El lunes 18 de setiembre se instalará una “Mesa de Diálogo” entre el Gobierno del APRA y los representantes de los agricultores de las cuencas cocaleras del Alto Huallaga, Aguaytía y el valle del río Apurímac y Ene (VRAE). No asistirán dirigentes de otras cuencas – Monzón, La Convención, Sandia, San Gabán y Selva Central - ya que lamentablemente el frente cocalero se encuentra dividido desde principios del 2004, lo que constituye un escenario favorable a las políticas en curso, al Gobierno del APRA y al de los Estados Unidos. Estando lejos de este acontecimiento y, desde hace varios meses, alejado también de las protestas y propuestas de mis amigos agricultores de las cuencas cocaleras, por encontrarme viviendo entre el Cusco y Madre de Dios, dedicado a impulsar experiencias de desarrollo rural integral sostenible y sustentable, deseo opinar y proponer como ciudadano ya que es mi deseo que prospere este diálogo que se ha abierto. Quiero aclarar que no soy asesor de la congresista Nancy Obregón – como informó “Caretas” hace dos semanas - y tampoco de Elsa Malpartida. Menos lo soy de Nelson Palomino ni de ningún otro dirigente de cuenca cocalera alguna. Soy un modesto conocedor y estudioso de la problemática, leal amigo de los dirigentes mencionados a los que he acompañado en sus luchas y, ahora, ciudadano con derecho a opinar y proponer. Con este derecho que me asiste, quiero compartir los siguientes puntos que me parece pueden servir como marco para el diálogo que se inicia. Es así como considero que, con todo respeto hacia ellos y ellas, considero que los dirigentes de las cuencas cocaleras, deberían plantearle al Gobierno del APRA los siguientes puntos: 1. Señalarle que la "mesa de diálogo" no debe ser una mecida más y no se trata de una concesión del Gobierno del APRA, sino una conquista de los agricultores y otros sectores que desde hace años luchamos por nuevas políticas de drogas y hoja de coca para nuestro país, lo que implica rescatar y sistematizar los acuerdos de las más de 40 Actas que han firmado tres gobiernos - Fujimori, Paniagua y Toledo - con los agricultores de diversas zonas productoras de coca, las mismas que han sido incumplidas y burladas por DEVIDA y otras instancias. Estas Actas no deben ser letra muerte sino elementos vinculantes y, además, debería resucitarse la Mesa de Diálogo que fue creada en marzo del 2001 – DS 009-SA del 24 de marzo de ese año - y que DEVIDA se encargó de destruir. 2. Buscar y exigir cambios en las políticas de drogas y de la coca mediante la discusión y promulgación de dispositivos legales diferenciados que derogen el decreto ley 22095 (OJO: no está en las prioridades del congreso para la presente legislatura) por obsoleto – data de febrero de 1978 - e ineficaz – los “narcos” crecieron y están felices con este dispositivo - y trastoquen la institucionalidad actual por ineficaz, injusta, inconstitucional y muchas veces corrupta: DEVIDA, OFECOD, CORAH, CADA y ENACO. 3. Con respecto a DEVIDA, la principal recomendación que le hice a Ricardo Vega Llona cuando me convocó para apoyarlo en octubre del 2001 fue que debía cerrar Contradrogas – la que antecedió a DEVIDA -, despedir o cesar contratos a todos sus trabajadores y técnicos, evaluar a cada uno - muchos de ellos habían sido puestos por el SIN de Montesinos - quedándose con los honestos, reducir el número de miembros y parar de cabeza la institución. En ese momento había 130 personas, 100 en Lima y 30 en el campo por lo que recomendé que sea exactamente al revés y con menos gente. No más de 80, 60 en el campo y 20 en Lima. Ahora hay más personas - creo que 140 - y la proporción respecto al campo sigue similar. Vega Llona no me hizo caso y me dijo: "tú eres socialista utópico y yo empresario realista que no cambio el caballo a la mitad del río; no puedo cerrar una institución de crearon los gringos". Tuve la razón ya que considero que cinco años después el remedio ha resultado peor que la enfermedad. 4. Con respecto a la Empresa Nacional de la Coca (ENACO), se trata de una empresa que tiene en su seno una quintuple contradicción: 1) es un monopolio con posición de dominio en el mercado, cuando estos fueron eliminados por la Constitución de 1993; 2) es una empresa pública de derecho privado, algo así como un pájaro submarino o pescado volador; 3) por ley debe hacer desaparecer un producto que debe revalorar para poder subsistir; 4) compra barato a campesinos pobres en la ceja de selva para venderle caro a campesinos más pobres de las serranías (frase del Ing. Nils Ericsson cuando fue Presidente de ENACO y defendía la coca); y, 5) debe prestar un servicio público fiscalizando que la coca no se vaya para el “narcotráfico” pero capta menos del 30% de la coca de uso legal. Por ello he sostenido que ENACO debería tener un siquiatra en lugar de gerente o presidente del directorio. La propuesta es que en su reemplazo debe crearse una instancia de fiscalización del cultivo y producción de coca con la participación de los agricultores, los gobiernos regionales y municipios. Los municipios de las zonas productoras de coca pueden comprar a los agricultores a precios más altos y mediante sistemas de agricultura por contrato vender a los municipios de las partes altas, quienes se encargarían de distribuir la coca a los consumidores a precios más bajos que los actuales. 5. La Oficina Ejecutiva para el Control de Drogas (OFECOD), creada en 1978 por el decreto ley 22095, es una institución que no tiene oficio ni beneficio, salvo para darle trabajo desconocido y sin fiscalización de nadie a algún policía en retiro con buenas relaciones con la embajada de EEUU en Lima. Lo mismo sucede con el Proyecto Especial para la Erradicación de Coca (CORAH) que depende de la Sección de Asuntos de Narcóticos (NAS) de la Embajada de EEUU y que, dado los recientes hechos lamentables de Sión, más bien debería reestructurarse convirtiéndose de erradicador de coca en plantador de especies forestales. Otra institución es el CADA (Cuerpo de Apoyo al Desarrollo Alternativo) que depende de la OFECOD y cuyos técnicos están capacitados y tienen los equipos necesarios - financiados por el Gobierno de EEUU - para impulsar procesos de zonificación ecológica-económica que sirvan a un mejor fin que medir cultivos de coca para erradicar. Sería bueno pasar esta institución directamente al Ministerio de Agricultura. 6. Es indispensable buscar una fórmula adecuada para un cese temporal de la erradicación de cultivos de coca - como la que hubo entre 1989 y 1995 -, para reemplazar está política ineficaz e injusta por una de reducción gradual, manual, pacífica y concertada, hasta los niveles requeridos para el consumo tradicional y su industrialización benéfica. Este planteamiento fue el que hicieron los dirigentes cocaleros en sus marchas del 2001 al 2003, pero DEVIDA lo distorsionó totalmente a través del DS 044 – que firmó Toledo y al que se opusieron las dirigentes Nancy Obregón y Elsa Malpartida -, buscó financiamiento norteamericano para entregar migajas a los que se sumaran al programa sin siquiera cumplir con las promesas y, finalmente, se burló de la propuesta para decir luego que los radicales dirigentes quieren ahora “coca o muerte”. Lo que se debe proponer no es otra cosa que la racionalización de los cultivos de coca, bajo control social – no policial burocrático y corrupto -, como es la estrategia del Presidente Evo Morales para Bolivia, con la que estoy de acuerdo. 7. Se debe dejar claro que el tema de las drogas y de la coca no es de "seguridad nacional" como sostiene el gobierno de EEUU y repite el Gobierno del Perú con el apoyo de Fernando Rospigliosi y otros intelectuales, sino: 1) socio-económico y cultural por el lado del cultivo y la producción; 2) médico-sanitario, educativo-preventivo y socio-económico (cultural en parte) por el lado del consumo; y, 3) de inteligencia y Seguridad Humana o Ciudadana por el lado del tráfico. Una política de “seguridad nacional” como la adoptada hasta ahora - siguiendo a pie juntillas la ineficaz impronta estadounidense - es equivocar el diagnóstico y centrar la estrategia en salidas militares o policiales, lo cuál en mi concepto es un grave error. Estos tres aspectos de un sólo fenómeno - producción, tráfico y consumo - son un "blanco móvil" y no existe fuerza posible para encararlo ya que no se ha inventado aún el "hardware" necesario para ello. 8. Es necesario elaborar, discutir y aprobar en el Congreso de la República y con la participación democrática de la sociedad civil incluyendo a los agricultores y consumidores de coca, una Política de Estado sobre Drogas y sobre Coca que no sea "calco y copia" de la Política de EEUU. Esta nueva política debe estar centrada en una estrategia integral de Seguridad Humana, de la que debe erradicarse la palabra y el concepto de erradicación. Los ciudadanos y ciudadanas, no sólo los cocaleros y coqueros, deben asumir la problemática de las drogas y la coca como temas que los atañe y afecta o favorece. Es decir se debe construir el "software" suficiente, la masa crítica necesaria para consensuar un rechazo e impulsar propuestas ciudadanas positivas, no policial-represivas, alrededor de una Política de Estado sobre Coca y sobre Drogas, diferenciando una de otras. No una Política de Gobierno y menos aún la Política del Gobierno de los EEUU, que es lo que hasta ahora se ha estado impulsando con fracasos que están a la vista (leer "Drogas y Democracia en América Latina: el impacto de la política de EEUU" editado por WOLA en el 2004). 9. Debe plantearse la necesidad de realizar encuestas y estudios que permitan que el Estado, el Gobierno y la sociedad civil no sigan con los "ojos vendados" en lo que se refiere a estos temas, particularmente en cuanto a las extensiones de cultivos de coca - las mediciones no son del Perú sino de la CNC estadounidense y la UNODD con discrepancias enormes entre una y otras -, las cantidades requeridas para su uso tradicional - piccheo, medicinal, ritual y otros - y la industrialización benéfica. Pero para ello, hay que saber cuánto, cuántos, por qué, de qué forma, en qué sitios se cultiva y consume la coca y qué beneficios o perjuicios trae. La Encuesta del INEI/DEVIDA, realizada en el 2003 y solicitada por los agricultores en sus marchas, realizada con financiamiento de USAID y la NAS, no sirve para saber a ciencia cierta de qué estamos hablando. Aunque DEVIDA y la Embajada de los EEUU sostenga lo contrario - además de Rospligliosi, Antesana y otros -, sus resultados y análisis responden al interés del Gobierno de ese país pero no al de los peruanos y peruanas. Varios críticos de las políticas erradicadoras sostenemos que la tesis de "9 de cada 10 hojas de coca se van para el narcotráfico" es falsa por exagerada y que las cifras que se manejan no son científicas sino políticas, interesadas con golpear los eslabones extremos de la cadena, en este caso a los campesinos, dejando libres a los intermedios: traficantes de precursores químicos, policías corruptos, "narcojueces", lavadores de dinero, empresarios "de alto riesgo", traqueteros mayoristas, etc. Como dijo alguna vez Evo Morales en Bolivia, repitió Elsa Malpartida en el Perú y le dio la razón el embajador de EEUU en Lima, James Curtis Struble: "los narcotraficantes de cuello y corbata andan sueltos". 10. Para la nueva Política de Estado es necesario “separar la paja del grano” en torno a la coca en base a sus tres dicotomías: a) que coca no es lo mismo que la cocaína, aunque la contiene y es también materia prima para producirla, razón por la que debe estar fiscalizada; b) que cultivador de coca no es traficante de drogas ni integrante de la cadena del "narcotráfico" sino interlocutor para el impulso de nuevas políticas; y, c) que consumidor de coca no es droga-dependiente sino ciudadano con derecho a consumir una planta que constituye un símbolo de su identidad y por lo tanto con derecho a participar en la formulación e impulso de las nuevas políticas. 11. Debe cambiarse de raíz la estrategia del llamado "desarrollo alternativo" por una de desarrollo rural integral sostenible y sustentable que comience por investigar qué se ha hecho con los fondos internacionales donados para ello, que impulse una estrategia que no esté basada en cultivos y actividades de exportación sino de mercado interno, que tome como eje la participación de los agricultores en la elaboración de la estrategia, que no considere mendigos a los agricultores sino empresarios con derecho a crédito, que impulse actividades económicas que aprovechen la biodiversidad andino-amazónica, que considere a la hoja de coca coma parte consustancial a esta biodiversidad y que no se base en poner por delante la disminución de los cultivos de coca sino el desarrollo. 12. Señalarle al Gobierno del APRA que es un grave error estratégico que más del 85% de los fondos de la cooperación internacional para la lucha contra las drogas y el "desarrollo alternativo" provenga del Gobierno de EEUU. Debe haber una diversificación de fuentes y para ello, convocar a los embajadores de la Unión Europea, Alemania, Canadá e Italia a fin de reconstruir lo que se conocía como el Dublin Group. En los últimos cinco años, dada la prioridad que el Gobierno del Presidente Toledo le dio a las relaciones con el de EEUU, particularmente en el tema del TLC, no hubo la voluntad política ni la capacidad técnica para diversificar fuentes. Además se dejó en manos de USAID a través de la NAS y la UNODD el tema del "desarrollo alternativo" lo que también es un grave error estratégico. Se debe restablecer la Mesa de Donantes de Bruselas – creada en 1998 -, apoyar la reconstrucción del Dublin Group, fortalecer las relaciones con la Comunidad Andina de Naciones (CAN), trabajar fuentes de financiamiento con el BID y articular propuestas hacia la Corporación Andina de Fomento (CAF) en coordinación con la Corporación Financiera del Desarrollo (COFIDE). 13. Es indispensable la necesidad de iniciar una campaña nacional de revalorización de la hoja de coca, comenzando por eliminar los insultantes carteles de DEVIDA, CEDRO y Alianza por un Perú sin Drogas del tipo “coca = delincuencia” o "de cada 10 hojas de coca 9 se van al narcotráfico". Esta campaña también debe ser internacional, acompañando a Bolivia y Argentina en la solicitud del retiro de la hoja de coca de la Lista 1 de estupefacientes de la ONU. En lo interno es necesario crear un instituto de investigaciones científicas y antropológicas sobre este recurso andino-amazónico. 14. Finalmente, considero que se debe atender las exhortaciones del fallo del Tribunal Constitucional (TC) adoptado en noviembre del 2005 en torno a la hoja de coca y las ordenanzas regionales que se promulgaran el año pasado en Cusco y Huanuco. El TC señala que “no puede ser ajeno a los importantes argumentos planteados por los demandados – o sea los Gobiernos Regionales de Cusco y Huánuco - en relación con las causas que explicarían la necesidad de la declaración de la planta de la hoja de coca como patrimonio natural y cultural de la Nación (por lo que) estima pertinente realizar una aproximación al tema”. Acorde con ello aborda aspectos críticos y los convierte en exhortaciones que, teóricamente, no son vinculantes pero ningún Gobierno puede hacerse de la vista gorda frente a ellas. Los temas señalados por los Magistrados son los siguientes: 14.1. La hoja de coca no es sinónimo de cocaína: El TC sostiene lo siguiente: “(la hoja de coca) ni siquiera constituye, en su estado natural, la fase inmediatamente previa a la obtención en el ciclo productivo de aquel alcaloide altamente adictivo, pues dicha fase intermedia se encuentra constituida por la elaboración de pasta básica de cocaína bruta y lavada, a la que debe añadirse el uso de insumos químicos que, en sí mismos, tampoco constituyen productos prohibidos, sino regulados en su comercialización y uso industrial” (Punto 94). En otras palabras, según el planteamiento de los Magistrados la coca debería ser regulada y no prohibida, como quiere e impone el Gobierno de Estados Unidos. 14.2. El consumo de coca debe ser respetado: El TC argumenta lo siguiente : “En tanto el uso tradicional de la hoja de coca determina una identidad socio cultural entre esta planta y un importante sector de la población, toda política orientada a su regulación, no puede perder de vista esta innegable realidad, que debe ser afrontada sobre la base de un amplio conocimiento de sus particulares dimensiones y no bajo la influencia de iniciativas nacionales o extranjeras carentes de identificación con el tema.“ (Punto 101). Es decir, los gobiernos del Perú y EEUU no conocen ni aceptan las complejidades de la hoja de coca, sus dicotomías, caracteres, dimensiones y diferenciaciones. 14.3. La producción de coca y su transformación debe ser conservada: Los Magistrados del TC sostienen que: “Las potencialidades del patrimonio cultural inmaterial, como en el caso de la planta de la hoja de coca, trascienden del ámbito de lo cultural, adquiriendo especial relevancia, y obligando al legislador a hacer una lectura integral de esta institución atendiendo a sus consecuencias socioeconómicas, haciendo efectivas tales normas internacionales que garantizan los intereses de la Nación peruana a participar en los beneficios de la explotación comercial, pero fundamentalmente los derechos de las comunidades campesinas y nativas (artículo 89º de la Constitución) de recibir una compensación por la contribución de sus conocimientos tradicionales sobre la hoja de coca en la generación de riqueza“ (Punto 108). Ni el agua es más clara: según los Magistrados, la coca no sólo debe conservarse, sino industrializarse. Ambos asuntos reman contra la política de DEVIDA y el Gobierno de EEUU, pero a favor de la coca, de las propuestas de los agricultores cocaleros y del respeto a los tratados internacionales y la Constitución Política del Estado. 14.4. La coca como fuente de desarrollo sostenible: El TC también rema en contra de una de las falacias de DEVIDA – que la coca produce pobreza - en el siguiente sentido: “Se debe reconocer que este patrimonio constituye una fuente de oportunidades para el desarrollo sostenido de las regiones cocaleras, por ello, es que se hace necesario afirmar que su conservación, recuperación y uso sostenible de la hoja de coca requiere de la concertación de políticas y estrategias nacionales y regionales que garanticen su utilización racional. De esa forma se superará una de las grandes paradojas relacionadas con la biodiversidad, pues nuestro país, siendo un gran productor de la hoja de coca, a la vez, carece, al menos en la proporción y medida adecuadas, de los recursos materiales y humanos imprescindibles para su estudio y explotación lícita“ (Punto 109). 14.5. La coca como patrimonio biológico aprovechable: Adoptando una actitud ecológica y de conservación de nuestros recursos naturales el TC informa que: “El Perú concentra un alto porcentaje de la biodiversidad del planeta, y junto con los países de la subregión andina es lugar de origen de importantes recursos fitogenéticos andino amazónicos que proveen alrededor del 35% de la producción agroalimentaria e industrial del mundo. En atención a ello, se hace necesario efectuar una visión amplia, de la riqueza biológica nacional y las características geográficas en las cuales se desenvuelve, para orientar recursos científicos que permitan garantizar la conservación del patrimonio biológico que en ella se sustenta y dentro de los cuales se encuentra la planta de la hoja de coca.“ (Punto 110). Según los Magistrados, la planta de coca es un patrimonio biológico de la Nación, que las políticas norteamericanas quieren erradicar y DEVIDA no quiere garantizar su defensa. 14.6. Ha habido “ocio del legislador” respecto a la coca: Poniendo el dedo en la llaga y contrario a lo que afirma DEVIDA, el libro de Fernando Rospigliosi y varios otros estudios recientes, el TC informa que: “Desde hace siglos el uso tradicional (chaccheo, mágico religioso, ceremonial y medicinal) de la planta de la hoja de coca, forma parte de la identidad cultural de los pueblos originarios del Perú. Por ello, este Colegiado comparte la preocupación de los demandados por el ocio del legislador nacional al no haber reconocido expresamente al uso tradicional de la planta como patrimonio cultural inmaterial de la nación. En tanto dicha inercia legislativa persista se corre el riesgo de generar una inconstitucionalidad por omisión, no sólo por afectar el derecho a la identidad cultural de muchos peruanos (artículo 2º 19 de la Constitución), sino también por afectar el derecho a la igualdad (artículo 2º 2 de la Constitución)“ (Punto 111). DEVIDA, el ocioso Congreso de la República, así como varios investigadores peruanos pagados con fondos de USAID, tendrán que poner las barbas en remojo ya que están procediendo contra la Constitución Política del Estado. 14.7. La coca como patrimonio natural y cultural: Acorde con lo anterior, el TC“exhorta al Congreso de la República a incluir a la planta de la hoja de coca en la lista de cultivos reconocidos como Patrimonio Natural de la Nación, por la Ley N.º 28477. En igual sentido, se exhorta al INC, a iniciar los trámites administrativos para evaluar la conveniencia técnica de la declaración del uso tradicional de la planta de hoja de coca como patrimonio cultural inmaterial, de conformidad con el ordenamiento internacional” (Punto 111). Frente a la ociosidad del Congreso de la República y del Instituto Nacional de Cultura (INC), los Magistrados solicitan lo que hace tiempo han solicitado los agricultores cocaleros en su marchas, las autoridades locales en su memoriales y los Consejos Regionales en sus Ordenanzas: RESPETO para un patrimonio natural y cultural. 14.8. No a la “coca cero” pero sí al “narcotráfico cero”: El TC deslinda con la política oficial peruana y norteamericana diciendo que: “Con el mismo énfasis con el que este Tribunal reconoce que la hoja de coca no es sinónimo de cocaína y que, atendiendo a las características pluriculturales del Estado peruano, resultaría contrario al derecho fundamental a la identidad cultural y étnica de la población indígena, pretender la erradicación absoluta de las plantaciones de hoja de coca, reconoce también que la ausencia de control efectivo por parte del Gobierno Nacional sobre la expansión de su cultivo, cosecha y comercialización, tiene relación directa con el tráfico ilícito de la cocaína.” (Punto 120). Y añaden: “Ciertamente a un Estado democrático y social de derecho como el peruano, no puede serle ajeno este flagelo, que no sólo es del Perú, sino que ha adquirido ribetes universales y, en ese sentido, compromete a la humanidad entera. Efectivamente, está comprobado, médica y psicosocialmente, que su consumo afecta sensiblemente a la dignidad del ser humano, el derecho a la salud, libre desarrollo y bienestar personal y familiar. De ahí que, a partir de la Constitución, se haya impuesto como una tarea constitucionalmente exigible al Estado que éste adopte diversas medidas destinadas a combatir y sancionar el tráfico ilícito de drogas.” (Punto 121). En resumen, los Magistrados plantean la tesis principista y soberana que está enarbolando el Presidente boliviano Evo Morales: no a la “coca cero”, pero si al “narcotráfico cero”. 14.9. Desproporción de los tratados internacionales sobre la coca: El TC se atreve a reinterpretar aspectos de la normativa internacional: “En atención a la variación de la normativa internacional en relación con el combate al narcotráfico y a las consideraciones precedentes, debe interpretarse que allí donde las convenciones o tratados internacionales hacen referencia al “arbusto de coca” u “hoja de coca” para aludir a una sustancia prohibida, realizan una vinculación desproporcionada con la cocaína. Está exigencia interpretativa es aplicable a la Lista I de sustancias prohibidas de la Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes.” (Punto 127). A buen entendedor, pocas palabras: el TC insinúa la necesidad de revisar la Lista I sobre Estupefacientes, asunto que DEVIDA se niega a interpretar. 14.10. Las políticas contra el “narcotráfico” han sido ineficientes: Para los Magistrados del TC: “Aún cuando de conformidad con el diseño actual de las políticas nacionales en relación con el cultivo de la hoja de coca, corresponde declarar la inconstitucionalidad de los dispositivos impugnados, ello no es óbice para que este Colegiado advierta que dichas políticas no están alcanzando los resultados esperados, y no resulta plenamente afín con la realidad nacional y regional sobre la materia.” (Punto 135). Según el TC, estas políticas no tienen nada que ver con la realidad nacional y lo que se aplica son las políticas norteamericanas, justamente lo que denunciamos y niega DEVIDA. 14.11. ENACO es ineficaz: El TC destapa las ineficacias de esta empresa ya que: “El artículo 61º de la Constitución de 1993 establece que ninguna ley puede autorizar ni establecer monopolios, sin embargo ENACO S.A. es un monopolio preconstitucional que ha cumplido una labor administrativa en la cadena de la lucha contra el narcotráfico. Y aún cuando este Colegiado, en la fórmula de un Estado social y democrático de derecho (artículo 43º de la Constitución) y de una economía social de mercado (artículo 58º de la Constitución), puede aceptar que, bajo criterios de proporcionalidad y razonabilidad, dicha disposición constitucional admita excepciones, la ausencia de eficaces resultados, permite sostener que el establecimiento de una medida monopólica no está resultando idónea para alcanzar la formalización y el control de la comercialización de la hoja de coca.” (Punto 139). Como puede constatarse y varios hemos argumentado anteriormente, la ONU nunca le solicitó al Perú establecer un monopolio estatal como ENACO, sino un mecanismo de regulación eficaz. Pero además, tal como sostienen los agricultores cocaleros y ha demostrado el FONAFE en su informe: el monopolio de ENACO no funciona y, además, es corrupto. 14.12. DEVIDA también es ineficaz: Al respecto los Magistrados argumentan que: “una medida complementaria como el desarrollo alternativo, a cargo de DEVIDA, hasta el momento tampoco ha obtenido los resultados constitucionalmente exigibles de incorporar a los cocaleros a las políticas agrarias alternativas, en el marco del desarrollo agrario y de la lucha contra el narcotráfico, postulados en los artículos 88º y 8º de la Constitución, respectivamente” (Punto 139). En contrapartida a ENACO y DEVIDA, el TC “exhorta al Congreso de la República, para que, en aplicación de la Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes, establezca un régimen de licencias, manteniendo a una entidad con eficaces funciones de control” (Punto 139). Es decir, lo mismo que han planteado los agricultores cocaleros en sus marchas y memoriales. 14.13. La erradicación de coca es ineficiente y los precursores químicos no se tocan: Los Magistrados constatan que: “ …. el hecho de que el Estado concentre su política de lucha contra el tráfico ilícito de drogas en la erradicación parcial de una de las materias primas de la pasta básica y la cocaína (la hoja de coca) y en la tipificación y sanción penal del delito, más no en el tráfico informal o ilícito de los productos químicos que permiten producir drogas, tales como el kerosene, el ácido sulfúrico, el amoniaco, el anhídrido acético, benceno, carbonato de sodio, carbonato de potasio, cloruro de amonio, etc. En otras palabras, no es plenamente constitucional que el combate preventivo contra el TID sólo se dirija contra uno de los estadíos que permiten su perpetración, y no contra la oferta y la demanda de drogas y la comercialización de insumos químicos, lo que podría generar resultados más efectivos y menos costosos” (Punto 138). El TC constata el desequilibro en la política de drogas orientada hacia la represión a los campesinos, señala la ineficacia del combate al tráfico de precursores químicos y exhorta a que el Estado tenga una política integral sobre este tema. 14.14. El tráfico de drogas es un problema de demanda: Poniéndose economistas, los Magistrados indican que: “Debe tenerse en cuenta que en la cadena que culmina con el tráfico ilícito de drogas, es la demanda por la cocaína, a partir de la postrimería de la Segunda Guerra Mundial, como señala uno de los demandados, la que ha generado que la hoja de coca se convierta en un cultivo controlado; siendo que los consumidores y productores de la cocaína, básicamente, se encuentran en los Estados Unidos, Europa y otros países de la región andina, respectivamente. En consecuencia, la demanda por el consumo de cocaína proveniente de los Estados Unidos y demás países desarrollados, constituye la locomotora que arrastra a la conversión de la hoja de coca en un insumo básico para su transformación ilícita en una droga prohibida que circula ilegalmente en dichos países.” (Punto 139). En otras palabras, los ofertistas en políticas de drogas - la oferta determina el fenómeno y no la demanda -, así como los que sostienen que “es más fácil matar abejas en el panal que millones volando en nuestro territorio” deberían revisar sus enfoques. 14.15. Rediseñar una Política de Estado: Los Magistrados solicitan lo mismo que los agricultores cocaleros en sus movilizaciones y memoriales, ya que: “En base al deber constitucional del Estado previsto en el artículo 8º de la Constitución, corresponde al Congreso de la República y al Poder Ejecutivo, de conformidad con sus atribuciones, rediseñar la política del Estado contra el tráfico ilícito de drogas, enfocando el esfuerzo en todos los estadíos de la producción, particularmente en aquellos descuidados a la fecha y que se encuentran relacionados, fundamentalmente, con la demanda y no sólo con la oferta, y con pleno respeto de los derechos fundamentales, en especial, aquellos de contenido cultural” (Punto 140). Con ello el TC señala la necesidad de construir una verdadera Política de Estado sobre estos temas que hasta ahora no existe y se alinea con el Art. 14 de la Convención de Viena de 1988 que respeta la hoja de coca en aquellos territorios en los que exista evidencia histórica de ello, como son los casos de Bolivia y el Perú. 14.16. Concepciones erradas de EEUU sobre coca y cocaína: El TC imparte lecciones básicas al gobierno de Estados Unidos en el siguiente sentido: “Aún cuando este Colegiado encuentra necesarios los diversos convenios bilaterales celebrados en particular con los Estados Unidos de América, para un eficiente combate contra el tráfico ilícito de drogas, resulta preocupante que en diversos documentos oficiales de la contraparte peruana en dichos convenios, se sostengan inexactitudes como la siguiente: ´La cocaína es el más potente estimulante de origen natural. Es extraído de las hojas de la planta de la hoja de coca. (...). El consumo de cocaína en los Estados Unidos se origina de la planta de la coca que crece en Sudamérica´. El TC sostiene que esta concepción maniquea en el fondo lleva al planteamiento de coca cero: “resulta claro y evidente que la cocaína ni es de origen natural ni se extrae de la hoja de coca, la cual no es más que su insumo básico. Concepciones manifiestamente erradas como la recién transcrita pueden desencadenar una política orientada a la erradicación absoluta de la hoja de coca de nuestro territorio, con la manifiesta afectación del derecho a la identidad cultural de los pueblos originarios del Perú (artículo 2º19 de la Constitución). En tal sentido, a efectos de proteger preventivamente los derechos fundamentales de toda la colectividad, es deber del Estado peruano adoptar las garantías para que tales imprecisiones no sean germen de medidas inconstitucionales concretas, por lo que se exhorta al Presidente de la República a reevaluar la política nacional e internacional antinarcóticos, de conformidad con los incisos 3 y 11 del artículo 118º de la Constitución, a efectos de que sea más eficiente y acorde al derecho y la realidad nacional.” (Punto 142). En otras palabras, para que el Gobierno del Presidente Alan García cumpla con la Constitución debe modificar no sólo la política nacional sobre drogas, sino además reevaluar la política internacional. 15. Estos temas levantados por el Tribunal Constitucional no han sido resaltados por los medios de comunicación, lo que no nos extraña. Sin embargo, se trata de argumentos que si bien no son vinculantes – o sea de obligatorio cumplimiento – sino exhortaciones, pueden ser usados nacional e internacionalmente para impulsar una campaña por la modificación de las actuales políticas anti-drogas, propugnar cambios en los tratados internacionales y buscar la despenalización internacional de la coca en camino al 2008. En ese año se cumplirá una década desde que en Nueva York se adoptara el Plan de Acción para la Lucha Contra el Consumo y Tráfico Ilícito de Drogas, el mismo que deja hasta ahora mucho que desear. Una sugerencia de lo que podría hacerse con estos argumentos es recurrir al Tribunal Constitucional para declarar anticonstitucionales – por falsos, confusos, difamatorios, insultantes y atentatorios contra el derecho de los peruanos a identidad propia - los carteles publicitarios de DEVIDA, la Alianza por un Perú sin Drogas y CEDRO en los que no se distingue coca de cocaína igualando la planta ancestral y su uso con delincuencia, corrupción, terrorismo, violencia y otros flagelos. - Hugo Cabieses, Economista y militante del Partido Socialista San Jerónimo, Cusco, 17 de Setiembre 2006