El 19 de agosto, The New York Times publicó un artículo denominado “La coca de Colombia sobrevive al Plan de Estados Unidos para erradicarla”. Afirma que, luego de seis años y un esfuerzo de 4.700 millones de dólares gastados por dicho país para eliminar las cosechas de coca, la calidad y la cantidad de cocaína disponibles en las calles estadounidenses prácticamente no se han modificado e insiste en que el número de hectáreas cultivadas es casi igual al que existía cuando se dio inicio al Plan, en nuevas regiones, más apartadas, y con un tipo de plantación diferente. Así mismo, se informa que también hay incrementos en Perú y Bolivia, donde la intervención militar norteamericana también ha concurrido en la lucha contra las drogas. Incluyendo las acciones que se realizan en Estados Unidos los contribuyentes gringos entregan más de 40.000 millones de dólares para las iniciativas antidrogas, y tal parece que los resultados “con duda puede decirse que son los mejores”, según Russell Crandall. Para el caso colombiano es común anotar, con base en los resultados antes mencionados, que el arma principal en la “guerra contra las drogas”, la aspersión aérea con glifosato de más de 500.000 hectáreas que ya se aplica hasta en Parques Naturales, resulta tan dañina como infructuosa. No obstante, el fracaso colombiano cubre más aspectos que las horrendas secuelas de la “fumigación”. Los compromisos de Colombia en el Plan fueron más allá, empezando por los fiscales. Un estudio de Cárdenas, Caballero Argáez y Cadena, avalúa, entre 1995 y 2004, en 7,04 billones, en pesos de 2004, lo que se ha gastado en la lucha contra las drogas. Esa suma hoy puede ser igual a cerca de 10% del presupuesto del Estado, con la consideración que una buena parte de ellos provino de créditos y de endeudamiento y, por tanto, falta agregar el costo del servicio de tales préstamos y, si se añade a lo anterior el costo social de los perjuicios de las acciones contra la economía y la sociedad colombianas, por los delitos conexos, las averías a la infraestructura, los daños de las minas antipersonales y los efectos sobre vidas humanas, deben agregarse, tan sólo entre 1999 y 2003, otros 3,5 billones de pesos. Como parte del análisis de la estrategia se menciona un estudio de 2005 de Grossman y Mejía para el National Bureau of Economic Research que dice que la concentración de los recursos en “actividades de erradicación e interdicción“, arroja una asignación ineficiente. En el texto del Plan, Colombia contrajo otras obligaciones como la de hacer ajustes macroeconómicos sometiéndose a las recetas del FMI o como la de incrementar la agricultura de productos tropicales en detrimento de cereales y oleaginosas y, por ende, de la soberanía alimentaria del país, o la de adecuar sus normas penales incluyendo las infracciones de los menores de edad, algo que ahora toca el proyecto de ley sobre el Código del Menor, o la de colocar en vilo la soberanía territorial al conceder a naves norteamericanas el derecho a la interdicción aérea y marítima, ésta última concedida por el gobierno de Samper por anticipado en medio de la tormenta del proceso 8.000 y, por supuesto, la de la entrega de la soberanía jurídica, con la extradición masiva de quienes han delinquido en nuestro territorio para ser juzgados en las cortes de Estados Unidos. El fracaso es mayor si se mira que las confiscaciones de químicos utilizados en el procesamiento de la hoja de coca vienen en declive y que militares norteamericanos, en traje de campaña, se pasean por fracciones de nuestro territorio como mercancía cobijada con el Trato Nacional en el marco del TLC. Colombia se plegó a la estrategia norteamericana, se humilló ante una serie interminable de presiones que la dirigieron hacia un Plan cuyos desaciertos no pueden ser atribuidos a crasas equivocaciones sino que perseguían favorecer intereses vinculados a él, empezando por los geopolíticos del Imperio y los de sus corporaciones, vinculadas a la industria de defensa y seguridad y a la producción del propio glifosato, entre otras; las cuales, junto con los prestamistas, se han cargado con “el santo y la limosna”. Colombia está “con el pecado y sin el género”, y con Anne Patterson, alta funcionaria en la lucha antidrogas, expresando que la contribución nacional deberá ser mayor. Es decir, que Estados Unidos impondrá su amañada estrategia pero Colombia tendrá mayores costos para obedecerla, otra de las “tareas” para Uribe, en la que gastará más de lo que él llama “su capital político”, es el Plan Colombia II, algo peor de lo mismo. - Publicado en La Tarde, Pereira, agosto 22 de 2006