Medellín

Formular propuestas de políticas públicas de carácter nacional, dirigidas tanto al Estado como a las organizaciones sociales y a la ciudadanía, es el sentido que la Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo le dio a su cuarto informe de gestión pública y derechos humanos del gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez, presentado la noche del pasado 7 de noviembre en Bogotá bajo el nombre "Deshacer el embrujo, alternativas a las políticas del Gobierno de Álvaro Uribe Vélez".

Las organizaciones no gubernamentales que integran la Plataforma y otras voces especializadas trascendieron el tono de denuncia dado a las tres publicaciones anteriores, conocidas como “El embrujo autoritario”, “Reelección: el embrujo continúa” y “Más allá del embrujo”, y se propusieron en esta ocasión realizar un aporte analítico a la construcción de una agenda social incluyente a partir de los 37 artículos, reunidos en cuatro capítulos, que integran el texto.

En el análisis de la gestión del primer periodo de gobierno de Uribe Vélez (2002-2006) participaron diversas personalidades políticas y académicas, entre ellas el ex ministro Juan Camilo Restrepo, el senador Luis Élmer Arenas, el especialista en medios de comunicación Omar Rincón y el investigador Gustavo Duncan.

¿Cómo deshacer el embrujo?

A la pregunta de cómo deshacer el embrujo, la Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo se dio a la tarea de buscar respuestas entre sus organizaciones asociadas y otras voces especializadas. Las diversas propuestas formuladas surgen luego de que los analistas evaluaran la gestión de gobierno del presidente Uribe en aspectos económicos, políticos, sociales, culturales y educativos, entre otros.

En materia de derechos humanos, la Comisión Colombiana de Juristas, al referirse el proceso de desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia, recomienda que las violaciones a los derechos humanos o infracciones al derecho internacional humanitario no queden en la impunidad y se respeten los derechos a la verdad, la justicia y la reparación. Por su parte, la Asamblea Permanente de la Sociedad Civil por la Paz insistió en la necesidad de buscar una salida negociada al conflicto armado y en alcanzar un acuerdo humanitario con las FARC.

La Coalición contra la Vinculación de Niños y Niñas al Conflicto Armado en Colombia le plantea al Estado la necesidad de realizar "las acciones necesarias para la suscripción de acuerdos humanitarios que permitan, entre otras muchas cuestiones, la desvinculación de niños y niñas que hacen parte de las hostilidades".

Iván Cepeda Castro, director de la Fundación Manuel Cepeda Vargas, que aboga por el derecho de las víctimas del conflicto, advierte que las políticas elaboradas por el gobierno del presidente Uribe para atender las necesidades de las comunidades víctimas de la violencia son incompatibles con la legislación y subraya la necesidad de que “se comiencen a diseñar instrumentos legales y políticos que permitan garantizar la no repetición definitiva de crímenes contra la humanidad en Colombia”.

El senador Élmer Arenas cuestiona la política militar del presidente Uribe y propone la conformación de una sola fuerza con las fuerzas militares que hoy existen en el país siguiendo, según él, la tendencia de la mayoría de los ejércitos en el mundo, “donde las fuerzas existentes pasan a ser grupos especializados dentro de ese ejército”.

En materia económica, se plantean varias iniciativas. Una de ellas es la del ex ministro Juan Camilo Restrepo, quien sugiere aplicar en el país una reforma tributaria estructural para el país que esté acompañada de una carta de derechos y deberes del contribuyente que le dé seguridad jurídica a la tributación.

En el ámbito social, la Campaña por el Derecho a la Alimentación de la Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo propone una política pública al respecto de la seguridad alimentaria que garantice, como principios fundamentales, “la disponibilidad, el acceso, la calidad de los alimentos y su aceptabilidad cultural”. Para lo cual se requiere, según este Colectivo, “una adecuada política de reforma agraria integral que logre la democratización y redistribución de la propiedad rural”.

El tema de la salud también fue tenido en cuenta en este análisis y luego de hacer un diagnóstico, en el que este sector se raja gravemente, la Corporación para la Salud Popular propone una reforma estructural del sistema de salud articulada a un nuevo sistema de seguridad social integral, “que incluya una visión integrada de la protección social universal, comenzando por el trabajo, la educación y la vivienda”.

En cuanto a la educación, Jaime Saldarriaga y Adrián Marín, de la Corporación Región, sugieren replantear las estrategias de calidad y pertinencia, revisar los indicadores educativos existentes en clave de equidad y considerar la inversión pública y privada en el sector; así mismo, proponen desarrollar indicadores como la tasa efectiva de escolarización, alcanzar un acuerdo sobre los componentes de la calidad educativa y estructurar una política nacional de gratuidad.

En El embrujo autoritario, Reelección: el embrujo continúa y Más allá del embrujo, se aborda el tema de los medios de comunicación y el papel cumplido durante la presidencia de Uribe Vélez. Tanto Omar Rincón, especialista en temas comunicacionales, como Juan Diego Restrepo E., de la Estrategia de Opinión Pública del Instituto Popular de Capacitación (IPC), coincidieron en señalar la necesidad de democratizar los medios de comunicación.

En ese sentido, Rincón propone la “ampliación de la esfera pública, para diversificar las voces y versiones comunicadas, y evitar el unanimismo fundamentalista del Presidente”; as su vez, Restrepo plantea dos ideas que, según él, se deben comenzar a discutir públicamente: “la financiación de los medios de comunicación comunitarios y públicos, y el respaldo jurídico para afianzar su ejercicio comunicacional”.

En resumen, en este cuarto análisis de la Presidencia de Álvaro Uribe Vélez, las organizaciones no gubernamentales decidieron jugársela por un esquema propositivo en búsqueda de consolidar una agenda social incluyente que sirva de insumo en la búsqueda de mejorar las graves situaciones de pobreza, marginalidad e inequidad que afronta el país.

Fuente: Agencia de Prensa IPC
Medellín, Colombia
www.ipc.org.co