<i>La destitución por parte del Poder Ejecutivo del comandante en jefe del Ejército, teniente general Carlos Díaz y el nombramiento para el cargo del general Jorge Washington Rosales Sosa, es un tema espinoso, lleno de claros y oscuros, cuya explicación más simple es la que el primero fue la víctima de una jugarreta mediática destinada a que fuera excluido, como no podía ser de otra manera, del cargo.</i>

El presidente Tabaré Vázquez y la ministra Azuzena Berrutti, con su medida fulminante, defendieron las potestades institucionales que tienen, haciendo valer en su decisión el ordenamiento jerárquico en que el Comandante supremo de las Fuerzas Armadas, que es el Presidente de la República, actúa a través de su ministra de Defensa. Por lo tanto su decisión de cesar a Díaz en su cargo es impecable y, evidentemente, ante la situación planteada no tenían otro camino que el relevo del militar.
Lo que sorprendió también el pasado lunes fue la decisión del Presidente de la República que, en una medida típica de su accionar, sorprendió al país nombrando como nuevo comandante del Ejército al general más joven, último ascendido a ese grado, Jorge Washington Rosales Sosa, hasta ahora Jefe del Estado Mayor del arma, medida que determinó una especie de conmoción cataclísmica dentro del generalato, ya que todas las ambiciones personales de los once generales restantes, quedaron de un plumazo por el camino, especialmente las del actual comandante de la División Ejército IV, Pedro Barneix, que ni siquiera fue tenido en cuenta por el Presidente Tabaré Vázquez a la hora de elegir el responsable del Ejército.
Esto sorprendió a los propios militares y a los sectores políticos, incluso del propio Frente Amplio que habían tratando de incidir con sus opiniones y recomendaciones en la decisión presidencial. Se nombró al general más joven, de quién no se conocen antecedentes, generando además una fuerte renovación en la cúpula de la institución con el pase a retiro, ya anunciado, por parte de varios de sus colegas lo que determinará – por supuesto – un movimiento en las jefaturas de las distintas reparticiones con que cuenta el arma de tierra y, además, la promoción de nuevas figuras castrenses que deberán ir ascendiendo para ocupar los lugares que quedarán vacantes.
El nombramiento de Rosales generará una fuerte renovación en la cúpula de la institución habida cuenta de que por orden de derechas hay once generales por delante del nuevo comandante en jefe, algunos de los cuales le llevan casi diez años de diferencia de carrera. Esto ocurrirá siempre y cuando los generales de su derecha pidan el pase a retiro, una práctica habitual en el ámbito militar, aunque no se dio cuando el ahora cesado Carlos Díaz asumió como comandante en jefe del Ejército en febrero pasado.

En aquella oportunidad muchos de los generales de la derecha, incluido el general Manuel Saavedra (actualmente a cargo del despacho de la comandancia), se mantuvieron en el cargo. Precisamente, Saavedra sería el primero en pasar a retiro, según fuentes castrenses. De producirse este proceso de retiro, que no es indefectible porque los generales tienen derecho a mantenerse en actividad hasta cumplirse su tiempo de retiro (Saavedra y Barneix podrían seguir hasta febrero del 2008), se iniciaría una renovación en la cúpula castrense que, sin duda, es uno de los objetivos del gobierno de Vázquez.

Lo que falta analizar es la razón por la cual es teniente general Díaz, un militar con 40 años de carrera, que conoce todas las reglas de la vida castrense, cometió la insólita gafe de reunirse con lideres políticos de primer nivel, como lo es, el doctor Julio María Sanguinetti, que todavía representa a un buen sector de militares y defiende líneas de conducta concretas, dentro de las propias Fuerzas Armadas, a favor o en contra de temas de fundamental importancia para la vida institucional del país.

El “asado” con Sanguinetti no fue una reunión con políticos de segundo orden, una “paella” junto a la cual se recuerda el pasado vivido en conjunto, los años en que unos tras las rejas, o en los “aljibes”, pagaban en sus cuerpos lo establecido en la doctrina de la seguridad nacional, ese engendro del Departamento del Estado utilizado por nuestros militares, durante el período de plomo, para justificar sus aberraciones contra loa derechos humanos.

Por ello hay que razonar y analizar a fondo lo ocurrido. Lo más sencillo es lo que se ha ensayado en algunas tiendas: acusar a los políticos intervinientes en el ágape, de haber hecho trascender al semanario “Búsqueda” la reunión, buscando el efecto que finalmente se encontró, con el fin de sacar del camino al teniente general Díaz, cuya lealtad institucional – más allá de las diferencias ideológicas que nunca ocultó – está claramente probada para que ocupara el cargo un hombre más reacio al camino emprendido en materia de Derechos Humanos, proceso que el año próximo tendrá un tiempo histórico decisivo.

Pero, como decíamos en otro trabajo periodístico, la “cáscara de banana” también pudo ser puesta al propio gobierno en una maniobra de alguna “interna militar”, para que hiciera lo que hizo y, sacando al obstáculo de Díaz, lograba cohesionar al generalato en una posición más dura, menos flexible, y por supuesto colocara al frente del arma Ejército a un hombre con menos lealtades institucionales que las probadas del ahora ex comandante del Ejército.

Además, como veremos – decíamos -, los otros generales sancionados por haber participado en el asado son los aparentemente más afines (Aguerre y Dalmao) a la línea Vázquez de todo el generalato, por lo que parece verosímil la versión dada por Díaz, que la reunión estaba destinada a “sumar y no a restar” Por supuesto que en el análisis no tomábamos en cuenta al general Rosales, recientemente ascendido a ese grado y como tal, Jefe del Estado Mayor del Ejército, que es el cargo reservado para los más nuevos.

El tiempo será el que mostrará cual es la verdad, donde está la razón y quienes se equivocaron, por más que repetimos lo afirmado anteriormente: desde el punto de vista institucional al gobierno, luego del conocimiento de los hechos, no le quedaba otro camino que la destitución de Díaz. Mirar para otro lado, silbar bajito y hablar de los niveles de pesca en el Cabo Polonio, solo hubiera deteriorado la imagen presidencial. Seguir el rumbo que, leyendo el “diario del lunes” recomendaba el ex presidente Sanguinetti, hubiera mostrado, por lo menos, debilidad.

De esa manera quedó salvada la institucionalidad del país. Lo que hay que detectar es lo que hubo en el trasfondo de toda la movida, de si la acción fue contra Díaz o si se buscó producir el efecto cataclísmico de su destitución para modificar una correlación interna dentro de las Fuerzas Armadas, para lo cual se colocó al gobierno entre la espada y la pared, sin darle otra opción que la destitución de Díaz. Los hechos mostraron como el presidente Vázquez, de alguna manera, supo doblar la apuesta y jugar sus cartas reafirmando su poder en una cúpula militar que todavía tenía puntos equidistantes de las políticas emprendidas.

Por supuesto que nuestra intención no es aplaudir la salida encontrada por el gobierno, porque ese camino del perfilismo personal no tiene ningún sentido, pero es evidente que la salida – más allá que el tiempo será el que dará su última palabra sobre la situación – parece impecable desde el punto de vista institucional, debiendo todavía verse los resultados institucionales y políticos de las difíciles jugadas realizadas por el gobierno que, en un juego de ajedrez, que mostró ante los militares una firmeza que debe haber descolocado hasta a los analistas más sagaces que deben haber caído en una desconcertada encrucijada de dudas.

Sin embargo todavía hay puntos no esclarecidos, como los vinculados al ágape organizado por el general Díaz. ¿Quién fue el responsable de esa “ingenuidad”? El propio ex comandante del Ejército, pero además, habría que entender los vericuetos del trámite mediático, que no fue producto – nos parece – de la sagacidad periodística, sino de un dato oportunamente trasmitido para provocar un efecto institucional que, de confirmarse nuestra afirmación, mostraría que existen fuerzas que buscan hacer pie y deteriorar, de alguna manera, la correlación de fuerzas en la cúpula de las fuerzas armadas, a favor de sectores contrarios a las políticas que impulsa en gobierno.

No planteamos cazas de brujas, por supuesto, pero sería bueno que sepamos más sobre todo este oscuro proceso. Todas las conclusiones a que se arriben, de detectarse responsables de una maniobra política de esas características, son de una gravedad inusitada y requerirían – por supuesto – de medidas correctivas inmediatas.

De lo contrario, no ganaría el país, ganarían quienes han maniobrado a favor de intereses subalternos.

- Carlos Santiago es periodista.