuador). Las comunidades han vivido también el desplazamiento forzado y las amenazas y, es así como las empresas o el propio Estado propone a los miembros de los consejos comunitarios como alternativa para permanecer en su territorio convertirse en “empresarios del sector rural”. Dicho de otra manera, se los fuerza a involucrarse en las alianzas o cadenas productivas con empresarios de la palma. De esta manera, los territorios que antes eran selvas húmedas se han ido convirtiendo en monocultivos de palma, de modo que se despoja a las comunidades negras de su cultura y de su territorio y se destruyen regiones que son de las más diversas del planeta.
En el pasado junio, el presidente Uribe expresó en el Congreso de Fedepalma, en Villavicencio lo siguiente: “Rogaría que haga [el ministro de Agricultura] una cuarentena de los empresarios de Tumaco y los compatriotas afrodescendientes y no los deje levantar de la oficina, donde los encierre hasta que lleguen a un acuerdo. Tiene que ser así… Enciérrelos allí y entonces propóngales como case [sic], que el Estado aporta, que lleguen ellos a unos acuerdos sobre uso de esas tierras y el gobierno aporta recursos de capital de riesgo. Y propóngales una fecha y les dice: señores, nos declaramos en cónclave y de aquí no salimos hasta que tengamos un acuerdo […] Porque aquí hay que reconocer lo bueno y lo malo, en este Meta y en el Casanare y en lo que empieza a dar en el Guaviare, unos crecimientos formidables de palma, en Tumaco, no. Y Tumaco que tiene la carretera, váyanse un poquito al norte, esa área del Guapi, El Charco con excelentes condiciones y sin una mata de palma y llena de coca que tenemos que erradicar[…]”.
Estas declaraciones generaron la ira de las comunidades negras que respondieron con fuerza al presidente de la República: “Si esta palma aceitera, señor presidente, es su megaproyecto piloto, en nuestros territorios étnicos no lo es. Peor aún: si lo fuese, conllevaría a gravísimos daños ambientales, sociales y culturales. Esto lo afirmamos con base en lo que hemos vivenciado con este monocultivo desde fines de la década del sesenta hasta el presente, o sea desde hace más de treinta y cinco años, padeciendo los impactos de más de veinte mil hectáreas de siembra forzosa de esta ‘Plantación adentro cámara', pues incluso, sigue expandiéndose de manera violenta en nuestros territorios colectivos” (1)
Los empresarios de la palma y los promotores de esas empresas tienen ahora con las propuestas de producción de biodiesel nuevos motivos para seguir creciendo. Y sin embargo, las historias de las plantaciones son dolorosas. Están manchadas de la sangre y las lágrimas de las comunidades negras y campesinas del Pacífico, del Magdalena Medio, del Caribe colombiano . Es la historia silenciosa de los bosques desaparecidos para transformarse en plantación. Es la historia de las culturas ancestrales transformadas en proletariados palmícolas. Son esas voces las que reclaman detener la destrucción que nos proponen los defensores del biodiesel.
Los biocombustibles tienen su historia. De manera rápida, diremos que durante la crisis energética de 1973, Brasil reconvirtió parte de sus ingenios azucareros, para producir etanol y se convirtió en su primera potencia exportadora. Hoy Colombia quiere seguir su ejemplo y convertirse en potencia productora, particularmente de bioetanol y biodiesel.
Empiezan las leyes
En 2001, se expidió la ley 693, que está articulada a la ley 939 de 2004, con lo que se abrió el camino a la producción de biocombustibles. La ley 693 estipula que la gasolina colombiana deberá tener 10% de etanol en 2009 y que en un periodo entre 15 y 20 años deberá alcanzar gradualmente una proporción del 25%. Mientras que la ley 939 de 2004, estimula la producción y comercialización de biodiesel en motores diesel, con un 5% de porcentaje.
Desde finales de 2005, la producción de los ingenios azucareros Cauca, Providencia, Manuelita y Mayagüez (todos localizados en el departamento del Valle del Cauca), además del ingenio Risaralda, es cercana a un millón de litros diarios de bioetanol, destinados a satisfacer la demanda del Occidente del país y la Sabana de Bogotá. Aún más, se habla del montaje de otras 27 plantas, esparcidas en 17 departamentos del país, para extender la mezcla del 10% con la gasolina al todo el territorio colombiano. De acuerdo con las proyecciones de la Federación Nacional de Combustibles, para 2010 se podría duplicar el consumo interno con sólo elevar el porcentaje de la mezcla al 15%. Colombia, para entonces, tendrá una capacidad de exportación cifrada en 2.300.000 litros diarios de etanol.
La palma para el biodiesel
Una legislación similar a la referida en párrafos anteriores se prepara en relación con el biodiesel, derivado de la palma africana. De esta planta se tiene ya un derivado con fines alimentarios, que es lo que más se conoce de ella hasta hoy: un aceite del que se producen 600 mil toneladas. Pero en realidad es el biodiesel el que nos interesa en este caso.
Antes de mencionar cifras, es importante decir que los grandes beneficiarios de las legislaciones del bioetanol y la que se prepara para el biodiesel son precisamente los agroindustriales de la caña de azúcar del Valle del Cauca, departamento situado en el Occidente del país, cuyos ingenios se mencionaron al hablar del etanol, y en el caso del biodiesel los agroindustriales de la palma.
Ahora bien; el consumo del diesel en el país para el transporte automotor crece a una tasa mayor que la del consumo de gasolina; supera la capacidad de refinación de Ecopetrol (la empresa nacional petrolera), de manera que el país importa el 5% del consumo interno de diesel. Se abre así una oportunidad para los agroindustriales de la palma africana, que han incrementado año a año las extensiones de sus cultivos.
Crecimiento y mercado
En Colombia, la expansión de este cultivo ha mantenido un crecimiento sostenido. A mediados de la década del 60 existían 18 mil hectáreas en producción. En 2003, había más de 188 mil hectáreas y actualmente hay sembradas alrededor de 300 mil. Además, se están montando siete plantas en diferentes regiones palmeras del país, que tienen un costo aproximado de 100 millones de dólares. Según el gremio colombiano de los palmeros, Fedepalma, desde el año 2001 Colombia era el principal productor de aceite de palma en América y el cuarto a nivel mundial , luego de Indonesia, Malasia y Nigeria. Del total de la producción de aceite, el 35% se exporta.
No obstante, varios estudios económicos consideran muy inciertos los mercados internacionales de la palma de aceite, ya que la producción mundial se incrementa día a día y los precios siguen bajos. Sin embargo, los proyectos agroindustriales de palma han sido una prioridad para el actual gobierno y se impulsan principalmente en regiones como el Pacífico colombiano, las llanuras del oriente y la región Caribe, donde las características edafoclimáticas son óptimas para el desarrollo de estos cultivos. La meta es alcanzar en unos años el millón de hectáreas.
Lo que hay más allá
Estudiosos de este desarrollo agroindustrial han denunciado que estos cultivos se han utilizado para el lavado de dinero del narcotráfico y como mecanismo de los paramilitares para desplazar de manera forzada a la población, pues su propósito es apropiarse de importantes y ricas regiones. Su estrategia ha consistido en desplazar a la gente y una vez abandonadas las tierras, las ocupan las empresas palmicultoras. Jiguamiandó y Curvaradó, municipios del Pacífico, son ejemplos estruendosos de esa estrategia: la empresa Urapalma ocupó de manera ilegal esos territorios afrocolombianos.
Estas comunidades del Chocó recibieron la titulación de sus tierras en noviembre de 2000, luego de años de reiteradas violaciones a sus derechos humanos, económicos, sociales y culturales, y nueve años después de que la Constitución Nacional reconociera los derechos territoriales de comunidades negras e indígenas.
La titulación se recibió en momentos en que las comunidades estaban desplazadas. Al retornar, encontraron su territorio ocupado con cultivos de palma, y la desaparición de la casi totalidad de los poblados y caseríos tradicionales a causa de las siembras con palma de aceite, abandonos, destrucción de sus viviendas, y la desaparición de los caminos que impide la comunicación entre las comunidades. El resultado ha sido la desarticulación del tejido social. Comenzó entonces un largo proceso jurídico y de denuncia de su parte para recuperar sus territorios, teñido de grandes irregularidades para favorecer las empresas de la palma aceitera.
Réplicas en el sur
Algo similar sucede en la región de Tumaco (al sur de Colombia, en los límites con el vecino país del Ecuador). Las comunidades han vivido también el desplazamiento forzado y las amenazas y, es así como las empresas o el propio Estado propone a los miembros de los consejos comunitarios como alternativa para permanecer en su territorio convertirse en “empresarios del sector rural”. Dicho de otra manera, se los fuerza a involucrarse en las alianzas o cadenas productivas con empresarios de la palma. De esta manera, los territorios que antes eran selvas húmedas se han ido convirtiendo en monocultivos de palma, de modo que se despoja a las comunidades negras de su cultura y de su territorio y se destruyen regiones que son de las más diversas del planeta.
En el pasado junio, el presidente Uribe expresó en el Congreso de Fedepalma, en Villavicencio lo siguiente: “Rogaría que haga [el ministro de Agricultura] una cuarentena de los empresarios de Tumaco y los compatriotas afrodescendientes y no los deje levantar de la oficina, donde los encierre hasta que lleguen a un acuerdo. Tiene que ser así… Enciérrelos allí y entonces propóngales como case [sic], que el Estado aporta, que lleguen ellos a unos acuerdos sobre uso de esas tierras y el gobierno aporta recursos de capital de riesgo. Y propóngales una fecha y les dice: señores, nos declaramos en cónclave y de aquí no salimos hasta que tengamos un acuerdo […] Porque aquí hay que reconocer lo bueno y lo malo, en este Meta y en el Casanare y en lo que empieza a dar en el Guaviare, unos crecimientos formidables de palma, en Tumaco, no. Y Tumaco que tiene la carretera, váyanse un poquito al norte, esa área del Guapi, El Charco con excelentes condiciones y sin una mata de palma y llena de coca que tenemos que erradicar[…]”.
Estas declaraciones generaron la ira de las comunidades negras que respondieron con fuerza al presidente de la República: “Si esta palma aceitera, señor presidente, es su megaproyecto piloto, en nuestros territorios étnicos no lo es. Peor aún: si lo fuese, conllevaría a gravísimos daños ambientales, sociales y culturales. Esto lo afirmamos con base en lo que hemos vivenciado con este monocultivo desde fines de la década del sesenta hasta el presente, o sea desde hace más de treinta y cinco años, padeciendo los impactos de más de veinte mil hectáreas de siembra forzosa de esta ‘Plantación adentro cámara', pues incluso, sigue expandiéndose de manera violenta en nuestros territorios colectivos” (1)
Los empresarios de la palma y los promotores de esas empresas tienen ahora con las propuestas de producción de biodiesel nuevos motivos para seguir creciendo. Y sin embargo, las historias de las plantaciones son dolorosas. Están manchadas de la sangre y las lágrimas de las comunidades negras y campesinas del Pacífico, del Magdalena Medio, del Caribe colombiano . Es la historia silenciosa de los bosques desaparecidos para transformarse en plantación. Es la historia de las culturas ancestrales transformadas en proletariados palmícolas. Son esas voces las que reclaman detener la destrucción que nos proponen los defensores del biodiesel.
Notas
(1) Carta al presidente de la república de las autoridades étnico territoriales y representantes legales de los Consejos Comunitarios de Comunidades Negras del territorio étnico del Kurrulao (Pacífico sur colombiano).
Recursos
Defensoría del Pueblo. Resolución Defensorial. N° 39 de 2005
Centro Nacional de Salud, Ambiente y Trabajo
Bogotá, Colombia
www.biodiversidadla.org
www.ircamericas.org
https://www.alainet.org/es/active/15187?language=es
Del mismo autor
- Economía verde al calor de las negociaciones del clima 06/06/2012
- El biodiesel de la palma aceitera 19/01/2007
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