Su estrategia central es colocar a las transnacionales como principal actor económico al control de los recursos naturales del continente latinoamericano. El megaproyecto Integración de la Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA), que se viene implementando en silencio por parte de Washington a través del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), es el más ambicioso y extensivo plan para interconectar a la región mediante el comercio internacional que impulsan las grandes transnacionales. En efecto, su estrategia central es colocar a las transnacionales como principal actor económico al control de los recursos naturales del continente latinoamericano. Y la fuerza política que será hegemónica no podrá ser otra que el gobierno del país más fuerte, esto es como es obvio, Estados Unidos. IIRSA es para América del Sur lo que el Plan Puebla-Panamá significa para América Central, ambos megaproyectos están financiados por el BID y son de alta prioridad para el Departamento de Estado. No hay que olvidar que los tratados de libre comercio que Washington viene propiciando con los países latinoamericanos, el Plan Colombia que opera desde1999, la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA, puesta en marcha en septiembre 2000) y el Plan Puebla Panamá (PPP, marzo 2001) son distintos elementos estructurantes de la política hegemónica de los Estados Unidos para las Américas y el Caribe. Megaproyecto neoliberal Entre el 31 de agosto y el 1 de septiembre de 2000, durante la reunión de mandatarios suramericanos realizada en Brasilia a instancias del entonces presidente Fernando Henrique Cardoso, el (BID) presentó la propuesta “Plan de Acción para la Integración de la Infraestructura de Sudamérica”. Fue, de hecho, el lanzamiento de la IIRSA, un ambicioso programa para la ejecución de proyectos físicos y cambios en las legislaciones, normas y reglamentos nacionales para facilitar, según sus auspiciantes, el comercio regional y global. En un lapso de diez años busca conectar a través de grandes inversiones tanto de los países suramericanos como de las multinacionales, las zonas donde se encuentran los recursos naturales (gas, agua, petróleo, biodiversidad) con las grandes ciudades y con los principales mercados del mundo, mediante la potenciación de los sectores del transporte, energía y telecomunicaciones, creando grandes canales multimodales. De esta manera, se organizará el espacio geográfico latinoamericano en base al desarrollo de una infraestructura física de transporte terrestre, aéreo y fluvial; de oleoductos, gasoductos, hidrovías, puertos marítimos y fluviales, tendidos eléctricos y de fibra óptica. La coordinación técnica y la operación de la iniciativa se han confiado a tres bancos multilateral de desarrollo: el BID, la Corporación Andina de Fomento (CAF) y el Fondo Financiero para el Desarrollo del Cuenca de Plata (FONPLATA). Para poder llevar adelante este megaproyecto es necesario remover las “barreras” físicas, normativas y sociales, lo que supone realizar grandes obras, armonizar las legislaciones nacionales de los doce países implicados en la IIRSA y ocupar los espacios físicos claves que suelen tener baja densidad de población pero guardan las principales reservas de materias primas y biodiversidad. Se han identificado 330 proyectos de infraestructura cuyo costo supera los 40 mil millones de dólares y los cuales deberán estar ejecutados en el año 2010. ¿A quién le interesa? El IIRSA interesa a los grandes grupos económicos, sobre todo a los estadounidenses, que se van a lucrar con la construcción e implementación de ese proyecto. Así mismo es de sumo interés tanto para los bancos multilaterales, que seguirán garantizando préstamos con altas tasas de interés y asegurando su retorno financiero, como para las elites locales, que continuaran vendiendo el patrimonio de sus naciones, como su territorio, las reservas de agua y la posibilidad de desarrollar tecnología avanzada. Al cuestionar el IIRSA no se está diciendo que no sea necesario e importante construir carreteras, vías férreas, vías fluviales, puertos y aeropuertos, o invertir en el sector eléctrico y en las telecomunicaciones. Lo que no se puede aceptar es que este tipo de megaproyectos, sirvan solamente para garantizar la construcción de nuevas rutas para la expoliación de los sectores vitales de América Latina. En estas épocas de neoliberalismo a ultranza se hace necesario que cualquier proyecto de desarrollo considere los derechos de las poblaciones indígenas, campesinas y afrodescendientes, así como la conservación de las selvas, de los ríos y de la biodiversidad, pues es prioritario conservar en las manos de esos pueblos y naciones el control sobre sus propios recursos naturales. Ellos son un patrimonio común, no pueden ser tratados como meras mercancías para ser explotadas mirando solamente el lucro y la concentración de riquezas materiales en las manos de un número cada vez menor de beneficiarios. El desarrollo tiene que ser concebido más allá del simple avance técnico y del crecimiento económico, porque el fin de toda actividad económica debe ser el desarrollo humano y social, para lo cual deben servir la tecnología y la producción de riquezas. Por eso es que la Asociación Americana de Juristas en 2003 expidió una declaración en el seno de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas titulada "Amenazas sobre los derechos fundamentales de los pueblos indígenas de Colombia", en la que denunció a la IIRSA como un grave riesgo para las poblaciones aborígenes, como los Achagua, que corren el peligro e perder su territorio en una de las pocas áreas en donde el gran latifundio no domina. Si bien el presidente Álvaro Uribe ha comprometido a Colombia a fondo tanto en Plan Puebla-Panamá como en IIRSA, aún en el país no se ha abierto el debate ni se ha tomado verdadera conciencia sobre las implicaciones políticas, económicas, sociales y de soberanía que acarrean estos megaproyectos en que los más favorecidos serán Washington y el capital financiero internacional.