La crisis que sufre Servicio Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (SEMAPA), de Cochabamba, una que al parecer no tiene visos de solución y cuyos temas recurrentes parecen ahondarse más como la instrumentalización política y la corrupción. Los actuales directores ciudadanos se hallan estigmatizados por el tema de la corrupción; tanto que el Fiscal adjunto Arturo Alcoba, solicitó al Juez quinto de instrucción cautelar, la detención preventiva de Franz Taquichiri, Ricardo Villazón y Mario Alvino Soto, por los delitos de uso indebido de influencia y conducta antieconómica, a los que se suma las constantes denuncias del actual sindicato en contra del ejercicio discrecional y autoritario de estos funcionarios. De esta manera deseamos destacar la importancia, diríamos fundamental, de la posesión del comité electoral para la elección de los futuros directores ciudadanos de SEMAPA. Este comité electoral se conformará por siete representantes de distintas instituciones, entre los que se encuentran Roberto Ancalle, representante del sindicato de trabajadores en construcción de SEMAPA; Jaime Onofre, por la Central Obrera Departamental; Eduardo Lavayen, de la Alcaldía de Cochabamba; Rosalio Tinta, por la Coordinadora de Defensa del Agua y la Vida; Pedro Hinojosa, de Iglesias Evangélicas Unidas; Carlos Arévalo, de la Federación de Trabajadores de la Prensa y, Carlos Deza, representante de la Federación Departamental de Juntas Vecinales. La tarea más importante de este comité es elaborar y redactar la convocatoria a elecciones para los nuevos directores ciudadanos, en un plazo no mayor a los treinta días, computables a partir del 18 de agosto de 2006. Por esta razón, la socialización del cronograma del acto eleccionario y, fundamentalmente, la participación activa de la ciudadanía y sus instituciones será esencial para el devenir y destino futuro de SEMAPA. Ya que una de las premisas básicas por la que deben apostar las organizaciones sociales en la gestión y mandato de los futuros directores ciudadanos debe ser la aplicación de los principios de transparencia, rendición de cuentas, revocabilidad de mandato e imprescriptibilidad de daños al bien público; para no repetir las amargas experiencias de los anteriores directores ciudadanos. Las vicisitudes de la Laguna Alalay Entre lo muchos atentados que sufre la laguna Alalay se presentó este mes la contaminación del espejo de agua con escombros y residuos hospitalarios, según denuncia efectuada por el Comité de Defensa Ambiental Cochabamba (CODAC), a la cabeza de su presidenta Bonnie Vargas. Denuncia que además fue admitida por el Fiscal de Distrito, Cesar Cartagena, quien iniciará de oficio las investigaciones sobre delito ambiental cometido en la laguna Alalay; que de acuerdo a los plazos establecidos y las pruebas recolectadas deberá evaluar si existe materia para imputar a la Alcaldía, sobre este hecho. Al mismo tiempo, la Alcaldía del Cercado en su intento de salvar este espejo de agua, bajo una propuesta de recuperación y desarrollo urbano mediante la dirección de gestión ambiental, presentó el plan de señalización y sistema de información que será instalado para proteger la laguna Alalay. Sistema que informará a la población sobre el tipo de actividades permitidas y aquellas que están restringidas. También se destacó el trabajo de la limpieza de varios colectores pluviales que ingresan a este espejo de agua; asimismo, el oficial técnico de la Alcaldía informó que existen 28 puntos de contaminación, los cuales son producto de conexiones clandestinas de alcantarillado, cuyo efecto más notorio son las macrofitas, las cuales amenazan con cubrir completamente este espejo de agua. Al respecto, según el informe presentado por la unidad de limnología de la Universidad Mayor de San Simón, la extracción de macrofitas de la laguna Alalay se cumplió en un 60%, avalando los esfuerzos y el trabajo que realiza la Alcaldía. Estos dos hechos precedentes ejemplifican las contradicciones existentes en el tema Alalay, por lo que se hace urgente la necesidad de definir el rol y la función de la laguna, la misma que debe ser determinada a través de los diferentes actores sociales e instituciones que están relacionados directa e indirectamente con este espejo de agua y tener como resultado un plan de gestión concertado. Esto significa atacar el problema de manera estructural, donde los actores fundamentales deben ser aquellas instituciones que tienen poder de decisión que permitan encarar de manera sostenida las soluciones estructurales. Lo contrario significará la dispersión de esfuerzos y recursos. El caso de las aguas del Silala Otro de los temas conflictivos de este mes, es el referido a la explotación ilegal de las aguas del Silala, por parte de Chile. Los dirigentes del Comité Cívico Potosino (COMCIPO) están empeñados en que el Prefecto del Departamento y las autoridades nacionales, asuman acciones inmediatas que permitan poner coto a la explotación ilegal de las aguas del Silala, sin tener beneficio alguno para el pueblo potosino. Ya que según versiones recientes de prensa, las ganancias anuales que estaría logrando la Empresa de Ferrocarril Antofagasta-Bolivia, seria de aproximadamente 100 millones de dólares anuales por la venta de las aguas bolivianas hacia Chile. El argumento permanentemente esgrimido por el gobierno chileno en relación a las aguas del Silala es que éste es un río de curso internacional; en contraposición, el gobierno boliviano sostiene que es un manantial. Entonces resulta pertinente determinar el contenido de ambos conceptos para dilucidar y encarar las soluciones y la propiedad de derecho en relación al Silala: El derecho internacional establece que los ríos de agua son internacionales, por lo que pueden ser explotados y aprovechados por todos los países por los que atraviesa. Distintos son los casos de manantiales, que pertenecen al país en el que nacen y cuyas aguas pueden ser explotadas en la forma que su propietario lo determine. Al respecto podemos comentar que no es posible determinar si se trato de una trampa de la diplomacia chilena o de un desacierto de la diplomacia boliviana, pero durante mucho tiempo en el país se confundió al Silala con un río; lo que supuso las grandes dificultades para el estado boliviano de sentar soberanía sobre este recurso natural y, fundamentalmente por la orientación ideológica y la falta de voluntad política de los gobiernos precedentes. Aquí, resulta pertinente destacar el estudio elaborado por el Servicio Técnico Geológico Minero, que demostró que las aguas del Silala nacen en unos bofedales (punto en el que las aguas subterráneas afloran espontánea y naturalmente hacia la superficie) en el vice cantón Quetena de la Provincia Nor Lípez del Departamento de Potosí, Bolivia. De manera que, en aplicación del derecho internacional, si Chile desea utilizar las aguas del Silala debería pagar por ello a Bolivia; que según los reportes técnicos recientes, las vertientes del manantial del Silala abastecen actualmente 200 litros de agua por segundo, y por ello Chile diariamente se beneficia de manera gratuita con 17.280 M3. Es de esperar que el anuncio del Presidente Evo Morales de militarizar la región del Silala para sentar soberanía y precautelar nuestros recursos naturales, este acompañado por acciones contundentes de la Cancillería y se constituya en una Política de Estado para solucionar estructuralmente el tema, en beneficio del estado boliviano. Contaminación de los recursos hídricos Otro tema preocupante que surge en la coyuntura es la creciente contaminación que sufre el lago Titikaka, considerado entre los lagos navegables más altos del mundo, lo que sin duda la convierte en una de los atractivos turísticos más importantes con que cuenta el producto turístico boliviano en general. Por lo que las tareas orientadas a su preservación deben ser encaradas de manera urgente. Si bien la contaminación no es reciente, es momento de que se deje de utilizar al lago Titicaca como una gran cloaca a la que se vierten las aguas servidas provenientes de El Alto, Laja y Viacha; asimismo, las provenientes de las actividades turísticas que se desarrollan en torno al lago, ya que son varias las empresas hoteleras que se han establecido alrededor de este ecosistema, las que lamentablemente no cumplirían -ninguna de ellas- con el tratamiento de las aguas servidas. Frente a este panorama, es saludable la iniciativa presentada por la mancomunidad de municipios del lago que ha elaborado una “Propuesta marco para la recuperación, preservación y conservación de la cuenca del Titikaka”, que desarrollará acciones de mitigación ambiental inmediatas, a mediano y largo plazo. Esta instancia esta conformada por varias autoridades nacionales como el Vice-ministro de Cuencas y Recursos Hídricos, Walter Valda, la Directora de Medio Ambiente de la Prefectura del departamento de La Paz, Adiva Eyzaguirre, el Presidente de la Mancomunidad de Municipios del lago, Pedro Huanca y el representante de la Federación Unica de Trabajadores Campesinos de La Paz Tupac Katari (FUTCLP), Maximiliano Flores. Por cuanto es un tema de prioridad nacional el inicio de las acciones de mitigación ambiental en esta importante reserva hídrica, es de esperar que esta propuesta marco reciba el respaldo de todas las autoridades y la comunidad en su conjunto para revertir el proceso creciente de contaminación. Finalmente, se encuentra el tema de la contaminación de los recursos hídricos por parte de la actividad minera, las mismas que se producen principalmente en los departamentos de Potosí, Oruro y Chuquisaca. Destacan especialmente las agresiones que sufren los ríos Pilcomayo y Desaguadero, el Lago Poopó y, los sistemas de agua potable de Potosí y Oruro. Por lo que urge la urgente necesidad de encarar soluciones y respuestas integrales sobre el tema. Fuente: Boletín Electrónico del Proyecto "Legislación de Aguas: Encontrando Bases Comunes" CGIAB - Comisión para la Gestión Integral del Agua en Bolivia www.aguabolivia.org