Los impactos del "Plan Colombia" pueden ubicarse en varios marcos: geográfico, seguridad, económico, ecológico y socio-político. El debate hasta ahora no ha involucrado mayormente a importantes actores de la sociedad civil, como los agricultores y las poblaciones involucradas de las cuencas de coca, marihuana y amapola. Los que están poniendo los muertos no tienen voz en estos debates. Por tanto, es indispensable convertir a los blancos de la violencia que el Plan Colombia desata, en sujetos de sus propias propuestas, en parte fundamental de la solución. En lo geográfico, la zona del conflicto tiene un área de 3.5 millones de Km2 de la región andino-amazónica, con 100 millones de habitantes en un teatro de operaciones que va de la Amazonía, Orinoquía, selvas del Chocó y golfo del Darién en los países fronterizos con Colombia. Pero, en el Perú, este teatro ya está en Iquitos y los valles del Alto Huallaga y el Apurímac-Ene. Se trata del pulmón del mundo, de la mayor reserva de agua dulce del planeta con incalculable riqueza biológica y crisol de culturas autóctonas con conocimientos secretos que la humanidad no debería destruir. En aspectos de seguridad, el Plan Colombia busca aumentar la presencia militar de EE.UU. en la región andina con el objetivo de controlar las convulsiones sociales que trae la aplicación de las políticas neoliberales. El 73 % de los fondos de EE.UU. es militar y de seguridad con entrenamiento de 12.500 tropas, 500 asesores, 80 helicópteros Huey y Black Hawk, US$ 60 millones para radares y un sofisticado equipo tecnológico militar para hacer la guerra. Para el Perú se destinarán no menos de US$ 30 millones para estos fines, los mismos que han sido incrementados hasta US$ 100 millones, según la reciente ?Iniciativa Andina? de Bush y Colin Powell. En lo económico, el Plan es el esfuerzo externo más significativo de EE.UU. en su lucha antidrogas: US$ 1,300 millones, 748 millones para asuntos militares, pero también 272 millones para el "desarrollo alternativo", promover el respeto de los derechos humanos y fortalecer la justicia. El Perú se "beneficiará" con US$ 150 millones para "desarrollo alternativo". No obstante, si se produce una escalada militar regional, las economías de los países se verán seriamente afectadas: disminución del crecimiento económico, incremento del déficit fiscal, presiones inflacionarias, bajón de ingresos y empleo, compresión de la demanda, recesión productiva, déficit de balanza comercial y de pagos, fuga de capitales, aumento del endeudamiento externo, etc. Para el Perú, estos efectos serán particularmente graves. En lo ecológico, la aplicación del Plan acentuará la ineficaz política de fumigación química y la "guerra biológica" con el uso del hongo Fusarium Oxysporum cuyo efecto será devastador según han reportado investigadores serios. La erradicación forzosa, según la experiencia de los países andinos, ha llevado a la dispersión e internamiento de los cultivos hacia zonas alejadas con la consiguiente ampliación de la frontera agrícola, vía "roza y quema" de bosques, e instalación de cultivos en las cabeceras de las micro- cuencas con efecto devastador en épocas de lluvia. En lo social, aparte de los muertos y heridos en el Putumayo y otras zonas, se estima que en el sur de Colombia provocará no menos de 30 mil desplazados hacia las fronteras con Ecuador y eventualmente el Perú. La conflictividad social de la región se agravará por la fragilidad social general y por la dramática crisis humanitaria por la que atraviesa la población desplazada (más de 1 millón de personas en Colombia desde 1995) y masacrada (más de 18 mil muertos sólo en el año 2000): la segunda mayor tragedia del mundo reciente después de Kosovo. En el Perú los efectos sociales del Plan Colombia pueden expresarse en una mayor miseria a consecuencia del desvío de recursos públicos hacia actividades de seguridad y el efecto que ello tendrá sobre el tejido social de indígenas y colonos no sólo en las fronteras sino también en los valles del Huallaga y el Apurímac-Ene. En este contexto los actores del conflicto hasta ahora son: a) las Fuerzas Armadas de todos los bandos: Gobierno, guerrilla y paramilitares; b) las fuerzas políticas que azuzan el incendio por razones de Seguridad Nacional; c) las ONGs que impulsan la eliminación y/o "humanización" del conflicto; y, d) los intelectuales y científicos que se pronuncian a favor o en contra de los aspectos más dañinos como la "guerra biológica". Las víctimas del conflicto, los verdaderos actores que se encuentran todos los días entre varios fuegos a la vez, los hombres y mujeres organizados o no en los municipios, sendas y valles, no son hasta ahora sujetos de este drama humano, no tienen voz y voto a la hora de tomar decisiones, se trata de objetos, de víctimas. En este contexto, los Gobiernos y las sociedades civiles de los países andinos, deberían rechazar los aspectos militares del Plan Colombia que forman parte del despliegue estratégico de los sectores militaristas de los EE.UU. Se debe "desmilitarizar, desnarcotizar y andinizar" el Plan. Es decir, civilizar y pacificar la propuesta, desarticularla con respecto a la exclusiva lucha contra el tráfico de drogas y construirla como una propuesta para los países andinos afectados por el flagelo de las políticas neoliberales. * Hugo Cabieses, economista peruano, es investigador del CEPES y asesor de la CONAPA-Perú.