En el Senado de la República de Colombia, cursa el proyecto de ley 30S o ley estatutaria de desarrollo rural, éste proyecto de origen e iniciativa gubernamental, contrasta totalmente con el proyecto de ley general agraria o 99S de origen e iniciativa campesina e indígena que presentaron las organizaciones campesinas al Congreso a través de la bancada del Polo Democrático Alternativo, que a su vez los endiosados terratenientes de la Comisión Quinta se han negado a cumular argumentando que el proyecto campesino había sido radicado demasiado tarde, pero en realidad es una argumentación que se esconde detrás de una máscara, la del latifundio y mafiosos paramilitares que se han robado las tierras de millones de campesinos desplazados violentamente.

Como lo han denunciado las organizaciones campesinas e indígenas, “el proyecto de ley 30S tiene un carácter antinacional que atenta contra la Soberanía y seguridad alimentaria, viola los derechos de las comunidades campesinas, indígenas y Afrocolombianas, desconoce la importancia de la producción nacional, la economía campesina, las propiedades y posesiones de los campesinos desplazados, la biodiversidad, la diversidad cultural y étnica”.

El proyecto gubernamental al contrario del de origen campesino, niega toda posibilidad de Reforma Agraria, pues se basa en la libre oferta (persiste en el mercado de tierra, política que ha fracasado como lo prueba la ley 30/88 y 160 del 94), es más bien un proyecto de ley que adecua la institucionalidad a las necesidades que exige el Tratado de Libre comercio TLC, que con la ley forestal y la proyectada ley de aguas, garantizará a las multinacionales y transnacionales apoderarse de los Recursos Naturales; uno de los artículos que abre las puertas a la legalización de los títulos chimbos conseguidos a punta de fúsil paramilitar, es el artículo 123 de la ponencia 155 del proyecto original gubernamental, con lo cual se premia de nuevo a los criminales y latifundista, que por décadas han sacado a los campesinos e indígenas de sus territorios.

También dentro de sus aspectos lesivos se encuentran el relacionado a los posibles beneficiarios campesinos, que tendrán que someterse a proyectos productivos fabricados desde las oficinas de INCODER y ligados a las cadenas productivas de origen excluyente y comprometido con el modelo de aparcería “donde los campesinos juegan de caballo y los terratenientes y el sector financiero juegan de jinete”.

De hecho, el proyecto Gubernamental apuntala las bases hacia un modelo agro exportador, cuyo radio de acción, es la palma africana (3 millones de hectáreas hacia el 2019). Las plantaciones de eucalipto y pino que favorece a la industria maderera, y la siembra de miles de hectáreas en cacao entre otros, pero en lo fundamental como lo hemos denunciado en varias oportunidades, se seguirá manteniendo y aumentando la reconcentración de la propiedad de la tierra en el país, donde un manojo de propietarios poseen más de 49 millones de hectáreas, que esperan venderlas al mayor apostador (transnacionales), no por su valor productivo, sino por su valor especulativo basado en el desarrollo de megaproyectos estratégicos, que se desarrollarán alrededor de tales posesiones.

El proyecto Uribe – Arias, no quiere dejarle chance a los campesinos e indígenas en la recuperación de la tierra, pues se criminaliza cualquier intento de recuperación directa de la tierra, en ese sentido, los artículos III y 57 del mencionado proyecto, que amenaza no adquirir aquellos predios, que según los gobernantes perturben el orden público y generen “violencia”, es tratar de arrebatar un legítimo derecho a exigir en forma directa lo que se ha negado al campesinado históricamente “el derecho a la tierra”.

Teniendo entonces clara la situación y en vista de que el Gobierno nacional ha solicitado trámite de urgencia a tan lesivo y peligroso proyecto, y la negativa de la comisión V del Congreso a la acumulación de las dos iniciativas (Uribe – Arias – Organizaciones campesinas), es un deber exigir el archivo del esperpento Uribe – Arias, en otras palabras “Archivar la ley para….. ellos.

Por una Colombia sin latifundio

Movilización y resistencia de masas

- Eberto Diaz Montes es presidente nacional de Fensuagro.