En Estados Unidos, republicanos y demócratas cambiaron el eje de la política contra los inmigrantes. La xenofobia se aplica a nivel de ciudades, con la idea de desplegarla sobre todo el territorio. En Estados Unidos, Dios es blanco, protestante y racista, y si no que le pregunten a los inmigrantes latinoamericanos que viven en Hazleton, Pennsylvania, a escasos 200 kilómetros de Nueva York. Allí avanza, como globo de ensayo, la nueva estrategia que comparten republicanos y demócratas a la hora de imponer sus políticas discriminatorias. Y por favor no vengan con eso del 11-S y la paranoia de los que se creyeron seguros, porque quien recorrió las calles de esa ciudad del Este profundo antes de los atentados contra las Torres Gemelas no pudo sorprenderse al enterarse, esta semana, que las autoridades locales legalizaron la persecución étnica y cultural. Hace un mes, la legislatura de Hazleton aprobó una ley bautizada "de alivio contra la inmigración ilegal". Se trata de una norma que ordena la inhabilitación de las empresas que empleen indocumentados, grava con multas a todos aquellos que alquilen viviendas a los extranjeros que no acrediten su debida residencia y prohibe el uso de toda lengua que no sea el inglés en los establecimientos oficiales. En un intento fallido de negar su racismo, el alcalde de esa ciudad, el republicano, blanco y protestante Lou Barletta - enérgico defensor de la disposición - dijo, "no me opongo sólo a los inmigrantes ilegales de origen latino sino a todos, procedan de donde procedan". Resulta que el 35 por ciento de las aproximadamente 30 mil personas que habitan en Hazleton son inmigrantes llegados desde América Latina, casi todos trabajadores que permitieron un crecimiento económico en al área de cerca del 20 por ciento en la última década. Sin embargo, el bueno de don Lou abundó acerca de su espíritu de tolerancia y dijo, "los inmigrantes latinoamericanos no influyeron en la bonanza económica sino en el incremento del delito". Pobre alcalde, ni las cifras federales sobre pobreza y población carcelaria lo acompañan. Según estadísticas de Washington correspondientes al año pasado, el 73 por ciento de los habitantes de Hazleton con bajos ingresos pertenecen a la comunidad de inmigrantes, mientras que el 69,7 de la población carcelaria de ese mismo distrito es WASP (blanca, anglosajona y protestante, según la sigla en inglés). Conforme informaron distintas agencias internacionales de noticias, algunos de los políticos republicanos que apoyaron la llamada ley "de alivio" intentaron justificar su sanción con argumentos bien conocidos: después de los atentados del 11 de setiembre de 2001, los estadounidenses estarían muy preocupados por la presencia de un número creciente de extranjeros en el país, todos posibles "terroristas". Sin embargo, entre 1998 y 1999, la población de inmigrantes en Hazleton tuvo flujos y reflujos debido justamente al maltrato sistemático y consentido por las autoridades al que eran sometidos los trabajadores dominicanos, portorriqueños y salvadoreños. Estos llegaban atraídos por la intensa actividad que ofrecía una ciudad propicia para el descanso de fin de semana de los sectores medios acomodados, gracias a sus parajes turísticos de montañas y centros de pesca, cercanos a la gran urbe neoyorquina. Algunos podrían preguntarse por qué prestarle tanta atención a lo que sucede en una pequeña ciudad del interior estadounidense, siendo que ello no necesariamente debiera ser tomado en cuenta como conducta generalizada a nivel nacional. Error. Organizaciones de derechos humanos como la Unión de Libertades Civiles de Estados Unidos (ACLU) y Proyecto para el Derecho de los Inmigrantes reaccionaron con firmeza no sólo por el carácter inconstitucional de la norma (la cuestión migratoria es de competencia federal, nunca estadual y mucho menos comunal), sino porque consideran que si los tribunales de justicia no la inhabilitan, la misma sentará el precedente que busca la administración del presidente George W. Bush para desplegar leyes de similares características sobre todo el territorio nacional. Como bien tuvo que reconocer el diario argentino La Nación - habitual portavoz de los intereses estadounidenses en este país -, "en la últimas semanas la Casa Blanca y los políticos republicanos y demócratas han centrado el debate (migratorio) en cada distrito, para esquivar así una posición nacional que podría restarles millones de votos en las elecciones de noviembre próximo, las que definirán el futuro de la administración Bush, las mayorías legislativas en ambas cámaras del Congreso y las gobernaciones de 36 estados". Esa estrategia tendiente a descentralizar el programa discriminatorio y racista que comparte el sistema corporativo político de Estados Unidos ya está encontrando eco en varias regiones, como Idaho, Florida y California. Parece ser que el sistema de poder entronizado en Washington -una combinación explosiva de fundamentalistas cristianos de derecha, directores de grandes corporaciones e integrantes de la camarilla neoconservadora- aplican a los sectores menos favorecidos de la sociedad estadounidense la misma lógica con la que operan en su política hacia América Latina. Así como la administración Bush aspira llegar a cumplir la estrategia ALCA (Acuerdo de Libre Comercio para las Américas) mediante una sumatoria de Tratados (TLC) bilaterales, de la misma forma - y con la complicidad de un sector cada vez más numeroso del partido Demócrata - pretende someter a los estadounidenses a un régimen de "neo apartheid" contra los inmigrantes, mediante el sistema extendido de leyes locales de carácter discriminatorio. Del otro lado del Atlántico, los socios de Estados Unidos en el modelo capitalista - imperialista del siglo XXI, no se quedan atrás, pues el Imperio Global Privatizado (IGP) sólo contesta con represión a la pobreza y marginación que el mismo sistema necesita generar, para garantizar sus pretensiones de reproducción hasta el infinito. Movilizados por la ola de inmigrantes africanos que buscan mejores condiciones de vida en el llamado Viejo Mundo, los gobiernos y principales partidos de la Unión Europea (UE) - sensibles a las demandas de la sociedad opulenta- apenas si atinan con programas policiales de seguridad fronteriza. Así por ejemplo, la llegada, durante el pasado fin de semana, de casi 2.000 indocumentados a las islas Canarias y de otros mil a la isla de Lampedusa (Italia) hicieron que los gobiernos de Madrid y Roma adoptaran medidas "urgentes". ¿Cuáles fueron esas medidas? Según coincidieron agencias internacionales y periódico europeos, simplemente acordar con gobiernos de Africa - de Senegal y Mauritania, entre otros - un programa de asistencia gubernamental de aproximadamente 25 millones de dólares para que el trabajo sucio de detención y apresamiento de los inmigrantes se lleven a cabo en los países de origen. Si esas medidas no logran con el cometido deseado, advirtieron las autoridades europeas, la respuesta será aun más severa. En ese sentido, una de las voces más violentas fue la del vicepresidente del Senado italiano, Roberto Calderoli, quien fiel representante de la derechista Lega Norte, dijo: "una salva adelante, una salva atrás, al límite de las aguas territoriales, y verán que no sólo las naves (balsas y lanchas en las que mueren decenas de personas en el intento de alcanzar costas europeas) volverán hacia atrás, sino que no partirán más, sabiendo lo que les espera". Lo relatado en este artículo es un ejemplo más del "fascismo silencioso" que están poniendo en práctica las llamadas "grandes democracias de Occidente" Fuente: Agencia Periodística del MERCOSUR (APM), Mar del Plata / Argentina
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