Después de la instalación de la Asamblea Constituyente el pasado seis de agosto, dos temas centrales traban la consecución de acuerdos: la definición de la asamblea de originaria o derivada y la modalidad de aprobación de las reformas constitucionales por mayoría absoluta o por dos tercios. En medio del empantamiento se configura un conflicto político que pretende la reproducción de antagonismos en diferentes niveles e instancias del sistema político y del campo de fuerzas de la sociedad civil. La definición de originaria o derivada de la Asamblea como el establecimiento del mecanismo de dos tercios o mayoría absoluta para aprobar las decisiones de la misma, reproduce la lógica de cierre discursivo y político que ha caracterizado a la crisis política del país desde hace seis años. Por el curso que va la Asamblea, ella tiende a convertirse en poco tiempo en uno de los escenarios más de reducción de la política a la lógica de amigo/enemigo, por una parte, y neutralización de lo político a estructuras preestablecidas y de monopolización de las decisiones, por otra. Reducir y poner en vilo a la propia Asamblea por una definición “última” de la misma es simplificar a la interacción política a nociones esencialistas, que en otras palabras, significa fijar de una vez y para siempre un significante: la Asamblea, que por su estructura nominal esta sujeta a múltiples interpretaciones de significado. Esta práctica, olvida que la acción política es expresión de apertura a múltiples posibilidades de invención del lenguaje, esto es de (re)interpretación de los significantes para permitir la comunicación y los acuerdos entre partes a partir de fijaciones eventuales y precarias de significado que los actores establecen y canalizan como campo de interacción. ¿Por qué no inventar otra definición para la Asamblea? ¿Por qué no recurrir a la ambigüedad del lenguaje político para salir del paso y establecer un campo de interacción abierto y plural? Nuevamente, como es convencional, la crisis de la política se reproduce en el intento de fijar de una vez y por todas, un lenguaje para reducir interacciones y articulaciones posibles. Por ejemplo, se pudiera recurrir a otra lógica de interpretación de la Asamblea, definirla como expresión de la soberanía popular que apertura un campo político con nuevos significantes. Es decir, ni derivada ni originaria en esencia, sino manifestación de la voluntad popular que está dispuesta a reconocer estructuras estables y sedimentadas de nuestra tradición política (derivada), como asimismo, expresión de la necesidad de inventar o fundar nuevas estructuras institucionales (originaria). Por otra parte, delimitar un mecanismo final o único para el establecimiento de los acuerdos por dos tercios o mayoría absoluta, también olvida las posibilidades que la práctica política dota al campo de interacciones humanas, como acumulación de experiencias prácticas y sentido común. Nada más necesitamos ver y reconocer prácticas que la propia sociedad boliviana despliega para llegar acuerdos colectivos; y si esto no es suficiente, también es posible recurrir a experiencias internacionales de otras asambleas constituyentes (Sudáfrica por ejemplo) para incorporar mecanismos que se hallan en las prácticas colectivas: la deliberación pública amplia y abierta de temas, actores y asuntos. En gran parte estamos en crisis por haber delimitado el campo de acción a estructuras preestablecidas, cuando en realidad la política fluye por múltiples lugares y campos de acción. Pues, desde algún tiempo, vivimos la constatación de que no hay un lugar preciso y esencial de lo político, y toda posibilidad de cierre y delimitación final es siempre amenazada por la dislocación y la disrupción de sus estructuras y fronteras. Es decir, la política no es una facultad tan sólo de los partidos y las estructuras formales, sino se mueve y fluye a lo largo y ancho de la sociedad; desde el ciudadano que demanda garantías individuales, hasta las formas asociativas, corporativas y comunitarias de expresión social. Por ello, la solución no es ni dos tercios ni mayoría absoluta, sino combinaciones posibles de mecanismos y recursos institucionales y políticos para viabilizar decisiones vinculantes. Esto es, hacer política en función a la ampliación del debate hacia y en la sociedad civil (asambleas circunscripcionales a lo largo y ancho del país), como de consecución de acuerdos generales en base a ejes temáticos centrales, los mismos que pudieran ser expresión de acuerdos por unanimidad, dos tercios y mayoría. En definitiva el imaginario de una posible salida política al empantamiento de la Asamblea, es sostener la idea de quien debate y acuerda no sólo son los constituyentes y los actores formales, sino la sociedad civil a través de la apertura de la deliberación a mecanismos y formas para inventar y reinventar las instituciones y la política.