Por el delito de genocidio cometido en los sucesos de la “guerra del gas” de octubre de 2003, el ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada y los ex ministros de Gobierno, Yerko Kukok y de Defensa Nacional, Carlos Sánchez Berzaín, fueron imputados formalmente por la Fiscalía General de la República. El resto de sus ex ministros deberán declarar por complicidad y el actual presidente (ex vicepresidente del gobierno de Sánchez de Lozada), Carlos Mesa Gisbert, debe brindar una declaración informativa en la etapa preparatoria del juicio, por escrito. Genocidio, según el diccionario de Ciencias Jurídicas viene “del latín genus (raza, nación) y caedes (matanza)”. El vocablo fue usado por primera vez por el penalista polaco Semkin, para dar la denominación parcial al 'crimen sin nombre' que tantas víctimas causó durante el auge del nazismo. El asesor jurídico de la Fiscalía de la República, Jaime Tapia, presentó el lunes 21 de febrero de 2005, la imputación formal ante la Corte Suprema de Justicia, con sede en Sucre, remarcando que la autorización del juicio de responsabilidades es para 16 personas: Sánchez de Lozada conocido con el sobrenombre gringo de Goni y 15 ex ministros. En la “guerra del gas” fueron asesinados 67 bolivianos y bolivianas, más de 400 resultaron heridos de bala, la mayoría de las víctimas dejaron su vida en El Alto (La Paz). En esas heroicas jornadas, no sólo se evitó la exportación del gas a mercados de México y Estados Unidos, vía Chile, sino que se logró la expulsión de Goni de la Presidencia de la República. El presidente de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB), Sacha Llorenti, afirmó que la imputación formal contra el ex presidente abre el camino para solicitar la extradición del ex mandatario que reside en Washington (Estados Unidos). Entre Bolivia y EEUU existe un Tratado de Extradición que otorga el marco jurídico para canalizar la solicitud contra Goni. La justicia tarda… Representantes de los diferentes movimientos sociales del país, expresaron su satisfacción por la decisión de la Fiscalía de la República, quienes guardan hermético silencio sobre el tema son los “autonomistas” de Santa Cruz, así como los ex ministros que prefieren escudarse en el anonimato. Las organizaciones campesinas, indígenas, sin tierra, colonizadores, regantes y otros sectores sociales aliados en un “Pacto de Unidad” y que iniciaron movilizaciones en todo el territorio nacional, demandan la Asamblea Constituyente Popular, una nueva Ley de Hidrocarburos, pero también el juicio de responsabilidades contra el ex mandatario y sus ministros. “Parece que la justicia tarda pero llega. Las naciones originarias, campesinas e indígenas, estaremos atentos y vigilantes para que este proceso no sea dilatado y para que Goni y sus ex ministros vayan directamente a la cárcel de Chonchocoro”, afirmó el secretario ejecutivo de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), Román Loayza. El Ministerio Público también solicitó que la Corte Suprema de Justicia ordene el levantamiento del secreto militar de las Fuerzas Armadas de la Nación para conocer más detalles sobre los operativos de octubre de 2003. Los familiares y víctimas de la “guerra del gas” organizados en el Comité Impulsor del Juicio de Responsabilidades, manifestaron que tanto los autores materiales como intelectuales deben ser procesados. El diputado y presidente del MAS, Evo Morales, afirmó que después de un año y cuatro meses de oscuridad, se vislumbra una luz en la justicia boliviana. “En nuestro país, como otros, si no hay presión social no hay nada. Recordemos que el Parlamento Nacional sólo aprobó el juicio contra Goni por una masiva marcha hasta La Paz y ahora la Fiscalía de la Nación imputa a los responsables cuando se inicia una convulsión social. La justicia debe tomar en cuenta que ningún boliviano o boliviana permitirá la impunidad e inmunidad contra Goni y sus ex ministros”, remarcó. Los trágicos hechos… La relación de los hechos, según la Fiscalía de la República, es la siguiente: El 20 de septiembre del 2003, ante la negativa del gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada para negociar las demandas de los campesinos, buena parte del altiplano se hallaba con bloqueos carreteros y en particular la región del Lago Titikaka por la que cruza la carretera a Sorata, por lo que varios turistas extranjeros se habían quedado en esa población sin poder retornar a la ciudad de La Paz. Según el Gobierno, ante gestiones de diferentes legaciones diplomáticas y en particular de la embajada estadounidense y de su embajador David N. Greenlee, preparó y ejecutó, al mando del ministro de Defensa de entonces Carlos Sánchez Berzaín, un denominado rescate humanitario militar y policial que tuvo fatales consecuencias en la población civil fruto del uso de fuerza desmedida. La caravana de varios buses salió de Sorata y ascendió hasta el altiplano con alguna resistencia rompiendo el bloqueo a fuerza de balines, gases y balas; en Ilabaya fue acribillado el comunario Primitivo Curaca, la primera baja de este sangriento episodio de la vida de nuestro país. Al llegar a Warisata la caravana se vio con el camino cerrado por cientos de comunarios decididos a mantener el bloqueo. Aproximadamente a las tres de la tarde militares y policías desplegaron un operativo contra la población civil desarmada que a más de permitirles continuar su camino parecía estar destinada al amedrentamiento a través de dejar algunos ejemplos de lo que les podía pasar si seguían bloqueando. Los militares y policías prácticamente tomaron por asalto el pueblo, persiguiendo a hombres y mujeres, allanando domicilios, intimidando, disparando a matar sin temor ni respeto por la vida humana. En lo alto, Carlos Sánchez Berzaín observaba lo que ocurría desde el helicóptero con el que primero había estado en Sorata y que se haría tristemente conocido en los días siguientes hasta el 17 de octubre mismo. El 20 de septiembre del 2003, Gonzalo Sánchez de Lozada había ordenado al comandante en jefe a.i. de las Fuerzas Armadas, general Gonzalo Rocabado Mercado, en una nota escrita: “movilizar y utilizar de manera inmediata la fuerza necesaria a fin de restablecer el orden público y el Estado de Derecho en la región”. Como justificación la nota señala que en Warisata habría operado un foco guerrillero del que nunca se tuvo evidencia ni otra referencia, salvo la desafortunada afirmación del ex presidente. En Warisata fueron muertos por heridas de munición de guerra en la operación desplegada el 20 de septiembre: el albañil Juan Cosme Apaza de 38 años, el estudiante de la normal Marcos Quispe Quispe, de 20 años y la niña Marlene Nancy Rojas Ramos, de ocho años. Reportajes de prensa dan cuenta que a la cabeza del cortejo fúnebre los dolientes llevaban una pancarta que decía: “No a la venta del gas, industrialización”. Ventilla, el 9 de octubre: Los primeros días de octubre en todo el país se vivía un clima de descontento social, paros, bloqueos y por toda protesta más violencia y disposición arbitraria de las Fuerzas Armadas, el Chapare se encontraba militarizado y el altiplano lacustre bloqueado por los campesinos. El 7 de octubre mediante nota (cite MDE-DM Nº 2024/03) el ministro de Desarrollo Económico, Jorge E. Torres Obleas, pidió la intervención militar en El Alto argumentando la necesidad de velar por la seguridad y continuidad de las operaciones de los sectores productivos. El miércoles 8 de octubre la Central Obrera Regional de El Alto comenzó un paro que fue contundente, hubo represión policial y llegaron al sector de Ventilla varios mineros de Huanuni con reclamos sectoriales. El jueves 9 de octubre a las 7:30 de la mañana, apenas iniciado el segundo día de paro en El Alto, fuerzas combinadas de la Policía y el Ejército comenzaron un enfrentamiento con los mineros llegados de Huanuni, ante la agresión de los militares varios vecinos ayudaron a los mineros en su defensa. Militares y policías cometieron varios excesos de los que fueron víctimas mineros, vecinos, e incluso parlamentarios como el miembro de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, Gustavo Torrico y sacerdotes como el padre Modesto Chino. En Ventilla murió el minero José Luis Atahuichi, de 40 años, semidestruido por una explosión no aclarada (los mineros decían que fue por una granada y el Gobierno sostuvo que por causa de un cartucho de dinamita que le estalló en las manos). Una decena de heridos fue trasladada a diversos nosocomios. Las fuerzas militares iniciaron una operación de barrido en todos los bloqueos que impedían el acceso de vehículos a El Alto en la zona Sur de la ciudad. Un par de kilómetros más adelante, en el sector de Senkata, en medio de la refriega cayó con un disparo en la frente el joven Ramiro Vargas Astilla, de 22 años, que perdió la vida camino al hospital. El 11 y 12 de octubre en El Alto: El 11 de octubre el ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, conjuntamente sus entonces ministros de Estado, promulgó el Decreto Supremo Nº 27209 que dispone la militarización del transporte de hidrocarburos, viabiliza la ejecución de operaciones militares en la ciudad de El Alto y establece que se garantizan los daños personales que se ocasionen en ellas, tal como sucedió posteriormente pagándose hasta la suma de 55 mil bolivianos por persona fallecida y hasta 30 mil por los heridos más graves. Este Decreto Supremo publicado en la Gaceta Oficial fue firmado por su gabinete en pleno y se mantuvo en secreto hasta después de la renuncia de Sánchez de Lozada. También el 11 de octubre, Gonzalo Sánchez de Lozada remitió al general de Fuerza Aérea Roberto Claros Flores, Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas de la Nación, una orden escrita que dice en su parte central: “En mérito a los dispuesto por el artículo 20 parágrafo I de la Constitución Política del Estado, instruyo a usted que a efecto de restaurar y garantizar el orden y la seguridad pública, de manera inmediata, disponga de los recaudos necesarios para restablecer el orden en la ciudad de El Alto, instruyendo la defensa militar de las instalaciones estratégicas y de servicios públicos, así como de instalaciones militares y policiales”. Aproximadamente a las 6 de la tarde del día sábado 11 de octubre un convoy de 24 camiones cisternas, algunas tanquetas, varios camiones de carga llenos de soldados y algún automóvil salieron de la Planta y depósito de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos ubicado en la zona de Senkata de la ciudad de El Alto, carretera a Oruro. Era un operativo militar y policial que había sido diseñado por el ahora ex ministro de Defensa Carlos Sánchez Berzaín con el objetivo de abastecer de gasolina a la ciudad de La Paz que empezaba a sufrir la escasez de combustible producto del paro alteño. Según la información recabada, Carlos Sánchez Berzaín habría estado personalmente en la Planta de Senkata y habría ofrecido hasta 5 mil bolivianos a cada chofer para convencerlos de conducir. El convoy tuvo inconvenientes a la salida misma de la Planta y en todo el trayecto no pudo avanzar libremente, debido a las protestas de los manifestantes, sin embargo, los militares y policías respondieron con una violencia desmedida, disparando gases, balines y balas de guerra. Una de las primeras víctimas de la agresión de las Fuerzas Armadas fue Alex Mollericona, de cinco años de edad, que sólo había salido de su casa a mirar el paso de las cisternas. Wálter Huanta, de 27 años de edad, padre de 3 niños, fue otra de las víctimas de las acciones militares, fue declarado muerto en el Hospital de Clínicas a las 18:45 del día sábado 11 de octubre de 2003. Entre el 11 y 12 de octubre los militares y policías efectuaron varias operaciones en diversas zonas de El Alto utilizando indiscriminadamente armas de fuego, se produjeron hechos en Ventilla, Senkata, en la Avenida 6 de Marzo, en la Avenida Bolivia, en la Ceja, Villa Ballivián, Río Seco, Villa Ingenio y Final Los Andes, produciéndose decenas de muertes y centenares de heridos. Las fuerzas militares actuaron según su entrenamiento tomando posiciones, atacando “al enemigo” que en este caso dramáticamente habían personalizado en el pueblo indefenso, actuaron sin considerar que tenían en frente mujeres, niños y ancianos. La zona sur de La Paz, las muertes en Ovejuyo y Pazña, el 13 de octubre: El lunes 13 de octubre fue la zona Sur de la ciudad de La Paz, concretamente en el sector de Ovejuyo y Pazña, donde los militares atacaron a la población civil procurando romper el bloqueo, fueron casi siete horas de refriega en que los bloqueadores fueron amedrentados y masacrados por armas de guerra. El saldo de la operación que desarrollaron los militares produjo seis muertes y más de una veintena de heridos. Cabe destacar que en esta zona no existe ninguna planta ni centro de distribución de hidrocarburos que justifique la acción violenta de los militares; en el marco del Decreto Supremo Nº 27209. El 15 de octubre el Ejército detuvo una marcha de mineros de Huanuni en la población de Patacamaya, distante a unos 100 kilómetros de La Paz en la carretera a Oruro. Eran aproximadamente las 10:30 de la mañana cuando los militares pasaron de acosar a los mineros prácticamente a atacarlos. Hubieron varios mineros heridos, entre ellos la palliri Filomena León de 36 años de edad y madre de cinco hijos, que moriría seis meses después producto de las heridas que sufrió.