Asegura que quiere de lograr la paz con las FARC, pero seguirá con la represiva política de Seguridad Democrática. Además, con el ilegítimo presidente electo mexicano Felipe Calderón, quiere negociar la anexión de Colombia al Plan Puebla Panamá. “El Gobierno tiene toda la voluntad para el acuerdo humanitario, toda la voluntad para la paz” aseguró el presidente Álvaro Uribe en un comunicado de prensa y sentenció que: “A los gobiernos hay que conocerlos por los resultados, no por la gritería”, regla que de aplicarse a su propia gestión desplomaría su ahínco por hallar estrategias que le permitan alcanzar un índice de imagen positiva en las encuestas. Sin embargo, las declaraciones auguriosas de Uribe, no impidieron que el gobierno aclarara, ante la publicación de la carta abierta de las Fuerzas Revolucionarias Colombianas (FARC) hace tres días, que las negociaciones con el grupo guerrillero más importante del país, se limitarán, en primera instancia, al intercambio humanitario. Uribe sentenció, además, que: “la política de Seguridad la mantendremos con toda firmeza, hasta el último segundo de nuestra administración presidencial”. Este mecanismo siniestro de violencia, persecución y muerte al que Uribe denomina Seguridad Democrática, es precisamente el que admira el sospechosamente electo presidente de México, Felipe Calderón. “He tenido oportunidad de escuchar aportaciones derivadas de la experiencia adquirida por los cuerpos de seguridad del Estado colombiano y vamos a aplicarlos en nuestra propia lucha”, aseveró Calderón tras la reunión mantenida con Uribe durante la mañana del jueves. El sucesor de Vicente Fox aseguró que apoyará al presidente colombiano en esta nueva etapa de conversación con las FARC y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), agregando que en oportunidades anteriores participó ya como mediador entre el gobierno y los grupos guerrilleros. “Soy alguien que entiende perfectamente el valor de la política y del diálogo y esa debe ser siempre la vía privilegiada para resolver las controversias entre países o dentro de un país” subrayó el mexicano. Tal diálogo, gobierno-grupos armados, existirá en tanto y en cuanto el gobierno cumpla con los requisitos presentados por las FARC. Estas exigen sean suspendidas las órdenes de captura para los integrantes del Estado Mayor Central, no ser calificados como organización terrorista (su nombre aparece en el listado elaborado por los gobiernos de Estados Unidos y la Unión Europea) y que el gobierno de Colombia suspenda los operativos militares a escala nacional. Por su parte, el gobierno colombiano reconoce que deberán gestionarse leyes afines a un proceso de paz que superen los límites alcanzados por la ley de Justicia y Paz; pero aclaró que dicha reglamentación se extenderá también a los grupos paramilitares. En relación a esta facción, las FARC proponen como tema de discusión: “Paramilitarismo de Estado, depuración de las fuerzas armadas ligadas al paramilitarismo y reparación económica por parte del Estado a todos los afectados por el conflicto interno”. El lugar de encuentro entre el Alto Comisionado para la Paz, Luis Carlos Restrepo, y el Secretariado del Estado Mayor Central de las FARC será la zona de Florida y Pradera, según concrete el gobierno al despeje de la frontera con Ecuador por un lapso de 45 días. Las negociaciones para establecer un proceso de paz, se iniciarán una vez efectuado el intercambio humanitario, que consiste en la liberación de presos políticos por parte del gobierno de Colombia y más de 50 secuestrados por las FARC, entre quienes se encuentra la ex candidata presidencial Ingrid Betancourt. El Ejército de Liberación nacional (ELN) que comenzó las tratativas por el cese del enfrentamiento armado en 2005, iniciará el 16 de octubre en La Habana la cuarta mesa de negociaciones, la cual se extenderá hasta el 30 de este mes y en la que el ELN impulsará la negociación por la amnistía. El gobierno de Uribe exige la liberación de secuestrados y el abandono de la lucha armada, lo cuál el grupo guerrillero está dispuesto a realizar a cambio de una transformación real de la política económica y social. En medio de este controvertido escenario, mitad propaganda mitad gestión, Calderón y Uribe compartieron el desayuno del jueves y alimentaron futuros tratados comerciales e iniciativas de cooperación, de ambas partes, en la lucha social y por la seguridad. Tras la reunión Calderón aseguró que el presidente de Colombia se mostró dispuesto a “colaborar con México para encontrar los mecanismos de diálogo y de ayuda recíproca que nos permitan sumar esfuerzos para combatir la inseguridad y el narcotráfico en nuestros respectivos países”. Colombia y México son las dos naciones latinoamericanas por excelencia, en las que el gobierno de Estados Unidos es amo y señor. Ambos países responden, casi como lacayos, a los lineamientos marcados por la administración Bush, el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM) sin medir costos y beneficios. Ahora la nueva consigna es el Plan Puebla Panamá (PPP), proyecto impulsado por el BM y empresas transnacionales, con el que Estados Unidos busca, entre otras cosas, construir grandes represas generadoras de energía hídrica en Centroamérica y a través de una red abastecer su consumo eléctrico. Prevé, además, la construcción de poliductos para encaminar directamente hacia Estados Unidos el petróleo y el gas extraído en América Latina. Esta embestida millonaria en la que pretende sumarse el gobierno de Uribe, tal cuál lo expresó en su campaña, es casi un hecho y fue uno de los puntos tratado en la reunión de Uribe y Calderón. Aunque los gobernantes aseguren que el megaproyecto busca impulsar el desarrollo económico-social, el verdadero objetivo del PPP es conseguir la privatización de puertos y rutas, además de apoderarse de la biodiversidad y el corredor Biológico Mesoamericano. En la visita de Calderón a Colombia, el mandatario y futuro mandatario, estrecharon relaciones comerciales y aprovecharon para intensificar aquellas vinculadas a materia energética; tal es el caso del PPP. La anexión de Colombia al megaproyecto no es dadivosa, sino que responde a un interés particular de Estados Unidos en el territorio colombiano. Según manifestó el analista Fernando Arellano Ortiz en Cronicón la zona del Chocó resulta de vital importancia para el PPP, no sólo por ser una importante fuente de agua dulce y una reserva de petróleo, sino porque allí se encuentra “el Tapón del Darién, sector selvático que permitirá, una vez se construya el tramo de la vía panamericana, unir a Centroamérica y Sudamérica”. Pese a los intentos por el "hacer parecer", queda claro que tanto en materia social, como política y económica, Alvaro Uribe persigue un único objetivo: hacer cumplir las leyes del neoliberalismo a cualquier precio. No puede negarse la argucia discursiva del Presidente; por un lado el mandatario, igual que el pueblo colombiano, brega por la inauguración de un proceso de paz; y por el otro, asegura la perpetuación de los mecanismos de violencia y desprecio por los derechos humanos, a la vez que profundiza las leyes del capitalismo exacerbado. “La búsqueda de un proceso de acuerdo humanitario, de un proceso de paz, no podrá ser al costo de debilitar la política de Seguridad Democrática”, sentenció el mandatario colombiano. Así, aunque en primera instancia parezca que en el segundo mandato de Uribe primará la "política de la zanahoria"; enseguida el propio Uribe se traiciona y deja ver que su política fue, es y será "la del garrote". Fuente: Agencia Periodística del MERCOSUR (APM), Mar del Plata / Argentina
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