Cochabamba Un día antes que concluya el año 2004, el gobierno de Carlos Mesa determinó dar un duro golpe a la economía popular de los bolivianos y las bolivianas al incrementar el precio de los hidrocarburos, ocasionar una especulación en los productos de la canasta familiar y originar la reacción popular. La gasolina especial y premium, el jet fuel internacional, el diesel, el agro fuel y fuel oil fueron incrementados en sus precios en porcentajes que oscilan entre el 10 y 23 por ciento. La respuesta de las organizaciones sociales fue contundente: rechazo al denominado “gasolinazo”, movilizaciones pacíficas en la mayoría de los departamentos pero con extrema violencia en Santa Cruz y exigir al gobierno la reversión de esa medida. Tanto en Cochabamba, La Paz y Oruro, se realizaron masivas movilizaciones con la presencia de diferentes sectores populares como representantes fabriles, campesinos, mineros, transportistas, gremiales, jubilados, desocupados, amas de casa, universitarios y otros que rechazaron la política gubernamental. Santa Cruz -la otrora ciudad ejemplo de progreso, según los gobernantes y la que demanda la autonomía, según sus dirigentes- fue la protagonista de una jornada violenta de protesta con el enfrentamiento entre manifestantes y policías, el saldo de seis heridos y destrozos considerables en el edificio de la prefectura departamental y de la sede sindical de los transportistas. En Cochabamba, la Coordinadora de Defensa del Gas y los Recursos Naturales, convocó a protestas hasta revertir la medida antipopular; mientras que en otros departamentos del territorio nacional también se extiende el rechazo a la política neoliberal. El dirigente fabril y portavoz de la Coordinadora, Oscar Olivera, dijo que las movilizaciones se deben realizar hasta que el gobierno y el parlamento asuman la responsabilidad de sus demandas. La Central Obrera Boliviana (COB), aunque no tiene la convocatoria de antaño, se sumó a la protesta con el paro general y el bloqueo de caminos hasta conseguir la renuncia del presidente Carlos Mesa. A partir de las cero horas del 10 de enero y a pesar del control de efectivos policiales, la ciudad de El Alto, puerta de ingreso a la sede de gobierno, paralizó sus actividades por la presencia de miles de hombres y mujeres que también bloquearon calles y avenidas incluido el acceso al aeropuerto internacional de esa ciudad. Amenaza de renuncia Tras desatarse las primeras movilizaciones, el presidente Carlos Mesa Gisbert, en un sorpresivo mensaje al pueblo boliviano, amenazó con dejar el gobierno si las manifestaciones populares obligaban a solucionar los conflictos sociales a través de la violencia. “Si la situación crece en la violencia y si el Presidente se ve obligado a establecer una línea de control del orden -y ojo con esto- yo no soy mi antecesor y no voy a actuar como mi antecesor, no tendremos tanques en las calles y si hay una presión que obligue a este Presidente, a ejercer violencia con la certidumbre de que esa violencia va a costarle vidas humanas, este Presidente no va a continuar aquí en Palacio de Gobierno, porque si dije que no estoy dispuesto a ejercitar la violencia, tengo que ser coherente con esta propuesta y con este compromiso”, aseveró. Mesa agregó que si a raíz de las movilizaciones se veía obligado a utilizar la fuerza, optaría por dejar el gobierno, pero no imitaría las acciones de su antecesor Gonzalo Sánchez de Lozada, conocido con el sobrenombre gringo de “Goni”. Carlos Mesa, que accedió al poder el 17 de octubre de 2003 luego de una revuelta popular sin precedentes en la historia democrática del país, no tiene respaldo congresal ni partido que lo apoye, continúa la política gonista, pone trabas a la agenda de octubre y su popularidad va en descenso. Si existiera una renuncia, constitucionalmente la Presidencia de la República debería recaer en el presidente del Senado Nacional, Hormando Vaca Diez que es militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), caso contrario en el presidente de la Cámara de Diputados, Mario Cossío (MNR); sin embargo, todo estaría planificado para que el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Eduardo Rodríguez, sea el próximo Jefe de Estado Se va una transnacional La huelga general e indefinida y el bloqueo de caminos en El Alto de La Paz, en sólo tres días, logró que el gobierno determine, mediante un decreto supremo, la rescisión de contrato con Aguas del Illimani de la empresa francesa Lyonaisse des Eaux. Es bueno apuntar que en septiembre de 2003, las organizaciones de El Alto iniciaron las medidas de presión contra el gobierno de Sánchez de Lozada casi en forma similar a las que convocaron a comienzos de este año; un mes después de aquella convocatoria, con un saldo de más de 79 muertos y cerca de 500 heridos de bala, fue derrocado el tirano La empresa Aguas del Illimani asegura que invirtió 63 millones de dólares, el gobierno instruyó a la Superintendencia de Saneamiento Básico realizar todas las acciones necesarias para la terminación del contrato de concesión sin indemnización y los miles de alteños y alteñas movilizados, demostraron una vez más, que sólo con la presión social se pueden conseguir demandas justas. Ante la inminente salida de la transnacional Aguas del Illimani de la ciudad de El Alto por una serie de irregularidades en su contrato, existe la posibilidad jurídica de revisar todos los contratos de las empresas capitalizadas, incluidas los contratos con las empresas petroleras. El dirigente de los vecinos de El Alto, Abel Mamani, afirmó que ganaron una batalla, pero no aún la guerra. “Con la expulsión de Aguas del Illimani hemos ganado una batalla, ahora nos toca formar una empresa del agua autogestionaria, horizontal y con participación de los ciudadanos para beneficiar a los sectores más empobrecidos; además debemos seguir luchando hasta derrotar a este sistema”, precisó. Afanes conspirativos Mientras diferentes sectores sociales se unían en las movilizaciones, también se escuchó desde un coro desafinado – porque lo constituyen los sectores más reaccionarios de la oligarquía y grupos sindicales radicalizados- algunas voces que exigen la renuncia del presidente Carlos Mesa. Representantes de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), la expresión más nítida de la oligarquía cruceña, la Central Obrera Boliviana (COB), así como voceros del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) el partido de Sánchez de Lozada o de la Nueva Fuerza Republicana (NFR) de Manfred Reyes Villa, el socio de Goni, pidieron públicamente la renuncia del presidente. El ministro de gobierno, Saul Lara, acusó de conspiradores y de pretender desestabilizar al actual sistema a quienes realizan ese tipo de pronunciamientos y además identificó a algunos dirigentes cívicos, políticos y sindicales de ser los responsables de la violencia en las jornadas de protesta. Adelantar elecciones El diputado y jefe del Movimiento al Socialismo (MAS), Evo Morales, por su lado, conminó al presidente Mesa a modificar su política socio-económica o adelantar las elecciones generales en Bolivia. “Si el Presidente no atiende al pueblo, si no deroga los dos decretos que atentan contra la economía de las mayorías nacionales y si no cumple con la agenda de octubre de 2003, es mejor que adelante las elecciones”, remarcó. Según Morales, el propio Jefe de Estado o los funcionarios que aún quedan del anterior gobierno del ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada (MNR) son los promotores de los conflictos sociales en el país, por “favorecer los intereses de los saqueadores de nuestros recursos naturales y ayudar a los descapitalizadores”. El acortamiento de la gestión de Mesa es exigida por diversos sectores sociales por continuar con la política gonista basada en un apoyo incondicional a los empresarios, las transnacionales y a un grupúsculo de la denominada clase política y por actuar en desmedro del pueblo boliviano. Entre la espada y la pared Tras una semana de convulsión social, sobretodo en El Alto y Santa Cruz pero apoyados por los otros departamentos, el gobierno se siente acorralado: ante la presión popular, se vio precisado a derogar el decreto que instruía a las empresas petroleras registrar sus propiedades en derechos reales y también rescindir el contrato con la transnacional del agua, pero eso no es suficiente para calmar las aguas. Las demandas populares apuntan a una solución estructural al problema de la tierra-territorio, la aprobación de una nueva ley de hidrocarburos nacionalizadora, juicio de responsabilidades contra el presidente Sánchez de Lozada y, sobretodo, la convocatoria a una Asamblea Popular Constituyente para “refundar” este país. El gobierno está en una encrucijada: cumple con la agenda de octubre de 2003 o sencillamente se verá obligado a dejar el gobierno o convocar en forma antelada a las elecciones generales…