Tuvo que acontecer una inesperada huelga, para que la opinión pública dominicana pusiera interés sobre el problema del transporte. La crisis permanente en el sector, la ineficiencia, la privatización, la falta de calidad, el elevado costo, su impacto sobre el congestionamiento tránsito, y el problema estructural del sistema, parece que nunca fueron noticias u objeto de análisis.  ¡Más vende lo que dice Miguel Vargas o los cotidianos asaltos a Vimenca!.

Tuvo que haberse decretado una huelga o paralización en las rutas de los autobuses para que los dominicanos y dominicanas “entendiésemos” la dimensión del problema, y la necesidad urgente de tomar cartas en el asunto. 

Como en otras ocasiones, los conflictos internos entre las mafias sindicales y los cárteles que dominan el sector, han puesto en juego la tranquilidad y el desarrollo de la República Dominicana. Juan Hubieres y Antonio Marte (junto a otros), se han puesto de acuerdo (o en desacuerdo) y han paralizado al país, afectando con sus necedades y avaricias la vida de cientos de miles (quizás millones) de dominicanos.

El motivo: sus propios intereses. La respuesta del Gobierno: ninguna. Los únicos perjudicados: la población en general.

Pero el problema no es la huelga en si misma, que viene a demostrar la profundidad de la crisis, y que como factor coyuntural, hace explotar el divieso. El problema es más estructural, el problema es antiguo. Y, aunque parece complejo, el asunto caótico del transporte dominicano, es bien sencillo, y se define fundamentalmente por la ausencia total de una política de Estado clara y definitiva en torno al tema. Al no existir una política estatal que garantice la provisión del servicio y que regule a los proveedores privados,  el servicio de transporte es provisto de manera deficiente por agentes privados.

Las elites políticas que han gobernado el país en las últimas cuatro décadas no han comprendido el carácter estratégico del servicio del transporte en el desarrollo. Éste es uno de los servicios básicos y fundamentales de cualquier sociedad. Por esta falta de visión han fracasado uno tras otro sus intentos por incidir en el problema.

Tener un servicio eficiente de transporte público colectivo, significa que los trabajadores, estudiantes, profesionales, y la sociedad en general tienen capacidad de desplazamiento en tiempos razonables, a bajo costo y con suficiente seguridad. La colectivización permitiría reducir el costo y su consumo de energía, así como su impacto sobre el medio ambiente y el tránsito. La provisión pública permitiría evitar el monopolio de los particulares;  garantizaría precios asequibles a la población, así como aumentaría los estándares de seguridad y calidad del mismo.

La ausencia de esa política nacional integral sobre transporte provoca uno de los principales cuellos de botellas que impiden el desarrollo nacional. La productividad y calidad del trabajo y las labores cotidianas se ven afectadas por el mal servicio. Al ser un servicio privatizado, escasamente colectivizado, el consumo de hidrocarburos es elevadísimo así como su emisión contaminante. Los riesgos de inseguridad ciudadana son aun mayores; sin tener en cuenta la calidad y el buen servicio.

Todo esto tiene un alto costo para el desarrollo; la inexistencia de un transporte diferente hace que los individuos se vean forzados a tomar la decisión de no consumir el servicio “público”, adquiriendo y utilizando relativamente mucho los automóviles personales, eso implica mayor costo, difícil de pagar para un país subdesarrollado.

Pero ante esto, ¿qué ha hecho el Gobierno actual?

Para responder se hace necesario que reconocer que el problema del transporte en República Dominicana es un asunto sistémico; es un problema que concierne y responsabiliza directamente a las elites que han gobernado el país, que no han tenido la capacidad ni la voluntad política para enfrentar el problema desde sus raíces. Desde ONATRATE hasta el Plan RENOVE, desde la creación de la OITT, hasta la OPRET, todas las políticas y planes han estado signados por la corrupción y el fracaso.

Sin embargo,  hay que reconocer que durante este último gobierno de Leonel Fernández, el transporte que ya era caótico e ineficiente, no sólo ha empeorado, sino que se ha convertido en un gran dolor de cabeza para usuarios y para el público en general.

El 19 de octubre de 2005, escribí un breve articulo titulado “¿Cual es su intención Sr. Presidente?”[1], donde comenzaba tempranamente a cuestionar el proceso de “rotulación” decidido por el Presidente con el supuesto de ahorrar energía. Intentaba prevenir al gobierno que esta medida no haría más que racionar el deficitario transporte para reducir su oferta y permitir así un mayor poder de mercado por parte de los sindicatos; lo que a su vez se traduciría en una pérdida considerable de calidad del servicio en perjuicio de los usuarios. Anunciaba también, que las medidas de ahorro serían totalmente ineficientes, un fiasco.

Posteriormente, el 01 de noviembre de 2005 escribía un segundo articulo, un tanto más extenso, llamado “Muchas Gracias Señor Presidente”[2]  donde, siguiendo la línea del anterior, relataba hechos concretos derivados de aquel proceso la rotulación. Decía, cito [Gracias al proceso de rotulación que usted impuso, la mitad de la ya deficitaria oferta de transporte público no está disponible para satisfacer la creciente demanda de transporte, lo que está provocando importantes aglomeraciones, retrasos, molestias, generando una cultura de insolidaridad, y sobretodo restando competitividad al país.]

Describí en aquel artículo el fenómeno de cómo los chóferes se han aprovechado al máximo del racionamiento por múltiples vías, y advertía: [Un país sin transporte público y colectivo no puede hacer un uso eficiente de sus recursos, sobretodo no puede aprovechar su capital humano.  Sin transporte colectivo, no puede haber eficiencia, mucho menos puede haber ahorro de combustible. Si usted destruye, señor Presidente, el ya deficiente transporte colectivo que existía, los ciudadanos van a verse obligados a utilizar otros mecanismos de transporte más costosos y que ahorran menos combustibles.  Se comenzarán a utilizar más los taxis (que son más costosos), y además de todo, estará incentivando que la gente recurra a comprar vehículos, que son soluciones individuales que simbolizan una presión mayor al ya reducido presupuesto familiar. ]

En el mismo artículo le recomendé al Gobierno lo siguiente, cito: [Tal vez pudo no apresurarse por medidas cortoplacistas y explorar soluciones más reales al problema. Quizás incidiendo positivamente sobre el transporte para hacerlo más colectivo y menos costoso (inversamente a su esfuerzo actual) estaría ahorrando mucho más…]

Si así es, las últimas medidas tomadas para “regular” el sistema de transporte y que ahora cumplieron un año sólo han contribuido para empeorar mucho más la crisis permanente del transporte. Las medidas han beneficiado únicamente a los sindicatos y a los chóferes que les han otorgado mayor poder sobre los usuarios. El riesgo de crisis es aun mayor. Lo resultados son evidentes.

Si el lector quiere comprobar la realidad del transporte ahora, basta con recorrer a pie alguna de las calles principales del país, particularmente la 27 de febrero, la Máximo Gómez o la Duarte. Que una huelga de guaguas generara semejante crisis, como recién aconteció, es un indicador irrefutable del poder de los cárteles del transporte y de la vulnerabilidad del sistema.

El Estado, desarticulado e impotente, no tiene ninguna capacidad de respuesta; el Gobierno, sin voluntad ni visión, se concentra en su empecinamiento caprichoso: el Metro.

¿Que es lo que falta?

Lo que falta realmente es una política de Estado clara y bien diseñada, y sobretodo la voluntad necesaria para implementarla. Esta política de transporte debe abarcar al menos los siguientes aspectos:

Papel del Estado. El Estado debe ocupar su papel como regulador y garante del sistema de transporte público. Debe tener una política clara y tener capacidad logística de garantizar el servicio.

Colectivización. El transporte también debe ser colectivizado. El Estado dominicano (como casi todos los Estados del mundo) debe proveer un servicio masivo que permita combatir el monopolio privado, disminuya los precios a través de la competencia y la eficiencia, mejore la calidad, la seguridad y la comodidad del servicio; aumente la cobertura y garantice sostenibilidad ambiental y económica.

Combatir los carteles. Los cárteles de propietarios deben ser proscritos y combatidos penalmente. Si algún sindicato deberá crearse será el sindicato de trabajadores del transporte que agrupe a los trabajadores.

La iniciativa privada. La iniciativa privada en la provisión de servicio del transporte debe ser estimulada, pero bajo regulaciones estatales, y en consistencia con los objetivos de desarrollo de la Política Nacional.

Visión de derecho. Por la importancia que ha adquirido este servicio, tan básico como la energía eléctrica, el agua o la telefonía, el transporte está siendo considerado un derecho del ciudadano, una condición básica para garantizar una vida en dignidad, y por tanto, un deber del Estado como garante del bien común.

Gestión de eficiencia. La nueva política de transporte debe garantizar el servicio con suficiente calidad, deberá explorar mecanismos de gestión no solo transparentes, sino innovadores. La gestión del servicio no puede ser deficitaria, se deberá subsidiar únicamente hasta lo correcto y justificable.

Integralidad. La política nacional debe considerar el transporte integralmente, y trabajar en el Sistema como un todo. Debe prestar atención a la regulación y ordenamiento del tránsito, debe trabajar el tema de la infraestructura (vialidad y asfaltado es importante) de prestar atención a la política urbana, por ejemplo. Hay que prestar atención al transporte interurbano; pero, sobretodo lo imprescindible es reconocer la necesidad de usar diferentes medios de transporte para diferentes casos y combinarlos. No sólo se hace necesario combinar transporte aéreo, terrestre y marítimo, sino que en el transporte terrestre se necesario saber combinar transporte ferroviario, transporte en autobuses y en mini-buses, por ejemplo.

Dispersión. Para implementar la nueva política de transporte se hace imprescindible crear un instrumento ejecutor. Ese nuevo instrumento requiere combatir la dispersión y la superposición de funciones del régimen institucional actual. Hoy contamos con una maraña de instituciones oficiales vinculadas al transporte como son: la Oficina Técnica de Transporte Terrestre OITT, la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA), la Oficina Presidencial para el Reordenamiento del Transporte (OPRET), la Autoridad Metropolitana de Transporte Terrestre (AMET), el Departamento de Tránsito de la Policía Nacional, la Dirección General de Tránsito Terrestre DGTT de la SEOPEC, entre otras instituciones más (no dude usted la existencia de varios asesores presidenciales y varias comisiones sobre el tema). Pero ninguna de las instituciones actuales funciona. La creación del Ministerio de Transporte, como existe en varios países (p,e: Ministerio De Transporte Y Obras Públicas del Uruguay, el Ministerio del Transporte de Cuba, el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones de Chile, los Ministerios de Transporte y Comunicaciones de Venezuela y de Perú, de mismo nombre y el Ministério dos Transportes del Brasil) pudiera ser una clave importante en ese proceso.

Participativa y Descentralizada. Para combatir la burocratización, la corrupción y otros males previsibles, es necesario desarrollar también una amplia participación de la comunidad en la definición y condiciones de funcionamiento, así como en la implementacion de la política de transporte. La co-gestión deberá ser un principio importante en ese proceso. La participación de las comunidades y de los municipios en la provisión y administración del servicio de transporte público debe ser también priorizada.

Estas son las líneas que considero importantes seguir para definir la necesaria política nacional de transporte que permita superar el cuello de botella y dote al país de un sistema de transporte que apuntale el desarrollo. Para definir una política que supere el clientelismo y el “cotroplacismo”, sin embargo, se requerirá de bastante voluntad política y compromiso social, que las elites que gobiernan actualmente no poseen.

¿Y el Presidente y su Gobierno?

Bien gracias; porfiando con Danilo sobre su reelección. 

¡Construyamos la alternativa, que se vayan todos!

- H. Galván es miembro del Centro de Investigación Económica para el Caribe (CIECA)
http://www.cieca.org/