El gobierno de Fernando Henrique Cardoso (FHC) promueve, en la expresión de Ivo Lesbaupin, profesor de la Universidad Federal de Río de Janeiro, el desarme de la nación. Petrobrás, Furnas, Banco do Brasil, Caja Económica Federal y Correos sólo escapan de las privatizaciones gracias a la crisis energética. Si ésta se agrava, aumenta el riesgo de que el PSDB (Partido de la Socialdemocracia Brasileña) entre derrotado a la disputa presidencial del 2002. No es culpa de la sequía ni de San Pedro que Brasil ande a la luz de las velas. Es culpa del proceso irresponsable de privatizaciones. Como ocurrió en California, también aquí las empresas que asumieron el control energético del país no invirtieron en el sector, obstinadas en obtener más ganancias con menos gastos. En la privatización del patrimonio nacional, el gobierno federal botó al bebe con el agua del baño. ¿Cómo explicar a mis amigos extranjeros que el dinero público financia, vía BNDES (Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social), la compra de lo que se vende? ¿Cómo hacerles entender que el gobierno gastó R$21 mil millones para sanear la Telebrás y la vendió por R$ 22,2 mil millones? Todo sube Investido de la función de subastador, el gobierno pregonó que la privatización traería la reducción de las tarifas de los servicios públicos, gracias a la competencia. Ocurre exactamente lo contrario. Las tarifas subieron del 40 al 400% por sobre la inflación, mientras que los salarios permanecen congelados. Los efectos distributivos del Plan Real se terminaron, el proyecto Avanza Brasil retrocedió a sus inicios y, ahora, se abre el Portal Alvorada para seducir a la porción electoral para el 2002. Desde 1994, la inflación oficial, es de 97.49% según el IPCA (Indice Nacional de los Precios al Consumidor Amplio), calculado por el IBGE (Instituto Brasileño de Geografía y Estadística). Los precios administrados por el gobierno subieron, en promedio 234.78%, doce veces más que lo que ganan los trabajadores desde aquel año. Quién gana un salario mínimo tuvo un aumento del 177,82% desde julio de 1994 y, ahora, se quedó con un piso de R$180, equivalente a US$82 -muy por debajo de los US$100 prometidos por FHC. Los precios de la suscripción básica y de las llamadas telefónicas subieron 344%; el reajuste en la tarifa eléctrica llegó al 156%; los combustibles, reajustados tres veces al año, tuvieron un aumento de 199%, el mismo porcentaje para las tarifas de trenes y metros; el gas subió 272.87%; y el agua, 93.22%. En otras palabras, en los últimos siete años el aumento de las tarifas en relación a los salarios fue de 18 veces en el caso de los teléfonos; 14 en el gas; 10 en la gasolina y el transporte; 8 en la energía; y 5 en el agua. Según el IDEC (Instituto Brasileño de Defensa del Consumidor), para los consumidores de energía de hasta 30 kilovatios por mes, lo que equivale a cinco focos encendidos dos horas por día, el aumento fue de 321.45%, entre 1994 y 1999. El Banco Central había acordado con el FMI (Fondo Monetario Internacional), que monitorea la economía brasileña en favor de los acreedores internacionales, un aumento, en este año, de un máximo del 4% en los precios administrados por el gobierno. Ahora se prevé que las tarifas subirán un 6%, pues el gobierno reajustó los contratos de la mayoría de las empresas privatizadas, de acuerdo al IGP-M (Indice General de Precios del Mercado) de la Fundación Getúlio Vargas, índice influenciado por las alzas de los precios de la mercadería. Régimen de excepción ¿Dónde está el Estado mínimo? Sí, de hecho él existe para la esfera social, en la cual las insuficientes asignaciones son engullidas, en buena parte, por la burocracia y por la corrupción. Para los dueños del capital, sin embargo, reina el Estado máximo, que no cesa de crear mecanismos que aseguran la reducción de tributos a los inversionistas extranjeros y el aumento para los productores y trabajadores brasileños. En ciencias políticas, la concentración de poderes en manos de un individuo, sin que sus decisiones sean sometidas al parlamento, se llama dictadura. En el país del eufemismo, el régimen de excepción se encubre bajo el manto de las medidas transitorias. Desde que los militares retornaron a los cuarteles, los gobiernos de Sarney, Collor e Itamar emitieron 812 medidas transitorias. Hasta marzo de este año, el gobierno de FHC emitió 4.981, equivalentes a 66 por mes o 3 por día laborable. ¿Dónde está el mercado, que debería regular la vida económica del país? Es el gobierno quien determina los salarios, los impuestos, las tasas de interés, el cambio, etc. La democracia brasileña aún no llegó a la esfera de la economía. Privatizaciones y corrupción El fracaso de las privatizaciones no es un fenómeno únicamente brasileño. La policía inglesa no necesitaría mantener a Roland Biggs en la cárcel. Ya no hay el riesgo de que él practique otro asalto al pagador del tren. Desde que la red ferroviaria de Inglaterra fue privatizada, los horarios dejaron de ser precisos y aumentaron los accidentes, pues la empresa propietaria se niega, por economía, a adoptar un sistema automático de frenos. ¿Es la corrupción inherente al modo como Brasil está siendo gobernado? Esta pregunta solo podría ser respondida por la CPI (Comisión Parlamentaria de Investigación) de la Corrupción. Urge pasar a limpio el caso Sivam, el Proer, la carpeta rosa, los petitorios, la aprobación de la reelección presidencial, el espionaje telefónico BNDES-Telebras, el caso Marka y FonteCidam, la Sudene y la Sudam, y tantas otras nubes oscuras que pasan sobre el panorama nacional. El gobierno, sin embargo, prefirió la relación promiscua con el Congreso, archivando a la CPI de la Corrupción, para probar que no tiene que temer y esconder. Entre las deudas públicas y social, el gobierno de FHC escogió luchar con la primera, sin que ella de señales de retroceso, mientras tanto la segunda se posterga asombrosamente, con el desempleo favoreciendo el aumento de la violencia y de la miseria. Brasil no merece disputar con Sierra Leona el título de campeón mundial de desigualdad social.