Que mueran las ONG
30/10/2006
- Opinión
Si al director del diario “Correo” le parece cómico que Enrique Bernales cuestione la ley que se propone “estatizar” las ONG, a cualquiera le puede resultar igualmente jocoso que el superliberal nieto del fundador del socialismo peruano crea que los problemas con entidades que son claramente de naturaleza privada se resuelven cuadrándolas con una ley y fijándoles límites de actuación. Comparar la estatización del petróleo o de la gran minería durante Velasco, con la ley contra las ONG, no resiste, por cierto, el menor análisis. En esos casos se trataba de recuperar derechos del Estado sobre los recursos naturales que pertenecen a la nación. Lo que se quiere con la ley de ONG es acrecentar el control del gobierno sobre la sociedad peruana.. Lo mismo que quieren hacer con los sindicatos. Un plan autoritario que algunos libertarios aplauden con las manos y los pies.
En todo caso digámoslo así: Aldo M. está demostrando que no es menos estatista que cualquier socialista o comunista, velasquista o humalista. Sólo que él quiere estatizar al lado débil de la contradicción. Maniatar las entidades que pueden sacar la cara por los sectores afectados por la tremenda hegemonía ganada por las empresas trasnacionales desde los tiempos de Fujimori. Como no basta ponerle una vela al sacrosanto mercado para que ordene los conflictos sociales y saque del medio aquellas molestosas entidades que tratan de equilibrar las relaciones de poder en la sociedad; qué mejor solución que meterles el Estado. Claro que no cualquier Estado, sino uno basado en una desvergonzada alianza entre el APRA, la derecha y el fujimorismo.
También le parece cómico al mongo director (digo mongo, por lo de mongoloide, en su acepción española), que los directivos de la Asociación Nacional de Centros (ANC), que agrupa un amplio sector de las ONG peruanas, apelen a la Constitución de 1993, para contradecir la intervención. Y la pregunta es: ¿a qué otra cosa podrían recurrir para defenderse ante el Congreso y el Tribunal Constitucional, para demostrar que aún en el marco de los principios neoliberales vigentes, lo que se ha cocinado en el actual Congreso, con el aplauso de la prensa más reaccionaria del país, es un abuso? ¿Cree por ventura el nieto renegado que las leyes y la Constitución sólo reconocen derechos a los que están de acuerdo con su singular punto de vista? O, lo que es casi lo mismo: ¿imagina acaso que los órganos del Estado no tienen que cumplir con las mínimas garantías que ofrece su propio sistema, cuando se trata de atacar algo que les incomoda?
Más cosas son cómicas para Aldo M.: por ejemplo, que haya sectores progresistas del país que impulsan la necesidad de reconstituir el Instituto Nacional de Planificación INP, para que existan planes de desarrollo orientados por metas y prioridades, y que sin embargo cuando en la ley anti ONG aparece la indicación que la APCI (Agencia Peruana de Cooperación Internacional), puede rechazar una inscripción o un proyecto porque no se ajusta a los “planes nacionales de desarrollo”, ponen el grito en el cielo. Muy cómico de veras, sobre todo porque no hay ningún plan de estas características escrito y vigente en el país, y, lo que es obvio, el gobierno de turno y las entidades públicas no están sujetados a algo que se le parezca, y más bien se mueven al tuntún de negociaciones de coyuntura, óbolos voluntarios que no se saben de cuánto van a ser, espacios ambiguos entre lo privado y lo público, etc. No se necesita ser tan listo como Agustín Haya y Aldo M., para darse cuenta que el “desarrollo”, en este caso, significa las opciones del régimen: por ejemplo que los derechos humanos son desiguales, por lo que el Estado puede proteger a sus agentes responsables de violaciones y dejar sin apoyo a las víctimas; o que las trasnacionales mineras son nuestras empresas favoritas que siempre tienen la razón en cualquier controversia con los campesinos, que también deben quedar sin asesoría técnica y política
También se ríe Aldo M., de que los directores de ONG chillen porque les obligan a inscribirse. ¿Acaso todos no nos inscribimos? Pero hasta dónde yo sé las ONG sólo existen después de estar inscritas en los registros públicos y en los organismos del Estado que tienen que ver con sus actividades principales. Sin ese requisito no podrían contratar con las organizaciones sociales, con el Estado o la Cooperación Internacional, no podrían representarse, llevar contabilidad, girar cheques. Entonces, ¿cuál es la novedad d el proyecto fujimorista-aprista-derechista? Sin duda que se quiera dar atribuciones a una entidad gubernamental –independientemente de quién la dirige-, para negar inscripciones, anular las existentes y poner objeciones a proyectos en los que no toma parte el Estado. La libertad de contratar que es un pilar de la economía de mercado, queda aquí completamente desnaturalizada. Supuestamente todos podemos hacer las transacciones que nos parezcan, siempre y cuando no estén fuera de la ley. Y quién decide la legalidad son los jueces, no la APCI de Agustín Haya. Pero con la nueva norma la ONG son disolvibles por determinación administrativa, de trasfondo político.
Finalmente Aldo M., anota que es una pretensión de las ONG igualarse a la prensa cuyos altos fines son informar, denunciar, entretener, opinar, manipular, vacunar, huevear, etc., y con la empresa privada que sirve simplemente para lucrar. ¡Qué pretensión! La prensa es intocable, como que ayudó a elegir a García. Y la empresa privada, sobre todo la grande y extranjera, qué nos haríamos sin ellas. En cambio las ONG son caviares, mongas, altruistas, sociales. Cómo comparar una cosa con la otra. Así que si se cierran las ONG, no se crea que sigue la prensa o el gran capital, con la alianza apro-fujimorista derechista en el poder el mundo será de nosotros, los que son como uno.
Dice Aldo M. que las ONG no llegaron al 1% en las elecciones. Pero estas instituciones no se sometieron al voto porque no es su razón de ser. El chico en cambio si se jugó a Lourdes hasta las primeras horas de la primera vuelta. ¿Con qué cara siguió hablando después?, ¿por qué nunca respetó a Humala y su 48% de segunda vuelta? Simplemente porque no le da la gana. Entonces que no venga a hacer callar a los demás en nombre de sus cifras electorales. Después de todo su aprismo es muy reciente y acomodaticio, como para tomárselo en serio.
Raúl Wiener
http://rwiener.blogspot.com/
En todo caso digámoslo así: Aldo M. está demostrando que no es menos estatista que cualquier socialista o comunista, velasquista o humalista. Sólo que él quiere estatizar al lado débil de la contradicción. Maniatar las entidades que pueden sacar la cara por los sectores afectados por la tremenda hegemonía ganada por las empresas trasnacionales desde los tiempos de Fujimori. Como no basta ponerle una vela al sacrosanto mercado para que ordene los conflictos sociales y saque del medio aquellas molestosas entidades que tratan de equilibrar las relaciones de poder en la sociedad; qué mejor solución que meterles el Estado. Claro que no cualquier Estado, sino uno basado en una desvergonzada alianza entre el APRA, la derecha y el fujimorismo.
También le parece cómico al mongo director (digo mongo, por lo de mongoloide, en su acepción española), que los directivos de la Asociación Nacional de Centros (ANC), que agrupa un amplio sector de las ONG peruanas, apelen a la Constitución de 1993, para contradecir la intervención. Y la pregunta es: ¿a qué otra cosa podrían recurrir para defenderse ante el Congreso y el Tribunal Constitucional, para demostrar que aún en el marco de los principios neoliberales vigentes, lo que se ha cocinado en el actual Congreso, con el aplauso de la prensa más reaccionaria del país, es un abuso? ¿Cree por ventura el nieto renegado que las leyes y la Constitución sólo reconocen derechos a los que están de acuerdo con su singular punto de vista? O, lo que es casi lo mismo: ¿imagina acaso que los órganos del Estado no tienen que cumplir con las mínimas garantías que ofrece su propio sistema, cuando se trata de atacar algo que les incomoda?
Más cosas son cómicas para Aldo M.: por ejemplo, que haya sectores progresistas del país que impulsan la necesidad de reconstituir el Instituto Nacional de Planificación INP, para que existan planes de desarrollo orientados por metas y prioridades, y que sin embargo cuando en la ley anti ONG aparece la indicación que la APCI (Agencia Peruana de Cooperación Internacional), puede rechazar una inscripción o un proyecto porque no se ajusta a los “planes nacionales de desarrollo”, ponen el grito en el cielo. Muy cómico de veras, sobre todo porque no hay ningún plan de estas características escrito y vigente en el país, y, lo que es obvio, el gobierno de turno y las entidades públicas no están sujetados a algo que se le parezca, y más bien se mueven al tuntún de negociaciones de coyuntura, óbolos voluntarios que no se saben de cuánto van a ser, espacios ambiguos entre lo privado y lo público, etc. No se necesita ser tan listo como Agustín Haya y Aldo M., para darse cuenta que el “desarrollo”, en este caso, significa las opciones del régimen: por ejemplo que los derechos humanos son desiguales, por lo que el Estado puede proteger a sus agentes responsables de violaciones y dejar sin apoyo a las víctimas; o que las trasnacionales mineras son nuestras empresas favoritas que siempre tienen la razón en cualquier controversia con los campesinos, que también deben quedar sin asesoría técnica y política
También se ríe Aldo M., de que los directores de ONG chillen porque les obligan a inscribirse. ¿Acaso todos no nos inscribimos? Pero hasta dónde yo sé las ONG sólo existen después de estar inscritas en los registros públicos y en los organismos del Estado que tienen que ver con sus actividades principales. Sin ese requisito no podrían contratar con las organizaciones sociales, con el Estado o la Cooperación Internacional, no podrían representarse, llevar contabilidad, girar cheques. Entonces, ¿cuál es la novedad d el proyecto fujimorista-aprista-derechista? Sin duda que se quiera dar atribuciones a una entidad gubernamental –independientemente de quién la dirige-, para negar inscripciones, anular las existentes y poner objeciones a proyectos en los que no toma parte el Estado. La libertad de contratar que es un pilar de la economía de mercado, queda aquí completamente desnaturalizada. Supuestamente todos podemos hacer las transacciones que nos parezcan, siempre y cuando no estén fuera de la ley. Y quién decide la legalidad son los jueces, no la APCI de Agustín Haya. Pero con la nueva norma la ONG son disolvibles por determinación administrativa, de trasfondo político.
Finalmente Aldo M., anota que es una pretensión de las ONG igualarse a la prensa cuyos altos fines son informar, denunciar, entretener, opinar, manipular, vacunar, huevear, etc., y con la empresa privada que sirve simplemente para lucrar. ¡Qué pretensión! La prensa es intocable, como que ayudó a elegir a García. Y la empresa privada, sobre todo la grande y extranjera, qué nos haríamos sin ellas. En cambio las ONG son caviares, mongas, altruistas, sociales. Cómo comparar una cosa con la otra. Así que si se cierran las ONG, no se crea que sigue la prensa o el gran capital, con la alianza apro-fujimorista derechista en el poder el mundo será de nosotros, los que son como uno.
Dice Aldo M. que las ONG no llegaron al 1% en las elecciones. Pero estas instituciones no se sometieron al voto porque no es su razón de ser. El chico en cambio si se jugó a Lourdes hasta las primeras horas de la primera vuelta. ¿Con qué cara siguió hablando después?, ¿por qué nunca respetó a Humala y su 48% de segunda vuelta? Simplemente porque no le da la gana. Entonces que no venga a hacer callar a los demás en nombre de sus cifras electorales. Después de todo su aprismo es muy reciente y acomodaticio, como para tomárselo en serio.
Raúl Wiener
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