Porto Alegre.- Los asentamientos promovidos por el gobierno federal, en vista de la lentitud del proceso y de su precariedad, no contemplan a las familias del campo que, después de vender su modesto patrimonio, van en busca de empleo y mejores condiciones de vida a las grandes ciudades, donde terminan, generalmente, como mano de obra barata para servicios que no requieren capacitación profesional. Las confrontaciones en el campo ya comienzan a desestabilizar la paz social basada en la miseria pasiva. La nueva etapa ya empezó, por medio del accionar "natural" de las "soluciones" policiales y judiciales para criminalizar al MST (Movimiento Sin Tierra). Los mecanismos de la justicia común, basados en la legislación civil y penal en vigor, son, sin embargo, inútiles para resolver esas contiendas. Ellas no son simples conflictos de posesión, sino verdaderos conflictos sociales de envergadura histórica. Aplicada esa legislación de forma mecánica contra el MST, como si el movimiento fuese una simple acción de un grupo de individuos "contra la propiedad", la crisis en el campo se va a agravar. El conflicto hace mucho dejó de ser una mera contienda sobre el derecho teórico de propiedad - pura cuestión de naturaleza civil- y se tornó social y político. Por lo cual, las acciones colectivas demandan el cumplimiento sustantivo de la Constitución democrática: la extensión del derecho de propiedad para un mayor número de personas, siendo que su ejercicio es fundamental para la sobrevivencia del propio tejido familiar. Se trata, por tanto, del propio sentido democratizante, antifeudal, en el seno mismo de la revolución burguesa -la misma que sanciona la propiedad como dogma y el derecho a ella como su programa histórico. Un proceso totalmente incompleto en nuestro país. Ese "filo de navaja" doctrinario es un pequeño espacio en que derecho y política se funden y apuntan a situaciones que solo pueden ser enfrentadas por verdaderos jefes de Estado. Es un estatuto que, aunque dotado de valor político diferenciado, puede ser expresado por cuadros dirigentes de cualquier ideología. Nixon lo hizo cuando reconoció a la nación China. Fidel también, cuando promovió la visita del Papa. Orden de todos En el caso de los sin tierra, el gobernante común y mandatario de las oligarquías interpondrá la ley como instrumento de coacción contra el movimiento social, criminalizándolo. El verdadero jefe de Estado, en cambio, tratará de articular legalidad y política, fundado en principios de ética pública, tratando al conflicto como social y de interés público. Ese jefe de Estado actuará en nombre de tres principios constitucionales, que deben inspirar la interpretación de las leyes: la obligatoriedad de la reforma agraria, la primacía de los derechos sociales y la función social de la propiedad. Todos son plenamente deducibles de la Carta Constitucional del 88 y amparan, por su carácter mandatario y programático, a cualquier presidente, independientemente de su ideología. No se trata de "politizar" la policía o el poder Judicial por acciones de Ejecutivo, sino de "despolitizarlos", ya que en las situaciones de crisis, son ordinariamente colocados al servicio de minorías sociales poderosas. Se trata de hacer que esas instituciones fundamentales del Estado de derecho participen del orden constitucional -comprometido con principios programáticos, y no apenas con la imposición de sanciones y represión a los excluidos de la sociedad formal. Se debe, pues, tratar al orden jurídico como orden de todos, no simplemente como sistema de normas que sustenta el derecho de pocos. Esa es la verdadera forma de luchar contra la violencia en el campo y de legitimar el derecho sobre la propiedad, que, por ser productiva, cumple con su función social prevista en la Constitución. Criminalizar al movimiento social, lanzar a sus líderes a la clandestinidad, cerrar los ojos ante las milicias privadas, es escoger el camino de Colombia. Ahí, una guerra armada de clases, que ya dura más de 30 años, tornó al país en un paraíso de las drogas y colocó no algunas, sino todas las propiedades en la inseguridad absoluta. Sin embargo, no es difícil entender lo que Fernando Henrique señala con la nominación de Renán Calheiros como ministro de Justicia. Terso Genro, fue prefecto de Porto Alegre (RS) de 1993 a 1996.