Prisionero de las fuerzas del establecimiento luego de su traición al movimiento bolivariano/latinoamericanista impulsado por el ALBA, Alfredo Palacio ha venido empeñándose en involucrar aún más al Ecuador en la geopolítica estadounidense. Sus acciones encaminadas a culminar el TLC con la potencia y la oficialización del alineamiento del país con la campaña internacional contra el “narcoterrorismo” promovida por George W. Bush ilustran sobre esa línea diplomática. La incierta resurrección del TLC Después del enfriamiento de las relaciones con Washington a consecuencia del caso OXY y las reformas a la Ley de Hidrocarburos, las relaciones de Carondelet con la Casa Blanca han tendido a normalizarse a partir de la aproximación del galeno-presidente a los gobiernos de Álvaro Uribe y Alan García, sus reiterados autos de fe en la CAN neoliberal y, sobre todo, de la implantación de una demanda contra el Estado ecuatoriano instrumentada por la citada petrolera estadounidense en el CIADI, un tribunal arbitral subsidiario del Banco Mundial que difícilmente fallará en contra de los intereses corporativos. Una declaración conciliadora de un funcionario de segundo rango de la embajada de Estados Unidos en Quito, un tal Jefferson Brown, resultó suficiente para que el mandatario interino, a través de su ministro de Comercio Exterior, Tomás Peribonio, desempolvara al equipo de ex asesores telecistas (los Chiriboga, Corral et al) y dispusiera diversas acciones contrarreloj enderezadas a reactivar el TLC de marras. La expectativa acariciada por Palacio parece ser culminar el convenio integracionista-anexionista hasta el próximo diciembre; es decir, poco antes de la transmisión del mando que deberá cumplirse el 15 de enero del 2007. La premura se explica por las presiones de las cámaras patronales encabezadas por los Dassum, Pinto, Aspiazu y Blascos de siempre y por la cercana expiración –junio del próximo año- de la autorización concedida por el Congreso de los Estados Unidos al titular de la Casa Blanca para que pueda emprender negociaciones comerciales por la “vía rápida” (fast track). Frecuentemente los deseos no coinciden con las realidades. Con seguridad, pese a su recrudecido servilismo a Washington y la oligarquía doméstica, el sucesor de Lucio Gutiérrez no podrá cristalizar su propósito, en razón de los difíciles escollos pendientes. Se alude particularmente al escaso avance de las renegociaciones de los contratos con las petroleras extranjeras, las deudas con la Duke Energy y Machala Power y las inconclusas reformas al Código de Trabajo (que incluso requieren el aval de la OIT). Factores fuera del control de Carondelet complican el horizonte del TLC Ecuador-Estados Unidos. De un lado, el retorno del equipo norteamericano a la mesa de tratativas va a estar determinado por los resultados de las elecciones estadounidenses del próximo noviembre para renovar la Cámara de Representantes (evento que incluso ha estancado la ratificación de los TLCs ya concluidos con Lima y Bogotá); y por otro, el cierre de las negociaciones aparece condicionado en la práctica al triunfo de un candidato pro-TLC en las presidenciales ecuatorianas, mandatario electo que, por su parte, tendrá que sortear la resistencia indígena-popular y de segmentos empresariales a ese estatuto de recolonización totalizante. De los postulantes con opción de éxito, los derechistas León Roldós y Chyntia Viteri empujarían el carro telecista, en tanto que el nacionalista Rafael Correa ha anticipado que echaría el acuerdo en ciernes al “basurero de la historia”. Desde su visión apologética del fundamentalismo liberal, Christopher Sabatini, director de Políticas del Consejo de las Américas de Nueva York, evaluó la situación ecuatoriana de cara al TLC de la forma siguiente: “El panorama no es optimista. La desestabilización, la polarización y el fraccionamiento de grupos, los subsidios, la inclusión de los indígenas, las mejoras en la educación son asuntos pendientes. En Estados Unidos hablamos del tercer riel en la ruta del tren y por allí viaja la electricidad. Si alguien la toca se muere. En el Ecuador hay muchos terceros rieles y el truco para el (nuevo) presidente será construir una coalición estable...” (El Comercio, 7 de agosto del 2006) No hay peor ciego que el que no quiere ver. Obnubilado por hacer méritos ante la Casa Blanca y el Club de la Unión mediante el cierre del TLC, acaso por temor a ser electrocutado políticamente, Pa-Lucio ha sacado a relucir una repudiable carta: la hipoteca de la defensa nacional al Pentágono. ¿A qué aludimos? Apuesta a la guerra infinita El pasado 10 de agosto –en un acto celebratorio de la mayor efemérides libertaria del Ecuador- Carondelet sorprendió a la opinión pública oficializando, a través del mando castrense, una versión actualizada del Libro Blanco, que contiene los principales vectores de la nueva política de Defensa. Según un reporte periodístico: “El combate a las amenazas transnacionales es uno de los principales ejes de la nueva Política de Defensa Nacional... Aunque el mando de las FF.AA. ratifica la no intervención en el conflicto interno de Colombia, sí prevé su participación en el combate a las amenazas internacionales, como la expansión de redes de narcolavado en el sistema financiero nacional, el tráfico internacional de armas, precursores químicos y drogas, el crimen organizado transnacional y el terrorismo”. (El Comercio, 10 de agosto del 2006) Conforme pone de relieve la propia nota: “El documento destaca... que Ecuador mantiene una política de cooperación internacional ante esos problemas de índole transnacional. En la anterior Política de Defensa, publicada en el Libro Blanco del 2002, sólo se enunciaban las amenazas externas, pero no se contemplaba ninguna acción militar directa para enfrentarlas”. ¿Qué implicaciones tiene la variante? En realidad, múltiples y de distinta índole. Esencialmente significaría que, en nombre de la cruzada contra el “narcoterrorismo”- campaña tan rentable para el Departamento del Tesoro y Wall Street-, la geoestrategia de Bush Jr., bajo cuya inspiración se habrían realizado los ajustes al Libro Blanco, el gobierno busca convertir al Ecuador en un peón de lo que el académico James Petras identifica como el Nuevo Orden Criminal (NOC). Tal inconstitucional redefinición de nuestras relaciones externas, impugnada incluso por sectores de la derecha política (ver el reportaje “El tsunami militar”, revista Vanguardia, agosto 29/2006) ha comenzado a dar frutos amargos al país, como la reanudación de las fumigaciones fronterizas con agrotóxicos ordenada por el titular de la narcodemocracia colombiana y la intensificación de los combates entre el ejército “paisa” y las FARC en las orillas del Putumayo con incidencias sangrientas en Sucumbíos. Sucesos que han suscitado el enésimo reclamo del canciller Carrión. Y pensar que todo esto acontece mientras The New York Times denuncia el fracaso del Plan “Patriota” como medio de neutralizar el flagelo de las drogas psicoactivas, en tanto que el terrorismo de Estado es cuestionado incluso desde la bancada del gobernante Partido Republicano. ¿Será que Alfredo Palacio y la cúpula uniformada se volvieron más papistas que el Papa? P.D.- Ya concluido el análisis precedente, un hecho anecdótico acaba de circular por los medios nacionales e internacionales: la destitución del ministro de Defensa, general retirado Oswaldo Jarrín, el teórico local de la “soberanía cooperativa”. ¿Quién estuvo detrás de la muerte política de Jarrín? ¿Donald Rumsfeld? ¿Bin Laden? ¿El Cortijo? ¿El cartel de Manta? ¿Los militares acreedores del difunto Cabrera? ¿Todos ellos? ¿Nadie? La guerra interminable tiene sus propios misterios. - René Báez, Premio Nacional de Economía (Ecuador) y miembro de la Intenrational Writers Association