Colombia

Negativa gubernamental al acuerdo humanitario no puede significar cierre de soluciones humanitarias

Álvaro Villarraga Sarmiento

03/11/2006

Opinión

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La suspensión por parte del Gobierno nacional de las medidas que facilitaban el inicio de las conversaciones para el acuerdo humanitario de intercambio con las Farc si bien afecta en particular a las víctimas, de fondo responde a la estrategia gubernamental de recuperar la iniciativa política, recurriendo a la opción del llamado a la guerra. Sin embargo, la posibilidad del acuerdo humanitario también reside en la capacidad de presión de los familiares de las víctimas, en el activa movilización interna en su demanda y del apoyo de la comunidad internacional. En tal perspectiva puede contribuir al intenso debate suscitado y la legitimidad de los argumentos y las propuestas esgrimidas ante las autoridades y ante la insurgencia.

El Presidente sobrepone la necesidad militar al principio de trato humano

La orden del presidente Uribe del rescate militar de los secuestrados, inscrito en la reactivación de la ofensiva militar contra la insurgencia, se acompañó de la de movilización general de la Fuerza Pública, lo cual no parece coherente con el tipo de operativos necesarios a emprender frente a las tropas insurgentes en las áreas de guerra y conlleva los riesgos de militarización de la vida civil y de proliferación de hechos arbitrarios contra la población civil que ahora se presentan con demasiada frecuencia. Tampoco la solución reside en el anuncio hecho a su bancada parlamentaria de que visitará las guarniciones militares e irá directamente a las zonas de combate. Pero lo que sí es claro es que se buscará propiciar ataques militares que intensificarán las hostilidades, en medio de altos márgenes de riesgo para los secuestrados y de manera que no cabe incluso asociarlos también a operativos policiales como se anunció.[1]

Pero para responder a esta complicada orden no basta señalar la necesidad de fortalecer la inteligencia, pues es preciso reconocer que en los últimos años los organismos de seguridad y las Fuerzas Militares no han conseguido liberarlos y los principales intentos fracasaron con saldo de víctimas fatales. Por tanto, el reto para el Estado es muy alto. Esto porque los operativos necesariamente militares en primer lugar deben penetrar a zonas de particular control guerrillero, en las cuales la insurgencia en lugares casi inaccesibles moviliza constantemente sus dispositivos. En segundo término deben ubicar y asaltar de manera sorpresiva los campos de concentración que son cuidados con dispositivos especiales, varios anillos de seguridad y la orden hecha pública por mandos de las Farc de recurrir al eventual asesinato en condiciones de indefensión de las víctimas. Y en tercer lugar, cuando lo apropiado es propinar un golpe de mano mediante el factor sorpresa con fuerzas especiales muy eficaces, en estas condiciones es casi inevitable que los operativos militares antes que conseguir el objetivo provoquen la reacción defensiva organizada de los insurgentes.

En las circunstancias de la guerra irregular que se libra en el país resulta demasiado improbable el éxito militar de las tropas oficiales, casi segura la posibilidad de reacción de la guerrilla y su mayor repliegue, a pesar de las notorias dificultades que le implican las capturas en materia de movilidad y de capacidad de reacción en los operativos defensivos. Pero un punto adicional a su favor, advertido por varios observadores, es lo contraproducente que resultó el alarde presidencial anunciando operaciones que por su carácter debían ser planeadas en secreto, desarrolladas con sigilo y conseguidas con paciencia y con golpes inesperados. Por el contrario, paradójicamente las guerrillas están advertidas lo cual los obliga a reaccionar, a la vez que el grado de exigencia para la parte oficial se hace aún mayor y en un entorno político de controversia y razonables cuestionamientos al respecto.

Entonces, el Gobierno atraviesa la difícil prueba de conseguir el rescate militar de la totalidad o de parte significativa de los capturados, lo cual redundaría sin duda en un innegable éxito político y militar, o la de no conseguir rescatarlos o conseguir apenas resultados precarios o, en el peor de los casos, tener fracasos incluso con víctimas fatales dentro de los mismos secuestrados, lo cual derivaría en un estruendoso fracaso político y militar. Uribe ya comprometió su palabra y dio la orden perentoria, a la vez que amplios sectores de opinión nacional e internacional le discuten y se movilizan en rechazo a su posición, pues dan por segura la segunda opción. Por tanto, como se ha dicho, es alto el precio que tiene que pagar e inciertos los resultados, pero lo más grave y preocupante, es que el gobierno sobrepuso la necesidad militar al principio humanitario de trato humano, desconociendo otras opciones menos riesgosas para proteger la inmunidad que reviste a los civiles afectados y a los combatientes capturados, de forma que se consiguiera resolver su situación no por medio de las hostilidades, sino mediante el acuerdo humanitario de intercambio.

El acuerdo humanitario no parece funcional a la estrategia gubernamental

El viraje político adoptado por el presidente Uribe, a partir del acto terrorista sucedido en Bogotá,[2] aunque reiteró la guerra declarada a las Farc hace más de cuatro años y conllevó un leguaje al extremo agresivo, volvió a priorizar la ofensiva militar contra las guerrillas, a pesar de los magros resultados obtenidos. En consecuencia, se ordenó la suspensión de los acercamientos con las Farc y se pone ahora el acento en el rescate militar de los retenidos y secuestrados. De tal forma, se renunció a considerar con importancia en la agenda política el tema de la paz, se echó por la borda el esfuerzo de varios años de ambientación del acuerdo humanitario de intercambio y se anunciaron operaciones militares que ponen en evidente condición de alto riesgo a las víctimas de retenciones y secuestros.

Había sorprendido que el presidente Uribe a partir de su reelección hizo señales y algunas exploraciones y propuestas para adoptar una política de paz y adelantó medidas favorables al logro del acuerdo humanitario. Sin embargo, simultáneamente su mandato estuvo sacudido por la crisis producida en el inconcluso y ambiguo proceso de desmovilización de los paramilitares, por las denuncias de infiltración paramilitar en los organismos de seguridad, varias administraciones seccionales y en el Congreso de la República, por las graves violaciones y los actos de terrorismo que comprometen a agentes del Ejército así como por las disputas y las presiones burocráticas ante el ejecutivo de los partidos y las bancadas parlamentarias uribistas. En medio de estas dificultades el Presidente se jugó de nuevo la carta del llamado a la guerra en el momento en que, precisamente, se debatía en el Congreso sobre la vinculación de parlamentarios con el paramilitarismo, hecho que afecta a los partidos de la coalición de gobierno.

En tales circunstancias, muchas opiniones coinciden en afirmar que el Presidente aprovechó tal atentado, el cual por supuesto es repudiable, para hacer lo que la columnista Salud Hernández, no precisamente afecta a los sectores de oposición, denominó una típica “cortina de humo para tapar el desastre político sucedido durante los dos primeros meses de su segunda administración.” Más aún, según escribió Daniel Coronell en la revista Semana, la ausencia de resultados en el escenario de la confrontación militar “fue reemplazada por la retórica de un discurso dirigido a sus huestes y que no conlleva ningún efecto real en el curso de la guerra”, aunque como lo subraya, lamentablemente sí sacrifica las iniciativas adelantadas para la liberación de los secuestrados.[3]

Pudo influir también de manera importante en la decisión oficial el que Estados Unidos está próximo a definir el Plan Colombia II pero guarda justificadas dudas sobre los resultados obtenidos en la primera fase y se prevé el recorte de la llamada ayuda militar. Pero, además, estaba próxima a llegar al país la comisión de alto nivel del Departamento de Defensa, la Fiscalía y otros entes del Estado norteamericano sostuvo varias reuniones incluida la del Presidente.[4] Al respecto el gobierno pugna por el presupuesto militar pues a la vez aspira a conseguir la aprobación de una nueva reforma tributaria que cubra el presupuesto requerido para el gasto militar.

Además, lo sucedido indica que el Presidente aprovechó la oportunidad para eludir el inicio de las conversaciones para el acuerdo humanitario de intercambio con las Farc ante “el temor” por unos resultados inciertos que lo llevaron a optar por la retoma de su discurso de guerra como la prenda que considera más segura para recuperar la estabilidad de su mandato. Razón le asiste entonces a Antonio Navarro quien plantea que con tal decisión por primera vez la vida de los secuestrados quedó en manos del gobierno, lo cual lo debilita políticamente, puesto que a su juicio carece de claridad política y de estrategia para tratar el conflicto.[5]

Diversas reacciones propician debate nacional por el acuerdo humanitario

El ambiente actual ya no es el del llamado unanimismo sino que de inmediato se desató una fuerte discusión y distintos actores asumieron posiciones diversas. Los facilitadores criticaron al Presidente, propusieron mantener el diálogo y algunos se empeñan en proseguir su labor. Los familiares de los secuestrados a través de sus organizaciones conmovieron la opinión al declarar que ante el alto riesgo de los rescates consideraban que la decisión presidencial prácticamente condenaba a muerte los rehenes y secuestrados, y exigieron que se restituyeran las medidas para propiciar el despeje de Florida y Pradera para el inicio de las conversaciones. A la vez, dirigieron una carta al Presidente, iniciaron la recolección de firmas a favor del acuerdo, lideraron concentraciones y ahora promueven una campaña en varias ciudades pero en especial en Bogotá, Neiva y en el Valle del Cauca. Sectores políticos de oposición y otros debatieron con el gobierno en el Congreso y, entre otras voces, la Iglesia Católica que ha cumplido un especial papel de facilitación expresó que había que insistir en el diálogo como la vía más efectiva.

Las organizaciones no gubernamentales de derechos humanos, de paz y numerosas organizaciones sociales realizaron pronunciamientos y se vincularon a la movilización por el acuerdo humanitario. Es de advertir que sentaron un claro rechazo al uso del terrorismo y exigieron al gobierno nacional y a las autoridades estatales la investigación y el establecimiento de responsabilidades en el atentado. Así mismo llamaron a la resistencia civil en rechazo al rescate militar, exigieron el retorno a la búsqueda del diálogo y garantías para los pobladores de los dos municipios propuestos para el despeje en previsión a partir de la ofensiva militar declarada en su territorio. Así mismo, la V Plenaria de la Asamblea Permanente por la Paz, recientemente efectuada, trató el tema con particular detenimiento y adoptó propuestas que incluyen la idea de conformar una comisión nacional de impulso del acuerdo humanitario.

Pero especial mención merece por su importancia el pronunciamiento conjunto del Alcalde de Bogotá, Lucho Garzón, y del Gobernador del Valle, Angelino Garzón, en el cual se oponen al rescate por la fuerza, convocan a los partidos políticos y al Presidente a suscribir un acuerdo contra la violencia, insisten en que se mantenga la disposición a convenir el acuerdo humanitario, rechazan el terrorismo y le solicitan a las Farc que se pronuncie con relación al atentado.[6] Argumentan que la violencia obstruye el desarrollo, la democracia y el proyecto político que promueve la izquierda democrática en el país, a la vez que señalan que se mantienen activos los distintos actores armados del conflicto y que la paz es el tema crucial pero que requiere en su fundamento un desarrollo equitativo que garantice bienestar social a la mayoría de la población que se encuentra en condiciones de pobreza y de miseria.

De otra parte, frente a la comunidad internacional no es clara la actitud del Presidente ante los países que prestan buenos oficios para el acuerdo humanitario al producirse una abrupta suspensión de las gestiones que han acompañado con iniciativa desde hace varios años; algunos de ellos, como el caso de Francia, expresaron público desacuerdo con la orden presidencial del rescate militar. Además, el señalamiento público del mismo Presidente sobre presunta presencia de los comandantes Iván Márquez y Raúl Reyes y de las tropas de las Farc en territorios de Venezuela y de Ecuador, produjo el rechazo de éste país, la exigencia de pruebas --que al parecer no tiene el gobierno-- y la entrega de una nota de protesta.

Insistir en la viabilidad del acuerdo humanitario de intercambio

El tema del acuerdo de intercambio humanitario se posicionó de manera importante en la agenda pública del país, cuenta con amplio respaldo interno y apoyo internacional apreciable, de forma que en uno o en otro sentido se espera que el gobierno propicie soluciones en tal sentido. Tanto es así que puede preverse que a partir de la exigibilidad demandada por diversos sectores, el tema reaparece en distintos escenarios y obliga a reaccionar en consecuencia tanto al Gobierno nacional como a las Farc.

En el país se ha comprendido que no puede confundirse las posibilidades directas que se deben ofrecer al acuerdo humanitario con las exigencias que demandan el cese al fuego, el cese de las hostilidades y el proceso de paz. Los hechos de la guerra, en particular las infracciones al DIH, y con ellas los secuestros y los atentados terroristas, ponen de presente la necesidad de avanzar en compromisos para la regularización del conflicto armado. No es por tanto argumento su existencia para desconocer las soluciones humanitarias y con ellas el recurso de los acuerdos especiales y los acuerdos humanitarios en general. Por el contrario, estas circunstancias demandan precisamente recurrir de manera imperiosa a la aplicación de las normas que protegen la población civil, los bienes civiles y de combatientes puestos fuera de combate.

En el caso concreto el recurso humanitario puede hacer posible que cese la arbitrariedad guerrillera que priva injustamente personas de las libertad, las somete a condiciones de captura que no se atienen a las exigencias de cuidado, demandadas internacionalmente, y las mantiene en latente la amenaza de muerte ante cualquier intento de recuperar la libertad. Pero a la vez puede hacer posible que no se recurra a una actuación de guerra de las Fuerzas Armadas en el empeño por conseguir los rescates, las cuales pueden derivar en hechos tan lamentables como los sucedidos en Urrao con el gobernador y el consejero de paz de Antioquia.

Ahora bien, discutir a favor de su necesidad y viabilidad no significa desconocer que su posibilidad entraña sortear notorias dificultades. Entre ellas se encuentran asuntos como los términos de la desmilitarización de los dos municipios propuestos para el encuentro; el acuerdo de garantías y el dispositivo de seguridad para los voceros; la exigencia de las Farc sobre la liberación de todos sus presos y repatriación y liberación de Simón Trinidad y de Sonia y la negativa del Gobierno a que los guerrilleros liberados retornen a la insurgencia.

Reconocer antecedentes, aproximaciones y nuevas posibilidades

Los acuerdos humanitarios con relación a personas capturadas y rehenes tiene antecedentes en el acuerdo de liberación de 61 soldados e infantes conseguido en Remolinos del Caguán, Caquetá, entre el Gobierno Samper y las Farc en 1996; en varios acuerdos conseguidos para la liberación de numerosos civiles tomados como rehenes en La María y el Kilómetro 18 en el Valle y de 42 miembros de la Fuerza Pública en Convención, Norte de Santander, por el Gobierno Pastrana con el ELN en el 2000 así como con el acuerdo humanitario de intercambio que posibilitó la liberación de más de 300 miembros de la Fuerza Pública y la excarcelación de 13 guerrilleros mediante acuerdo suscrito entre el mismo Gobierno Pastrana y las Farc en el 2001. En todos estos casos las partes cumplieron a cabalidad con los compromisos asumidos y se contó con el positivo acompañamiento y la facilitación de organismos humanitarios, de entidades de derechos humanos y con comisiones de facilitación civil y por integrantes de las comisiones de paz del Congreso.

Pero a pesar del acuerdo de intercambio de 2001 con las Farc esta guerrilla mantiene capturados a oficiales y suboficiales de la Fuerza Pública, ante lo cual sus familiares especialmente a través de Asfamipaz continuaron la exigencia de que se procediera a un nuevo acuerdo que posibilitara su libertad. Así mismo lo han propuesto otros familiares de dirigentes políticos tomados como rehenes y de los diputados del Valle agrupados en la Asamblea por la Vida y la Libertad. También han hecho lo propio los familiares de personas civiles secuestradas tanto por móviles políticos como económicos.[7] Así, durante todo el primer mandato del presidente Uribe los familiares organizados se mantuvieron como movimiento de presión que fue ganando aliados y apoyos. Por su parte, el CPDDH, las iniciativas de paz y varias ONG han desarrollado permanente promoción del tema del acuerdo humanitario de intercambio, en el 2002 entregaron una propuesta con recomendaciones para el efecto coincidiendo con las opiniones del ex presidente López y con otros sectores en la discusión con el Gobierno respecto a que existen los fundamentos constitucionales y legales para implementarlo.[8]

En el 2004 la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos puso de presente el rechazo al secuestro y a la toma de rehenes, calificados de graves crímenes, e invitó a los grupos armados irregulares a cumplir con las recomendaciones existentes. Con relación a ello subrayó que al Estado le corresponde buscar opciones alternativas para lograr, en satisfactorias condiciones de seguridad, la liberación de los afectados. Señaló que ante la eventualidad de considerar el uso de la fuerza, el Estado “tiene que actuar salvaguardando la vida y la integridad de las personas, siempre dentro de los parámetros de la legalidad, necesidad y proporcionalidad, de forma que cuando no sea posible, se necesita emprender la búsqueda por otros caminos que permitan la liberación”, los cuales estima que pueden basarse en el DIH y recurrirse a un acuerdo espacial para el efecto.[9]

Por su parte, la opinión calificada y oficial del CICR sobre la aplicación del artículo 3 común a los convenios de Ginebra, el cual rige para los conflictos armados no internacionales, dejó en claro que las partes en contienda podrán recurrir a acuerdos especiales para poner en vigor disposiciones convencionales de carácter humanitario, de manera que “están obligadas a procurar una aplicación más amplia, mediante un acuerdo bilateral.”[10] Precisa que un gobierno legal no debe tener temor en que tales acuerdos refuercen el poder de una fuerza rebelde, pues no implica reconocimiento de su existencia legal, ni varía el estatuto jurídico de las partes, de forma que sólo responde a una situación de hecho, reconocida por las partes y sobre la cual se facilitan soluciones estrictamente humanitarias. En consecuencia, sustenta que el DIH no pretende afectar los asuntos internos de los Estados, sino garantizar el respeto de las normas humanitarias mínimas, de validez universal, por encima de las condiciones de la guerra.
“… el hecho de aplicar el artículo 3 no constituye en sí mismo, por parte de un Gobierno legal ningún reconocimiento de poder alguno a la parte adversa; no limita de ningún modo su derecho –-que le confiere su propia ley-- a reprimir una rebelión por todos los medios, incluido el uso de las armas; no afecta en nada a su derecho a perseguir judicialmente, juzgar y condenar a sus adversarios por sus crímenes, de conformidad con la propia ley.”[11]

Con referencia a las aproximaciones no puede desconocerse que ambas partes, Gobierno y Farc, han cedido en determinados aspectos. Aceptaron dejar de lado las exigencias que conciben para el proceso de paz para adoptar un tratamiento particular en la negociación del acuerdo humanitario; han nombrado negociadores; el Gobierno ha aceptado la actuación de facilitadores que cuentan con aceptación de las Farc;[12] se dispone del apoyo de entes humanitarios imparciales e independientes que tienen experiencia en acciones previas de similar propósito; existe aproximación en que el territorio desmilitarizado se ubica en los municipios de Pradera y de Florida y se cuenta con el acompañamiento con iniciativa brindado por Francia, Suiza y España.

Ha cobrado fuerza la idea de que el interés humanitario debe sobreponerse a los cálculos políticos y militares y entender el propósito primordial de alivio para las víctimas. Es preciso agregar que para el DIH un acuerdo especial no cuestiona ni menoscaba la actuación ni la eficacia militar sino que la regula, por tanto aunque tengan un innegable efecto en el ambiente político y en las posibilidades del entendimiento, el propósito humanitario no debe sujetarse en su aplicación a los ritmos de distensión o de ofensiva militar propios de la guerra. En tal sentido, aún en condiciones de intensificación de las hostilidades puede darse el acuerdo, aunque por supuesto se aspire de manera paralela a conseguir también el logro de acuerdos de tregua, de cese de hostilidades y pactos definitivos de paz.

Por eso, como lo editorializó El Tiempo[13] aunque resulte comprensible la reacción indignada del Presidente tras un atentado contra las Fuerzas Militares, no es comprensible que esto condujera al cierre de las posibilidades de liberar los secuestrados. Opinión en la que coinciden muchos y agregan que menos aún se justificaba suspender tales posibilidades cuando no hay claridad sobre los autores del hecho y se tejen con razón varias hipótesis, dentro de las cuales no puede descartarse la implicación de agentes estatales.[14]

Sin embargo, corresponde insistir, incidir y presionar para que se retomen las posibilidades del acuerdo humanitario de intercambio. En ello vale que se aclarara la ambigüedad de la postura gubernamental actual; así mientras el Presidente declara que la posibilidad del entendimiento para el efecto implica “el cese de los actos terroristas” --pero no se refiere al uso del terrorismo sino que equivocadamente califica todos los actos de guerra como terroristas-- lo cual significaría un claro retroceso y una precondición inicial irreal, simultáneamente el Ministro del Interior y de Justicia en otra declaración reduce el asunto a que sería posible conversar con las Farc “si ellas envían listas con los secuestrados que van a entregar y los presos que reclaman.”[15] Entre tanto, un nuevo pronunciamiento de las FARC guarda silencio sobre la autoría del atentado referido, crítica al gobierno de incoherente frente al intercambio y expresa que ratifica la propuesta “para materializar el canje” y disposición para superar esta etapa y avanzar también en entendimientos políticos hacia la paz, pero omite cualquier referencia frente a la responsabilidad que le compete con relación a sistemáticas conductas violatorias al derecho humanitario, como son del caso las tomas de rehenes, los secuestros y las condiciones de arbitrariedad y amenaza en las que mantiene a los cautivos.

Queda entonces la esperanza en la presión de los familiares, de amplios sectores de opinión interna y del apoyo internacional, para revertir las resistencias e incidir de manera determinante para hacer posible el acuerdo humanitario de intercambio propuesto.

Bogotá, D.C., 31 de octubre de 2006.

- Avaro Villarraga Sarmiento, presidente de la Fundación Cultura Democrática y de Asopropaz e integrante del Consejo Nacional de Paz

Fuente: Corporación Viva la Ciudadanía. www.vivalaciudadania.org

[1] Los operativos policiales sólo tendrían sentido como apoyo, salvo los desarrollados por las tropas y las unidades antiguerrilleras adscritas a la Policía Nacional que precisamente cumplen funciones militares.

[2] Nos referimos a la explosión de un carro-bomba el pasado 19 de octubre en predios de la Universidad Militar Nueva Granada, sede a su vez de la Escuela Superior de Guerra.

[3] La Artillería Verbal, Daniel Coronell, en revista Semana, No. 1277, octubre 23 de 2006, página 13.

[4] La cual estuvo presente una semana después del atentado encabezada por el subsecretario de asuntos políticos del Departamento de Estado de los Estados Unidos Nicholas Burn.

[5] El discurso de Uribe, ¿Un pulso entre duros?, en El Tiempo, 25 de octubre de 2006, página 1-21.

[6] El acuerdo político propuesto incluye el rechazo a la violencia, el respaldo al acuerdo humanitario, a la paz y la lucha contra la miseria.

[7] Información detallada de las principales propuestas sobre acuerdos humanitarios se consigue en: Exigencias Humanitarias de la Población Civil, hacia el logro de compromisos y acuerdos humanitarios. compilador Álvaro Villarraga, Fundación Cultura Democrática, Asamblea Permanente por la Paz, Comisión de Conciliación Nacional, Coordinación Colombia Europa Estados Unidos y Red Nacional de Mujeres, Bogotá, D.C., noviembre de 2005.

[8] Especialmente se insistió en la prevalencia de los tratados internacionales en materia de derechos humanos, la aplicabilidad directa del Artículo 3 común y la necesidad de viabilizar el entendimiento a partir de que se asuma sin condiciones previas y con apoyo en los facilitadores y las entidades humanitarias.

[9] Diez puntos de orientación en la búsqueda de la libertad de las personas en poder de los grupos armados ilegales en el marco del conflicto armado interno en Colombia, Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michael Fruling director, Bogotá, 18 de noviembre de 2004, en Exigencias Humanitarias de la Población Civil, hacia el logro de compromisos y acuerdos humanitarios, Fundación Cultura Democrática y otros, Bogotá, D.C., 2005, páginas 354-358.

[10] Comentario, del protocolo del 8 de junio de 1977 adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados sin carácter internacional (Protocolo II) y del artículo 3 de estos Convenios, Comité Internacional de la Cruz Roja, Plaza y Janés Editores Colombia S.A., Bogotá, D.C, 1998, página 346.

[11] Ídem, pág. 349.

[12] Entre ellos

https://www.alainet.org/es/active/14315