Veamos ante todo qué dice el último diccionario de la Lengua Española de la Real Academia (dado a conocer en el 2001) sobre el significado de esa palabra, en sus tres acepciones: “1) Sistema fundado primariamente en el principio de autoridad. 2) Actitud de quien ejerce con exceso su autoridad. 3) Régimen autoritario”. Tomados al pie de la letra esas tres explicaciones, Evo Morales no está en falta. Cumple un mandato de la ciudadanía expresado libremente en las urnas. En cuanto a la palabra “autoritario”, el mismo diccionario le asigna otros tres significados: “a) Que se funda en el principio de su autoridad. b) .Partidario extremado del principio de autoridad. c) Que tiende a actuar con autoritarismo”. d) Dicho de un régimen de una organización política. Que ejerce el poder sin limitaciones”. Cotidianamente se escucha la acusación de “autoritarismo” en los políticos de oposición a cualquier gobierno constituido democráticamente y que trata de cumplir los objetivos de la plataforma electoral que lo llevó al poder invistiéndolo así de autoridad legal, siempre por medios que no contradigan la Constitución. Y si violara la Carta Magna, la Corte Suprema de Justicia es quien debe pronunciarse sobre su legitimidad o no, siendo su decisión inapelable. Para eso existe la división de los poderes en un sistema republicano. Es decir que, si bien no se descarta la posibilidad de un hecho “autoritario” del Poder Ejecutivo, también está prevista la vía para su rectificación. En cambio los altos intereses de los menos ya están recurriendo a la violencia y 23 obreros, como numerosos heridos, forman parte de un intento para desestabilizar al gobierno legítimo. Un partido político que llega al poder por el libre voto ciudadano para concretar una determinada acción de cambios bien necesarios, no puede ser acusado de “autoritarismo” por no someterse a la voluntad de la minoría por medio de un consenso con la oposición, cuyos planes han sido derrotados en los comicios. Además, tal tipo de consultas, incorporadas como sistema haría ingobernable al país. El caso boliviano En la república hermana de Bolivia está ocurriendo exactamente esa aberrante contradicción: Querer imponer al gobierno “autorizado” que no haga nada contrario al plan de una coalición “no autorizada” y perdidosa en las urnas. Si el Presidente ha prometido la nacionalización de los hidrocarburos líquidos, sólidos y gaseosos, desde su extracción a la estación de servicio, debe cumplir esa promesa, sin someterse a los dictados de un programa de la minoría. Eso es emplear la autoridad a la que tiene real derecho por ser la expresa voluntad popular, secularmente oprimida por una pequeña minoría cipaya al servicio de las multinacionales esclavistas, procediendo deshonestamente y con el apoyo prepotente y criminal de grandes potencias colonialistas. El pueblo boliviano no es autoritarista ni tampoco desea seguir sufriendo el autoritarismo genocida de las sucesivas dictaduras de los poderes extranjeros. Para recordar Lo hemos dicho y repetido. Históricamente Argentina debe muchísimo a Bolivia, incluyendo el nunca justo agradecimiento por su participación en nuestra liberación del colonialismo español como en la Declaración de la Independencia de 1816, escrita tanto en castellano como en quechua, aymara y guaraní. En esa determinación de libertad, los congresistas eran mayoría de criollos (mestizos hispano-indígenas) e indios puros. Los patriotas bolivianos, como los gauchos de nuestro Martín Güemes, fueron quienes frenaron a las poderosas fuerzas españolas venidas de Lima, capital del Virreynato del Perú, con la intención de llegar hasta Mendoza donde San Martín preparaba el Ejército de los Andes. Fuente: Centro de Estudios Estratégicos Suramericanos (CEES), Argentina