Decíamos hace algunas semanas que si hay algo que los militares que hoy que están en actividad quieren resolver es la situación que viven las Fuerzas Armadas, como cuerpo, en razón de la falta de un punto final para la problemática de los derechos humanos en que están envueltos una serie de personajes protagonistas del peor pasado del país. Terminar con la “excepcionalidad” de que en nuestro país se pueda seguir viviendo en una democracia imperfecta, en razón de que las personas que han cometido los delitos más graves, establecidos en el Código del Proceso Penal, son los que han sido “amnistiados” por una Ley que no solo afectó a la sociedad en su conjunto, vulnerando a la democracia, haciendo a los ciudadanos distintos ante la Ley, sino que determinó una afrenta ética y una quebradura moral con la cual una Nación no puede convivir.´ ¿Cuándo se normalizará el Uruguay? La respuesta es clara y fácil de comprender, cuando esos delitos, los más graves, cometidos por funcionarios públicos, amparados por esa condición que debe configurar un agravante, caracterizados como de “Lesa Humanidad”, comiencen a ser sancionados. Pero, ¿esto es realmente así o seguiremos eternamente recreando el pasado para sumergirnos en ese odio insustancial realimentado por la injusticia presente? Tenemos claro que el gobierno del doctor Tabaré Vázquez tiene una actitud distinta a la de los gobiernos anteriores, quienes en lugar de buscar una solución a esa excepcionalidad que vivía el país por ese régimen de impunidad, sometiéndose a la presión militar - ¿miedo, mediocridad o estrategias convergentes? – actuaron como cómplices objetivos de los delincuentes de “lesa humanidad”. El gobierno del doctor Vázquez está tratando ahora de hacer algo. Aplica los extremos de la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado, con el fin de que, por lo menos, se investiguen hechos y se marginen perfectamente quienes están amparados en la norma, evidentemente antidemocrática, pero más que ello, inmoral, quedando expuestos para ser sancionados quienes pierdan la impunidad otorgada a rajatabla por la costumbre de los gobiernos anteriores de amparar todos los hechos ocurridos durante la represión producida durante la dictadura, en las normas de la caducidad. Estas cuestiones están presentes siempre, casi a diario, con laceraciones que vuelven del pasado todavía dolorosas, que no nos dejan avanzar como país. Las efemérides trágicas se amontonan y recrean hasta el desconcierto. En el 2006, Uruguay, por obra y gracia de esa situación de injusticia, parece haberse congelado con las intensas patologías de hace más de 20 o 25 años. Quizás contribuya a ellos la grave indolencia intelectual de dirigentes que no se atrevieron a diseñar un país de futuro. Restañar las injusticias todavía presentes para poder diseñar, en todo caso, el futuro debiera resultar más movilizador que martirizar, con esclarecedores revanchismos por las turbulencias de la dictadura. Quizás ello es lo que ha visto el gobierno del doctor Vázquez, porque meterse en semejante utopismo titánico sería perder el tiempo, especialmente cuando no existen mecanismos constitucionales idóneos que permitan la anulación o derogación de esa Ley de Impunidad. El gobierno ha preferido tomar dentro de la misma Ley los recursos que quedan para impartir esa justicia que hace falta para terminar con la grave claudicación moral que existe en el país. Los intelectuales (¿existen todavía en este país?) debieran pensar en reeditar el desenfado de generaciones anteriores, donde la creación sobresalía sentando las bases de toda una nacionalidad. En el fondo, eran unos cuantos desdichados con iluminaciones que quedaron para la mejor historia de las ideas. Que se entregaban al diseño de un proyecto colectivo de sociedad, proceso que desembocó, como todos sabemos, en los afanes mesiánicos de unos que creyeron que se podía conquistar el poder con la fuerza de las armas lo que desembocó en una respuesta que tuvo como marco (una especie de “anillo al dedo” para algunos con afanes de poder) la política del Departamento de Estado de EEUU, de los “golpes en cadena” en su llamado “patio trasero” (América Latina), para facilitar el ingreso sin obstáculos del neoliberalismo económico. Claro, pero esos rencores del pasado que surgen cada día – como dice Jorge Asis – debieran quedar hoy “para la decencia intelectual de los historiadores”. Porque, cuando la recreación del pasado no sirve siquiera para enriquecer el presente, aquel pasado tiende, simplemente, a reivindicar el improperio del retroceso con el pretexto de la búsqueda de la justicia. Cualquier balance de una existencia, probablemente hasta la más mediocre, debiera ocasionar la idea que se deja, a los hijos y nietos, un país en mejores condiciones que el que se recibió. Es necesario reconstituir, a partir de la sumatoria de fragmentos, la pertenencia estricta a una Nación, afectada por una injusticia inmoral, estampada por la Ley de Caducidad. ¿Cuándo dejaremos el país de la excepcionalidad e ingresaremos al país de la normalidad? Un país donde puedan convivir sin traumas, en un marco quizás de indiferencia, los nietos de un torturado con los de un torturador, sin tener que estar recreando y justificando continuamente el pasado. Un país que en su presente logre que por lo menos algunos de los peores delincuentes todavía vivos y sancionables, reciban el peso de la ley por haber cometido delitos de “lesa humanidad” Así, si bien no se dejará de estar en el marco de una “excepcionalidad”, se comenzará a caminar hacia uno de sus bordes, para tender a normalizar la situación que es responsabilidad de una clase política, la integrante de los gobiernos de los llamados partidos tradicionales, pero más que eso, que fue avalada Ley de Caducidad mediante – y ello también hay que tenerlo presente – por la mayoría del pueblo uruguayo en un recordado referéndum. Estamos, por lo tanto, esperando que comiencen a aparecer los caminos a la igualdad ante la Justicia. Es la hora, para cerrar otro capítulo y que los militares envueltos en aquella terrible represión, que sepan de lo ocurrido, comiencen a hablar, que digan algo, que no se limiten a ese silencio medroso que han mantenido durante más de dos décadas. Incluso la mayoría de sus camaradas, hoy en actividad, que quieren un futuro digno e integrado para ellos y sus familias, se los están reclamando. Y que los que han elaborado informes grandilocuentes, espectaculares, dejen de mentir. - El autor es periodista. Secretario de redacción de Bitácora.