El destape noticioso de las relaciones entre políticos y paramilitares ha levantado una ola de justa indignación. Los medios pueden contribuir a que las responsabilidades individuales y colectivas no acaben por diluirse en un espectáculo sin consecuencias para el país. Para ello es indispensable el ejercicio de un periodismo analítico, ponderado y reflexivo, que contraste con la cacería de brujas y el oportunismo político. Por eso sorprende que el interés de los medios se centre más en las sindicaciones de los criminales o en la censura moral, y no en las consecuencias políticas de las decisiones judiciales. El efecto político más importante de la defensa del estado de derecho por parte de la Corte Suprema de Justicia es una crisis de gobernabilidad que muy seguramente nos llevará a una reforma constitucional del sistema de gobierno.

La crisis de gobernabilidad es una consecuencia ineludible de la privación de la libertad y del procesamiento penal a un creciente número de congresistas. Si faltan tres, ello no afecta permanentemente la votación. Pero si ese número se quintuplica, como es previsible, la conformación de las mayorías políticas en el Congreso se difumina. La solución formal de reemplazar a principales por sus suplentes carece también de legitimidad. Esto porque la elección de unos y otros se encuentra viciada al haber sido producto de la intimidación y de la fuerza.

Un posible escenario es entonces la convocatoria a un referéndum o un plebiscito para revocar el actual congreso y elegir uno nuevo, incluso bajo la fórmula de un cambio de forma de gobierno, pasando de un sistema presidencialista a uno (semi-)parlamentario. Ya el ex presidente López Michelsen le ha señalado el camino al presidente Uribe. Y es difícil que en plena crisis de gobernabilidad, sin posibilidad de aprobar proyectos de ley, el Presidente no vea la opción de repartir de nuevo el naipe político como una tabla de salvación. Más si en ese peligroso reparto puede salir ganador al asegurar su continuidad en el poder. Este estado de cosas no solo es posible, sino probable si Corte Suprema y Fiscalía van hasta el fondo en la investigación y condenan el matrimonio de políticos y paramilitares o guerrilleros.

Otro escenario deseable consiste en la profundización de investigaciones judiciales que revelen la ilegitimidad de las elecciones en parte o todo el país, tanto en los años 2002 como en el 2006. La pregunta es qué porcentaje de los congresistas elegidos lo fueron gracias a los dineros y la coacción de los grupos ilegales. La tardanza de los procesos penales puede impedir una respuesta a ese interrogante en este cuatrienio. Más aún si el avance en las investigaciones implica el aumento de la ingobernabilidad ante las bajas uribistas. Pero, por ello, no podemos desanimarnos. De hecho quienes no estamos involucrados con grupos irregulares, ni nos hemos favorecido de su accionar, rechazamos ser representados por beneficiarios de los cultores de la violencia. Eso vale por sobre todo para el Presidente –-qué pasó con las investigaciones contra su hermano por la conformación de grupos paramilitares–-, sus embajadores –-con sus cómplices acciones y omisiones-– y funcionarios de todos los niveles. No olvidemos que fue el primer mandatario quien salió en defensa del ahora prófugo ex director del servicio de seguridad del Estado. La estrategia del retrovisor se revela ahora como una justificación anticipada de lo que posiblemente vendrá.

Lo que no nos destruye, nos fortalece. Necesitamos conocer toda la verdad sobre los vínculos entre políticos y paramilitares. Pero, además, necesitamos que las conductas de los actuales servidores públicos beneficiarios de esas relaciones peligrosas no queden impunes. Todos los ojos recaen ahora en la Fiscalía y la Corte Suprema de Justicia. No por temor a las consecuencias políticas de sus decisiones debe limitarse su accionar. Si bien la gravedad de las sindicaciones amerita un examen exhaustivo y científico de las pruebas, la indefinición de los procesos judiciales puede llevar al resquebrajamiento de la débil institucionalidad que aún nos queda. La inestabilidad política no procede de ahondar en la verdad sino en esconderla. Del esclarecimiento de la verdad y la atribución de responsabilidades el país entero saldrá favorecido. De hecho esta catarsis sería el primer paso para salir finalmente del estado de naturaleza en que vivimos y para aprender a apreciar la vida en civilidad bajo el respeto de la legalidad.

- Rodolfo Arango es profesor Universidad Nacional de Colombia.

Fuente: Corporación Viva la Ciudadanía. Semanario Virtual Caja de Herramientas
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