No cabe ninguna duda que la actual estructura del Estado es deficiente y negativa para los intereses nacionales. Además de corporativista, onerosa: ¿cómo es posible que el fisco requiera los niveles de imposición que se tienen en Uruguay, con el fin primordial de sostener a un monstruo de mil cabezas, ineficiente e incapaz de renovarse a si mismo?
Muchas veces nos preocupó que por decisiones tomadas ligeramente las empresas estatales comenzaran deslizarse hacia una privatización por el camino de la “asociación” porque, entre otras cosas, nos había ganado ideológicamente el concepto de los “monopolios naturales”, una peregrina construcción teórica muy al servicio de la burocracia uruguaya, que sirvió para que aquí durante años pasara mucha agua sucia bajo los puentes del Estado, aparecieran privilegios hoy insoportables y, por supuesto, los usuarios fueran los que pagaran el pato de todo ello con tarifas por servicios, no del todo buenos, a precios insoportables.
Siempre hemos apoyado las movilizaciones populares en defensa de ANTEL y de ANCAP, en que el pueblo uruguayo se definiera con claridad meridiana. No lo hicimos en el caso de la nacionalización del agua, porque no veíamos más que contratiempos para el país y para el gobierno frenteamplista que estaba a punto de acceder al poder.
Pero, eso es bien claro, ni unos ni otros (los que apoyaron un camino o el otro) queremos que esas empresas públicas, los llamados “monopolios naturales”, mantenidas en la esfera estatal, le hagan pagar a los usuarios por sus servicios, medidos a niveles internacionales, los precios más altos. Y menos, para mantener islas de privilegios.
Desde aquellos tiempos, cuando ya tiene un buen período de asumido el gobierno popular, el mecanismo de incremento de las tarifas públicas sigue siendo el único recurso de ajuste de esas empresas que, por ese arbitrio, nos hacen pagar los combustibles más caros de todo el continente, un ojo de la cara por utilizar el teléfono y tarifas de Internet, sin relación con las que se manejan ni en los países vecinos ni en los del primer mundo.
Ni hablar de la energía de UTE o del agua que provee la OSE. Por supuesto que sabemos de algunos esfuerzos, como los de ANCAP, al desprenderse de las estaciones de servicio en la Argentina, un verdadero cáncer que, obviamente, pagamos todos, en cuota partes, en los precios de los combustibles. Uruguayos, que si bien en el sector privado hemos recuperado algo de nuestro poder de compra por la puesta en vigencia de los Consejos de Salarios, otros compatriotas en el sector público – los no privilegiados -, conviviendo con otros marginales, se mantienen dentro de márgenes de orfandad. Hablamos, por supuesto, de algunos sectores, especialmente de la administración central, Salud Pública, Enseñanza, policías y militares, que no han visto recompuestos sus ingresos y siguen sorteando a duras penas una situación de crisis que para ellos sigue vigente.
A nuestra mesa de trabajo llegan además informaciones hoy mismo de las propias empresas públicas, que utilizan sus tarifas como variable de ajuste y que dan cuenta, graciosamente, de insoportables situaciones de privilegio. Funcionarios con nivel de gerentes, que en algunas de ellas suman cientos, de dudosa eficacia funcional, que cobran como si trabajaran para empresas de países altamente desarrollados, sueldos y compensaciones que poco tienen que ver con la realidad cotidiana de la mayoría de los uruguayos. Inclusive nos ha llegado algún listado de sueldos de funcionarios que son una demostración de esa escandalosa disparidad, porque si bien hay algunos (pocos) que sobrepasan los 11 mil pesos, el grueso está en una cifra importante para la media uruguaya, sin olvidarnos que también allí se resaltan remuneraciones que superan los 110 y 120 mil pesos mensuales.
Muchas veces se habló de una reforma del Estado seria, que ahora el gobierno promete encarar, que tenga en cuenta esas absurdas disparidades salariales existentes y el despilfarro que significa la existencia de algunos privilegios inaceptables. Para colmo hay todavía quienes justifican esa disparidad hablando de capacidades, formaciones y que esos señores, de no ser contemplados, serían atraídos por el sector privado.
Todo es discutible y la mayor parte de lo que se dice no es cierto, especialmente en el Uruguay, en donde el sector privado vivió su crisis y su bonanza en algunos sectores es producto del manejo adecuado de las variables de los negocios. Pero, nos preguntamos: ¿Qué empresa del sector privado paga hoy sueldos de más de 100 mil pesos? Hay algunas, que unen al usufructo del cargo una permanente inestabilidad en la función. ¿O ese rubro no lo tomamos en cuenta cuando hablamos del tema?
No nos negamos a que el Estado o una empresa pública, para una acción puntual, pueda contratar a un técnico del más alto nivel, en base a valores internacionales. De otra manera no sería posible concretar algunas tareas. Pero lo que no es adecuado, como política general, es mantener una situación salarial de privilegio, alejada de la realidad que ello además sea posible por la existencia de tarifas públicas, como las que pagamos los uruguayos. La reforma del Estado se impone. Pero para dibujar el futuro de las empresas públicas debemos medir nuestra humildad y entender cual es la realidad cotidiana y las ventajas que, de alguna manera, ha tenido para algunas actividades el quebrar la explotación monopólica como ha sido, por ejemplo, en la telefonía móvil, que se ha desarrollado en el país en progresión exponencial gracias a la existencia de la competencia.
Claro que en el análisis que ha iniciado el gobierno no se trata de cambiar de blanco por negro ya que los dilemas inherentes a la privatización de los monopolios son complejos. Dado que el abuso del poder del monopolio lleva a precios más elevados para los consumidores y a la subutilización de un bien o servicio, los gobiernos a menudo intervienen mediante la reglamentación de los mercados de los monopolios o, lo que es más común en muchas partes del mundo, suministran el servicio directamente por medio de una empresa estatal auto reglamentada, como en el caso uruguayo. Aquí los entes autónomos fueron creados porque el capitalismo incipiente del país impedía una acumulación de capital suficiente para provocar la puesta en marcha de empresas de magnitud que funcionaran en los servicios públicos.
En algunos casos – los ferrocarriles – fueron creados por el capital extranjero, con el fin de armar un entrelazado de caminos económicos para enlazar el puerto de salida (Montevideo), con las zonas ganaderas. Modalidad uruguaya que fue mantenida en el tiempo en razón de las mismas carencias del país, de la pequeñez de su mercado interno que no fue nunca atractivo para el capital extranjero – con excepción, en su momento, del caso de ANTEL – y del accionar político de los partidos tradicionales que utilizaron desde siempre a las empresas públicas como reaseguros para sus políticas clientelísticas. Empresas exclusivistas y monopólicas. Para determinada característica de “monopolios naturales”, es bueno comprender que ello ocurre cuando las economías de escala son tan importantes que el tamaño óptimo de una empresa es mayor que el mercado mismo.
De hecho, con los "monopolios naturales" sólo hay cabida en el mercado para una firma; la competencia no es factible o eficiente. Ejemplos tradicionales de monopolios naturales son las "industrias de redes", como las de los servicios públicos de energía (UTE y ANCAP), de telecomunicaciones (ANTEL) y transporte (AFE).
¿Pero que ha ocurrido en el Uruguay? El concepto de “monopolios naturales” se ha ido desvirtuando por la acción mancomunada de distintos gobiernos que han convertido a los entes autónomos en centros de privilegio que, para mantener sus abultados presupuestos, deben asumir dos elementos constantes: una acción monopólica (sin competencia) y altas tarifas. Este segundo aspecto es el que invalida a estos llamados “monopolios naturales”, porque es económicamente insostenible que se pueda mantener una situación de esas características a contrapelo de los intereses mayoritarios de toda la población que (por ser estatales), es en alguna medida propietaria de los mismos.
Al parecer la idea del gobierno – pese a que no han trascendido en profundidad los elementos propuestos para la discusión por el propio presidente Tabaré Vázquez - es abrir de alguna manera el juego comercial de bienes y servicios que producen las empresas públicas, permitiendo el ingreso de competencia desde el exterior para que unos y otros puedan disputarse el mercado – como ocurre en la telefonía móvil – y así se produzcan avances, quizás necesarias “asociaciones” entre empresas públicas nacionales y otras de carácter privado y/o extranjero, que eviten desflecamientos y que permitan ampliar las actuales estructuras, bajar costos y competir con posibilidades en un mercado ampliado como el del MERCOSUR.
Esperemos que los próximos meses sean ricos en novedades. Lo peor que nos podría pasar a todos sería la parálisis, esa característica que ha sido el lugar común de este país por tantos años.
- Carlos Santiago es periodista, secretario de redacción de Bitácora.