Un reciente acuerdo de cooperación militar entre Bolivia y Venezuela es tirado hoy de los pelos por sectores conservadores como "factor preocupante", a pocos días de la votación sobre el Consejo de Seguridad en ONU. Venezuela disputa con Guatemala la silla que dejará Argentina a fines de este año en ese órgano, pero Estados Unidos ha recalentado el clima al amenazar a Santiago con represalias si apoya a Caracas el 16 de octubre próximo, fecha de la votación en la Asamblea General. Eliminado el argumento de las declaraciones del embajador venezolano Víctor Delgado -consideradas injerencistas por la cancillería-, el reciente acuerdo boliviano-venezolano parece sacado del sombrero por los detractores locales del presidente Hugo Chávez. El tema ha puesto en el mismo bando a los sectores políticos de derecha dentro y fuera del gobierno para presionar a la presidenta Michelle Bachelet a alejarse de su política de buena vecindad en el interés de no enojar a Estados Unidos, principal aliado de Chile. Los diputados del oficialista Partido por la Democracia (PPD), Jorge Tarud, e Iván Moreira, de la ultraderechista Unión Demócrata Independiente (UDI), coincidieron la víspera que el gobierno debe estar atento al tipo de alianzas que establecen Venezuela y Bolivia. A juicio de Moreira, este pacto entre los presidentes Hugo Chávez y Evo Morales, es un antecedente más a considerar al momento de decidir por quién votar -Venezuela o Guatemala- para miembro no permanente en el Consejo de Seguridad. "Este acuerdo militar puede ser peligroso para la seguridad de nuestro país, el gobierno tiene que estar atento y no podemos estar dándole un cheque en blanco en Naciones Unidas a Chávez", sentenció Moreira, un ex aliado político del dictador Augusto Pinochet. Tarud, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara Baja, coincidió con su par de la extrema derecha en que La Moneda debe estar atenta, pues -en su opinión- "Chávez es un presidente intervencionista". Sin embargo, el Ejecutivo trató de desdramatizar el tema al afirmar que el convenio de La Paz y Caracas "no habla de poner bases en las fronteras" de Bolivia con sus vecinos, sino más bien puestos de vigilancia y seguridad de un carácter más comercial que militar. "Estamos atentos a todos los eventos y desarrollos que tengan lugar en lo que dice relación con las políticas de defensa en la región", afirmó el portavoz, Ricardo Lagos Weber, para luego recordar que en todo caso Chile tiene también acuerdos militares con otros países. Tras señalar que el convenio de sus vecinos "no escapa a los cánones tradicionales" en materia de Defensa, precisó que su país tiene acuerdos con diversos países, incluyendo algunos de la región, pero también con potencias militares como Estados Unidos y Alemania. "No es secreto que Bolivia tiene una política determinada en materia de resguardo de sus fronteras, como la tiene Chile y cualquier país. Lo importante es que estos acuerdos son para ir desarrollando infraestructura militar, la industria y la cooperación", insistió. En igual sentido se manifestó Antonio Leal, líder de la Cámara de Diputados, quien instó a los sectores políticos dentro y fuera del gobierno a no ideologizar el voto chileno en la ONU, ni a polarizar la situación interna con argumentos típicos de la guerra fría. "Estos son argumentos de pelea de barrio y no análisis serios sobre la política internacional de Chile", subrayó el diputado oficialista, quien recordó que Santiago, "como cualquier otro país, tienen acuerdos de cooperación militar, y ello no significa una amenaza para nadie". La Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara citó para hoy al canciller Alejandro Foxley y a la ministra de Defensa, Vivianne Blanlot, para entregar mayor información respecto del acuerdo militar que suscribieron ambos países.