Dando continuidad a los encuentros que el Organismo Interamericano para el Control de los Derechos de los Migrantes (OCIM), organiza cada tres meses, en los países de las Américas y el Caribe, se realizó, en Santiago de Chile, los días 14 la 16 de julio, un encuentro más para tratar la cuestión de las migraciones en la región. Participaron los representantes, denominados "antenas", de los siguientes países: Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay y Perú. Además de la reunión, los miembros del OCIM pudieron conversar con las autoridades de cada país, cónsules y embajadores. Trataron también de la realidad migratoria de cada país en la Conferencia Internacional de Migración Ciudadanía e Integración Regional, realizada el día 15, en la antigua sede del Senado de Chile, donde también participaron las autoridades de los diversos países. El OCIM busca dar visibilidad a los migrantes, influir para que en los tratados de integración regional se incorpore el tema de las migraciones, incluir el tema de los derechos humanos de los migrantes en la visión de ciudadanía regional, implementar la Carta de los DDHH de los Migrantes y exigir que se cree un sistema regional de protección de los derechos de los migrantes. Igualmente, presiona para que se cree un grupo de trabajo sobre la ciudadanía interamericana, entre otras cosas. Como representante de Brasil en el OCIM, tuvimos la oportunidad de exponer sobre los principales problemas que atentan contra los derechos de los migrantes en Brasil, en tres situaciones: migrantes temporales, los bolivianos en São Paulo y el caso de los "brasiguayos" (1). Expusimos también las propuestas del Servicio Pastoral de los Migrantes en relación a estas situaciones de no respeto a los derechos de los migrantes. La realidad constatada Continúan aumentando las migraciones y los desplazamientos forzados dentro y fuera de la región, lo que provoca situaciones de extrema vulnerabilidad a los migrantes, refugiados y desplazados, teniendo como causas el empobrecimiento, la exclusión y los conflictos armados. Los datos que siguen, suministrados por los representantes de cada país, revelan la magnitud del fenómeno de las migraciones en la región. Paraguay, con una población de 5 millones de habitantes, tiene 2 millones de personas fuera del país, o sea, un 40%; el Ecuador que tiene 11 millones de habitantes y 3 millones de emigrantes, o sea, un 28% de su población; Bolivia tiene 2,5 millones de emigrantes, un 25% de su población; Perú tiene un 13% de su población en el exterior. Brasil presenta una nueva tendencia. De país de inmigración, se hizo país de emigración con 2 millones de emigrantes. En la mayoría de los países la migración es vista y tratada como cuestión de seguridad nacional, siendo regida por órganos relacionados con la policía, en la mayoría de los casos en una perspectiva criminalizadora. Por otro lado, hay países que consideran solo el aspecto económico de los migrantes, o sea el voluminoso monto de recursos que envían a sus países de origen. Tal percepción de la migración desconoce e ignora los deberes de los estados en lo que concierne a los derechos de los inmigrantes y de sus familias, los mismos que ya fueron reconocidos por normas internacionales, y que los estados voluntariamente se comprometieron honrar y respetar. Los participantes, después de los debates concluyeron que, mientras no cambie el modelo de desarrollo que lleva a la violencia estructural, la exclusión social y a la miseria a inmensas capas de la población, las migraciones sólo tenderán a aumentar. Propuestas - La migración debe ser vista como algo dinámico e integral en la óptica de los derechos humanos y no en la perspectiva de la seguridad nacional y como caso policial. - Promulgar políticas públicas que gestionen trabajo en el lugar de origen de modo que la migración sea una decisión espontánea y no forzada, como es en la mayoría de los casos. - Creación de legislaciones en los países, que promuevan la ciudadanía inter-americana, donde las personas tengan derecho de ir y venir, trabajar, y se respeten sus derechos civiles, económicos, sociales, políticos y culturales, que garanticen: -en el aspecto social: asistencia a la salud, seguridad social, derecho a la residencia y a la educación; - en el aspecto político: derecho al voto y acceso a la justicia; - en el área cultural: considerar a los migrantes como su capital social y cultural y reconocimiento de los títulos; - en el aspecto económico: trabajar y poder enviar recursos a los familiares de sus lugares de origen y considerarlos como personas que contribuyen también económicamente con los países de destino. - Realización de tratados que permitan la regularización de los migrantes en cualquier país de la región. - Ratificar la Convención Internacional de Protección de los Derechos de los Trabajadores y de sus familias, promulgada por la Organización de Naciones Unidas en 1990, por parte de los países que aún no la suscriben. - Implementar el tratado de residencia en los países del MERCOSUR y extenderlo a los demás países de América Latina. - Reconocer el potencial transformador de los migrantes, tanto en relación al país de destino y de origen, como a la propia persona del migrante. Nos damos cuenta que, en esta era de la globalización sólo el capital, los bienes y servicios tienen garantías para circular libremente. Las autoridades de la economía mundial ignoran el derecho de la ciudadanía universal, en primer lugar. Para el mes de septiembre se está organizado otro encuentro del OCIM, a realizarse en Brasil, conjuntamente con representantes de Chile, Bolivia, Paraguay y Brasil. Luiz Bassegio es Secretario Ejecutivo del Servicio Pastoral de los Migrantes, SPM - CNBB (1) NDLR.- Se conoce como "brasiguayos" a los/as brasileños y a sus descendientes que se asentaron en los departamentos paraguayos de Canindeyú y Alto Paraná a finales de la década de los 60 y principios de los 70. Permanentes conflictos se dan en esta zona fronteriza por la posesión de la tierra y el estatus legal. El MERCOSUR aprobó en el 2002 un acuerdo para otorgar la residencia legal a los inmigrantes indocumentados del bloque. En Paraguay, hay 380.000 brasileños/as en estas condiciones, pero para que el acuerdo de MERCOSUR entre en vigencia se requiere la ratificación parlamentaria aún pendiente.