La duodécima Conferencia Internacional Anticorrupción, de la muy conocida Transparencia Internacional, se realizará durante esta semana en nuestro país. Curiosamente, es bastante previsible que las primeras planas de los diarios más importantes destaquen la escandalosa corrupción que persiste en nuestro país. Quizá sea menos vulgar que los sonados casos de “irregularidades” cometidos durante el gobierno anterior, dirigido por el ex Presidente Alfonso Portillo, quien dicho sea de paso, hace malabares jurídicos para evitar su captura y posible extradición desde México.

Y es que motivos para pensar en que la corrupción le ha ido ganando la batalla a la transparencia hay de sobra. En nuestro país hay corrupción de diferentes tipos y modalidades. Desde la conocida costumbre de los agentes de policía que reciben pequeñas cantidades de dinero, hasta los casos donde se señala a altos funcionarios recibir generosos depósitos monetarios en sus cuentas bancarias a cambio de asignar obras y proyectos. También hay corrupción cuando a cambio de ciertos favores, se reciben u otorgan algunos privilegios que no implican transferencias bancarias. Así, los casos más visibles en los últimos tres años han estado centrados en el Congreso de la República, aunque no con exclusividad.

La crítica más fuerte ha sido contra el presidente de ese organismo, Jorge Méndez Herbruger, de quien se ha dicho mucho y se ha investigado poco. Por ejemplo, que otorgó más oficinas, plazas para secretarias, asesores y demás personal, para aquellos partidos que le favorecieron con su voto para reelegirse el año pasado como presidente del Congreso. También se ha dicho que como muestra de su agradecimiento hacia los diputados que votaron por él, autorizó numerosos viajes al extranjero con dinero del Estado. Poco o nada ha hecho el Ministerio Público para investigar este tipo de corrupción, lo cual podría tener la simple explicación de que al frente del MP, está Juan Luis Florido, un insípido funcionario quien, además de haber sido puesto allí por el Presidente de la República por ser parte del partido oficial, también fue compañero de bancada de Méndez Herbruger.

Así, al presidente del Congreso se le conoce como alguien dispuesto a quedar bien con quienes son sus amigos. Con dinero ajeno, claro está. En ese contexto es que ha sido tratado el último de los escándalos en el Congreso que involucra a otros tres diputados del partido gobernante. Resulta que los congresistas. Jaime Martínez Loaiza, Waldemar Barrillas y Virna López, se fueron de viaje a París, Francia, supuestamente como invitados a participar en un evento que, en realidad no existía. Haciendo uso de una carta falsificada de una entidad internacional, el presidente del Congreso les autorizó el viaje por siete días con todos los gastos pagados. Cerca de 25 mil euros para cada uno, algo así como Q136 mil en total.

El asunto encierra desde luego varias preocupaciones para el desarrollo democrático de nuestro país. El más notorio es sin duda, la continuidad de una practica perversa que ha impedido el fortalecimiento institucional en nuestro país, como lo es la corrupción. Por que a estas alturas a nadie le queda la duda que este viaje, responde a una modalidad de corrupción. Sobre todo por las absurdas e insultantes explicaciones que los congresistas y Méndez Herbruger han ofrecido.

Una vez descubierto el paseo de los diputados y convertido éste en escándalo, los diputados ya en Francia se aprestaron presurosamente a ofrecer la devolución del dinero que habían recibido. Seguramente en busca de reducir las críticas y aminorar la vergüenza. Pero es como sorprender aun carterista con la billetera ajena en la mano y ofrecer su devolución a cambio de ir a prisión. Lo cual es absolutamente inaceptable, porque además de la devolución, el proceso penal es lo que debiera proceder. En el caso de los diputados la situación no debiera ser distinta. A ellos se les debe investigar y castigar. Y este procedimiento, completamente adecuado, no debiera interpretarse como un linchamiento político, o un intento por desacreditar al partido de gobierno, particularmente por dos motivos.

El primero de ellos porque sentaría el antecedente de que todas las acciones de corrupción tiene un castigo, para que lo entienda todo aquel ciudadano o ciudadana que aspire a ocupar un puesto de elección. Y segundo, porque no tiene mucho sentido meterse en la tarea de hacerle desprestigio a un partido, como el oficial, que se encuentra en por el piso. Sin candidato presidencial idóneo, sin ningún espacio en la próxima Junta Directiva del Congreso, con las fuentes de financiamiento diezmadas, sin grandes logros que mostrar a la ciudadanía y, sobre todo, con fracasos constantes en la lucha contra la corrupción.

En este escándalo con el que se despide Méndez Herbruger de la presidencia del Congreso, también daña la institucionalidad del parlamento, por cuanto profundiza la desconfianza de la ciudadanía hacia el espacio que, en el ideario democrático, debería representar a todos los ciudadanos. Igualmente preocupante sería que las autoridades encargadas de perseguir penalmente a los responsable de este escándalo, se queden con los brazos cruzados o intenten aparentar una investigación con claros propósitos de dejar en la impunidad el asunto. Y es que no se trata solo de la toma de dinero del Estado, que ya es suficiente para ir a prisión, sino también de haber falsificado la firma del presidente de la entidad internacional que se supone realizaría la actividad en Paris.

Los castigos contra este tipo de prácticas debieran ser no solo morales, sino también penales y políticas. Por ejemplo, sería muy sano y ejemplar que el partido oficial dejará fuera de la lista de candidatos a diputados a estos tres congresistas viajeros y, por qué no decirlo, también a Jorge Méndez.

Desde luego que este es un solo caso de muchos. Porque lo mismo debiera ocurrir en todos los partidos. Porque de los escándalos de corrupción y delitos ninguno se salva. Hay quienes incluso están señalados de ser miembros del crimen organizado, entiéndase, grupos de sicarios, narcotraficantes, tramitadores de adopciones, robo y venta de combustible, contrabando y muchos otros delitos. Estamos convencidos de que si este procedimiento de castigos penales y políticos se siguiera, muy probablemente ninguno de los actuales diputados repetiría en el siguiente periodo, por muy dramático que esto parezca para nuestra incipiente democracia.

- Erwin Pérez es analista de Incidencia Democrática


Fuente: Incidencia Democrática (Guatemala)
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