Los hechos han comenzado a sucederse de manera incontrolable mostrando el evidente reagrupamiento y desgajamiento de los centros de poder que, hasta hace un tiempo, parecían consolidar la impunidad militar, lo que ocurrió por muchas décadas pese a los indignados reclamos de los grupos defensores de Derechos Humanos y familiares de las víctimas reclamando justicia. El acto del pasado lunes en el sepelio del coronel Rodríguez Buratti, para quienes tuvimos la oportunidad de presenciar por televisión algunos fragmentos del mismo, es significativo. Vimos la soledad de los llamados “nostálgicos” que mantienen como vocero al general Iván Paulos, un patético representante de la peor historia de la represión, que repite slogan anticomunistas y consignas insólitamente envejecidas hasta para la peor derecha. El centro de su diatriba tomó como blanco a los actuales mandos de las Fuerzas Armadas que, según sus expresiones, han “abandonado” a estos militares que fueron la cabeza visible de la represión dictatorial y las manos ejecutoras de acciones, muchas de las que, tuvieron el carácter de “lesa humanidad”. Claro está, los ahora procesados por la Justicia siempre han sostenido – y lo seguirán haciendo hasta el fin de sus días – que no fueron más que el eslabón final de una larga cadena que sirvió para aplicar las políticas impulsadas por el Departamento del Estado de EEUU, que determinaron golpes “perlados” a nivel del continente y una similar acción represiva basada en la Doctrina de la Seguridad Nacional. Sin embargo algo ha cambiado en el Uruguay. Por primera vez son procesados represores de la dictadura involucrados en asesinatos, torturas y desapariciones, prosperando el pedido de la fiscal Mirtha Guianze, que sorteó – por las características de los delitos imputados – el amparo que les brindó por décadas a estos delincuentes la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado. Pero, más allá de los vericuetos legales – que por supuesto, han sido estrictamente tenidos en cuenta por la fiscal Guianze y particularmente por el juez Luis Charles, porque aquí no se está transgrediendo ninguna norma para sancionar a los ahora procesados -, lo que parece evidente es lo que señalamos en los párrafos anteriores: el cambio cuantitativo en los centros de poder. Ya la llamada “familia militar” no cierra filas en torno a estos patéticos representantes del peor pasado del país, pese a lo cual se han dado, como todos sabemos, algunas declaraciones o intentos de limar las aristas más duras de la situación por parte de algunos mandos cuya acción ha servido de poco. Bastó para ello que asumiera el poder un gobierno sin complicidades con ese pasado atroz del país, para que la correlación de fuerzas de que hablamos comenzara a modificarse en contra esa cúpula de violadores de derechos humanos que, de confirmarse todos los delitos imputados por la fiscal, podrían estar recluidos hasta un máximo de 18 años. Además los procesados tienen cuentas pendientes con la Justicia argentina, que al parecer prefirieron evitar – se afirma – pero que el procesamiento en Uruguay no haría caducar, porque el término de la pena establecida en nuestro país la Justicia, recién ahí, debería considerar el pedido de extradición del país vecino que, de ser aceptado podría determinar para quienes estén vivos (recordemos que son todos mayores de 60 años), nuevas penas de prisión. Lo ocurrido el pasado lunes es un hecho más que significativo, con un hondo contenido y un significado que se entronca en las características de nuestra democracia que, desde la caída de la dictadura, vivió una situación de excepcionalidad, con una Justicia llena de problemas, jaqueada por el poder político y – más allá de lo que se diga – limitada por condicionamientos objetivos de una realidad no favorable al castigo de los responsables de delitos de lesa humanidad. Se puede decir – tal como sostenía en un trabajo anterior - que la uruguaya ha sido hasta hoy una especie de democracia renga, con desigualdades manifiestas de los ciudadanos ante la Ley, porque justamente los autores de los peores delitos que se recuerdan en el Uruguay, vivieron una situación de impunidad influenciada por la actitud complaciente de gobiernos medrosos (¿o cómplices?) que prefirieron cuestionar el funcionamiento del sistema a arriesgar una posición valiente ante quienes habían cometidos fechorías de todo tipo, muchas de ellas crímenes de “lesa humanidad”, con el agravante de actuar en nombre del Estado nacional. Por supuesto, no debemos olvidarlo porque es esencial en el análisis de la larga impunidad de estos lamentables personajes. Ha estado vigente la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado, mecanismo ideado para dar una apariencia de legalidad a esa situación de injusticia institucionalizada, de privilegio inaudito de delincuentes que por años vivieron usufructuando las prerrogativas que les otorgó el Estado como retirados de las Fuerzas Armadas y policiales que, por supuesto, pagamos entre todos los demás que nunca tuvimos los mismos privilegios. ¿Alguien puede sostener lo contrario? Por supuesto que ellos mismos y algunos pocos militares más – cada vez menos - todavía “colonizados” por las ideas mesiánicas que endiosan a la dictadura, sostienen que los implicaron en lugar de ser delincuentes de lesa humanidad son “salvadores de la patria”, afirmación que, por supuesto, no resiste ninguna investigación histórica. De este modo, desde gobiernos que invocaban su carácter democrático, se contribuyó a fraguar, en el seno del colectivo militar, la idea que ellos estaban por encima de toda ley humana y divina. ‘La guerra’ les había otorgado la facultad de matar y perdonar, la suprimir la identidad a niños y la de hacer “desaparecer” a sus padres. La de matar sin siquiera un juicio sumario, la de torturar. Pero, no olvidemos. Estos señores eran el final de la cadena, las cabezas más visibles de todo un proceso espantoso que determinó alrededor de 200 desapariciones, asesinatos y miles de personas torturadas y agredidas. No olvidemos – no hay que hacerlo – fue también ese sistema tiránico que se implantó en el país el que intentó llevar a la población a funcionar dentro de esquemas mediovales, persiguiendo a los ciudadanos por sus ideas, impidiéndoles trabajar. En buena medida, un mecanismo terrorista que es responsable de la diáspora uruguaya, un pequeño país, sin accidentes naturales, que podría perfectamente albergar dándole trabajo a muchos millones de personas si su organización económica fuera adecuada a las necesidades nacionales, cuya población se ha desperdigado por el mundo, comenzando ese éxodo – fundamentalmente – en esa etapa de un país en el cual no se podía respirar. Hasta hace un tiempo muchos se preguntaban: ¿Es bueno o no para nuestra democracia que los violadores de los derechos humanos, aquellos militares y policías que fueron protagonistas de delitos de lesa humanidad, sean juzgados y castigados en nuestro país? Si esa fue la estrategia del gobierno, entendemos, que no era inadecuada ni alejada a los mejores intereses del país, porque ese aire fresco servirá para cambia un estado de cosas absolutamente nefasto, totalmente negativo para nuestra democracia, que daba cuenta de la existencia de una clase privilegiada que, con esta decisión del juez Charles, comenzará a dejar de existir. Gracias a los políticos conservadores (y cómplices), los “vencedores” de la guerra fueron también los triunfadores de la paz. “Lo que ahora se publica muestra el poder y la ceguera de los antiguos represores. Muestra también el grado de chifladura que padecen ahora que sus soportes políticos ya no tienen la sartén por el mango. A los dispensadores del miedo les llegó la hora de probarlo” La prueba del acierto de está frase está, sin duda, en el discurso del general Paulos. Un grupo de “intocables”, responsable de crímenes atroces que en razón de visiones políticas claudicantes, cuando no cómplices, que durante más de dos décadas pudo sortear sin ninguna contingencia negativa su condición. Claro, debieron sufrir un continuo repudio social que no se mitigó durante el tiempo y que fuera una de las peores lápidas de estos lamentables personajes. Es bueno para el país que sea aquí donde se comience a vencer a la impunidad, para terminar con la excepcionalidad en una sociedad que debe normalizarse de una vez por todas. Por ese camino se saneará al país y se quebrará la insoportable situación de injusticia que cuestionaba al funcionamiento mismo de nuestro sistema jurídico, de la democracia misma. Sin embargo, más allá de estos tristes personajes, debe impulsarse un trabajo para que algún día resplandezca la verdad histórica porque es necesario avanzar sobre toda la verdad. Solo castigar a las cabezas más visibles de la represión no alcanza. Los cómplices no pueden mimetizarse más en el marco de una sociedad que quiere y defiende la democracia. - Carlos Santiago es periodista.