Todos quedamos indignados con el resultado del Tribunal del Jurado realizado el 18 de junio, que absolvió al hacendado responsable intelectual del asesinato de la sindicalista Margarida Alves, en Paraíba, en agosto de 1983. Y no se trata del único caso. De 1985 para acá más de 1600 compañeros y compañeras sindicalistas, religiosos, abogados y diputados fueron asesinados en el medio rural por motivos políticos, en problemas de tierras. Menos de 100 casos tuvieron procesos y juicios. En menos de 20, fueron condenados los autores materiales e intelectuales. Y, por lo que se sabe, están presos apenas los implicados en tres crímenes, que obviamente tuvieron mucha notoriedad: los asesinos de Chico Mendes, del padre Josimo Tavares y del sindicalista Canuto. Todos los demás están impunes. En el caso de los policías que participaron en la masacre de Carajás, hace más de cinco años, la seguridad de la impunidad ha hecho que algunos de ellos se impliquen en el asesinato de otros dos líderes del MST, en Paraupebas (PA). Hace más de un año que está parado en el Senado, después de aprobado en dos votaciones en la Cámara de Diputados, un proyecto de ley de enmienda constitucional, por iniciativa del propio gobierno, que transfiere a la Justicia Federal los crímenes cometidos contra los derechos humanos. Hay un acuerdo entre todos los partidos para la aprobación de este proyecto. Y, por alguna razón más fuerte que la retórica de los partidos políticos y del gobierno federal, el proyecto no ha sido aprobado en el Senado. ¿Por qué?. El otro Brasil Desgraciadamente, más allá de la estúpida violencia física que ciega impunemente tantas vidas, en el medio rural existen muchas más injusticias. Incansable y con mucho coraje, el padre Ricardo Resende continúa denunciando la existencia de trabajo esclavo, aún hoy, en pleno siglo 21, en las haciendas del Sur de Pará. Madres desesperadas no conocen el paradero de sus hijos adultos, llevados por "gatos", sin nunca más dar noticias. Sin documentos, sin dirección, sin ciudadanía. Tratados como una mercadería cualquiera. ¿Será este el Brasil moderno que Fernando Henrique Cardoso prometió al pueblo brasileño hace siete años, cuando asumió el gobierno?. Todos nos quedamos indignados con la insensatez y la irresponsabilidad del gobierno federal con la crisis de la energía eléctrica. Pero en el medio rural hay todavía millones de brasileños que no conocen la energía eléctrica. Y no es porque vivan en grutas inaccesibles. Tenemos una escuela, de un asentamiento del MST, que funciona con 600 alumnos, en el antiguo patio de obras de la mayor hidroeléctrica de Paraná, Salto Santiago. Por lo tanto, al lado de la planta hidroeléctrica. ?Y no tiene luz! Millares de campesinos de Pará y de Maranhão viven a oscuras, a corta distancia de la línea eléctrica de Tucuruí, que lleva energía tan sólo para una multinacional canadiense que exporta aluminio. ¿Cuántos ejemplos más se podrían dar de tantas injusticias, violencia social y de la impunidad existente? Ejemplos no faltan. Basta andar por este Brasil y observar. Pero la pregunta clave es: ¿Por qué persisten la injusticia y la impunidad? Persisten porque nuestra sociedad es controlada por una minoría, de la clase dominante, de acomodados, que piensan sólo en acumular riqueza, acumular poder. Frente al capital internacional, son extremadamente serviles. Frente al pueblo brasileño, son violentos y represores. Esa minoría que se aprovecha del Estado sólo para garantizar sus privilegios y aumentarlos aún más. El Estado brasileño no asimiló todavía la Revolución Francesa de 1789, de la separación de los tres poderes y del voto libre y democrático. Pero, más que eso, el Estado brasileño está organizado, estructurado, para funcionar únicamente en beneficio de una minoría. Como dijo recientemente el obispo de Caxias (RJ), Don Mauro Morelli, "el Estado brasileño es como una furgoneta (Van), hecho para que quepan apenas 10 personas. El pueblo, amontonado en las paradas, hasta puede escoger el cambio del chofer, pero seguirá viajando apenas el 10%". Nuestra sociedad necesita cambios radicales, que vayan a la raíz de los problemas. Y para eso no basta sólo con cambiar de chofer. Necesitamos cambiar el tipo de transporte para que todos los brasileños puedan "viajar" y no sólo el 10%. Sin esos cambios, las injusticias sociales continuarán aumentando y la impunidad de los poderosos continuará siendo parte de las reglas de juego. * João Pedro Stedile, es miembro de la Dirección Nacional del Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST).