La escalada de tensiones que se verifica entre Uruguay y Argentina es insólitamente difícil de apaciguar, por más buenos oficios que intente el rey de España, Juan Carlos, por intermedio de su enviado especial que visitó el domingo Montevideo, se reunió el lunes con el presidente Tabaré Vázquez, y viajó inmediatamente a Buenos Aires, a fin de proponer – se supone – una mesa de diálogo que tendría lugar en Madrid.

En la base del acuerdo, según se desprende de algunos trascendidos de prensa, estaría un planteo que determina concesiones de las dos partes parecidas al acuerdo logrado por los presidentes Vázquez y Kirchner, que estaría basado en lo previo un levantamiento del corte de rutas, paralelamente a una suspensión transitoria de las obras en la empresa Botnia.

Temas muy caros y difíciles de digerir para los dos gobiernos: el uruguayo, porque se ha negado ya a adoptar esa medida que implicaría – según su visión – una injerencia en decisiones que son “propias de las empresas”, y en el argentino, que ha declarado hasta el cansancio que no actuará en contra los piqueteros “ecologistas” que siguen cortando los accesos a Uruguay.

Sin embargo hoy el escenario parece distinto, pues se ha modificado totalmente por el crecimiento de las tensiones y la evidencia que la actual situación de enfrentamiento no le sirve a ninguno de los dos países, que no pueden seguir en esto, ni a la propia empresa finlandesa, que ve encarecida la provisión de suministros, por no poderlos pasar por territorio argentino y tiene vedado, además, utilizar para su producción la riqueza forestal existente en la provincia de Entre Ríos, grave perjuicio que han comenzado a evaluar los técnicos ecónomos de la misma.

Según el diario La Nación de Buenos Aires, que ha tenido acceso a una fuente española, al parecer, hay algunas ideas subsiguientes que son parecidas a las que se han adoptado en Chile por una planta elaboradora de celulosa que motivó la exasperación de poblaciones indígenas, que determinó la construcción de un acueducto de desagüe de decenas de kilómetros, que llevaría – en este caso - los deshechos de Botnia lejos de la zona conflictiva.

Por otra parte otra idea que se maneja – según la prensa argentina – también de índole psicológica, es que, con el fin de atenuar el discutible “impacto visual” y que la planta logre el “permiso social”, se planten especies forestales de altas dimensiones que disimulen a la distancia (zona balnearia de Gualeguaychú) la presencia de la indeseada planta. Las dos iniciativas, ingenuas luego de un elemental análisis técnico, deberían ser costeadas en cooperación por los gobiernos de Uruguay y Argentina. Ingenuas en lo técnico, pero quizás de funcionar en lo político, que sean bienvenidas.

Si esas son las condiciones para poner punto final a una situación de este voltaje, es evidente que sería adecuado que imperara la buena disposición negociadora y las mismas ser aceptadas por los dos gobiernos. Es de esperar que la gestión del enviado del rey Juan Carlos prospere, que no se produzcan nuevas interferencias que pongan trabas al necesario camino de negociación que es el único, más allá del éxito legal que reiteradamente está obteniendo la posición uruguaya en los tribunales internacionales de más alto rango, para encaminar una solución definitiva al diferendo.

Lo que ha dejado perplejos a muchos analistas es el innecesario incremento de las tensiones provocadas por las intervenciones verbales, que tuvieron origen en el presidente argentino Néstor Kirchner ante la imprevista, sorprendente movilización militar ordenada por el gobierno uruguayo.

Fueron palabras, quizás desmedidas, demasiado duras, que no sirven para abonar el camino de la negociación a que Argentina parecía estar dispuesta al pedirle al Rey Juan Carlos que actuara en el tema. Ahora los hechos, como en una vorágine imparable, se comenzaron a suceder, porque los sectores más radicalizados, sin importarles las posiciones de las mayorías, han ganado notoriedad.

El grupo “piquetero” que corta el puente que une la ciudad de Colón con la de Paysandú, es un grupo minoritario, cuyas posiciones siempre habían sido derrotadas en las asambleas de vecinos de esa ciudad, reacias a cortar la comunicación con Uruguay. Ahora, abonadas por la caliente relación con Uruguay, se animaron a desconocer la posición mayoritaria, a revelarse contra sus vecinos y a adoptar una medida que echa más leña a la incandescencia absurda que derrumba cada día un poco más la relación entre los dos países.

Realmente debería ser de buen recibo la gestión de acercamiento que inicia el embajador Juan Antonio Yánez, tarea encomendada por el Rey de España, tratando de evitar un mayor agravamiento en la relación, camino que de fracasar determinaría que será muy difícil la prosperidad anunciada para los habitantes de la zona de Fray Bentos, por la incidencia económica que tendrá en la zona la actividad de esa empresa multinacional.

Una planta continuamente jaqueada, con caminos de proveedores cortados, centro de polémicas y disputas, es muy difícil que se pueda convertir en un centro productivo modelo que le daría trabajo a cientos de fraybentinos e incluso absorbería parte de la producción maderera de la provincia de Entre Ríos.

Al actual ritmo de las obras es posible que el año próximo la planta de Botnia ya esté produciendo celulosa. ¿Pero estos empresarios hasta cuanto estarán dispuestos a mantenerse firmes ante las presiones argentinas, la segunda potencia económica del continente, las que no solo tienen un componente simbólico, sino que significan una limitante importante para la producción de la planta? ¿Y el costo que debe pagar el pueblo uruguayo no será demasiado alto para defender esta inversión extranjera, especialmente si el mismo significa una rispidez continua con Argentina y un menoscabo del propio MERCOSUR?

Y ese costo, ¿será solo consecuencia del radicalismo de los “piqueteros” de Gualeguaychú y Colón o también de errores en la conducción política de la relación entre los dos países?

El camino emprendido por Uruguay ante los organismos de Justicia internacionales, el ecuménico Tribunal de La Haya y el más modesto, Tribunal de Controversias del MERCOSUR, ha sido exitoso, mostrando que en ese nivel la posición del país está ajustada a derecho, que de acuerdo a los cuidados que se tiene en su construcción la cuestionada planta no provocará ningún tipo de agresión al medio ambiente, lo que fue el caballito de batalla de los agresivos “ecologistas” entrerrianos, a quienes se sumaron en un primer momento organizaciones con el prestigio de Green Peace, que ahora metió violín en bolsa y desapareció de la zona.

Sin embargo, cuando ante un nuevo pedido de intervención de ese Tribunal al que Uruguay le solicitó una medida cautelar, ante el agresivo corte de ruta practicado por el grupo de “piqueteros” entrerrianos, decisión que sería de aplicación obligatoria para el gobierno argentino que, de no hacerlo, quedaría ante el mundo desacatando el máximo tribunal de controversias existente a nivel mundial, habiéndose incluso fijado las audiencias para dentro de unas pocas semanas, el clima de improviso se enrareció innecesariamente llegando en estos momentos a estar en los más bajos niveles de la relación entre los dos gobiernos, pese a que en la formalidad diplomática ninguno de los países ha adoptado medidas, como podrían ser el “llamado a consultas” de su embajadores, etc.

El crecimiento de la tensión sirvió para que el triunfo en la Liga (Corte de La Haya) que indefectiblemente obtendría Uruguay, se vea ahora cuestionado por una situación distinta. No parecería claro que los jueces internacionales adoptaran un recaudo drástico en un marco de tensión como el que se está viviendo y ahora, no es seguro, que su resolución sea una medida cautelar de cumplimiento obligatorio para la Argentina, sino más bien una exhortación de buenos oficios.

Las cancillerías de los dos países se han limitado, por su parte, a enviarse recíprocas notas de protesta, llegándose a colmo de que el ministro Jorge Taiana, en otra insólita y provocativa misiva oficial agresiva, “aconsejó” a Uruguay no enviar más notas de protesta al Palacio San Martín, aduciendo que las mismas trataban de desenfocar el problema del eje de la discusión que estaba en el incumplimiento de nuestro país del Tratado del Río Uruguay.

A ese hecho, formal y absurdo, se suman las declaraciones de distintos funcionarios argentinos que tocando los mismos acordes que el presidente Kirchner, acusan a Tabaré Vázquez, de intransigencia y de negarse al diálogo.

Ese es el marco en que el embajador Juan Antonio Yánez puso en marcha sus buenos oficios de mediación, a nombre del rey Juan Carlos, en una negociación que debe sortear ahora dificultades mayores a las que existían cuando el monarca español aceptó, a pedido del presidente argentino, la difícil tarea de acercar a los dos gobiernos.

Es una lástima que este camino se vea ahora obstaculizado por una escalada de declaraciones y una tensión binacional que servirá, obviamente,

para enlentecer la relatividad que tiene el tiempo para llegar a su punto final.

- Carlos Santiago es periodista.