El próximo 27 de noviembre, el electorado hondureño irá las urnas para elegir Presidente de la República, 128 diputados y 298 corporaciones municipales. Los candidatos presidenciales de los dos partidos políticos tradicionales, que han gobernado el país durante un siglo, -el Nacional y el Liberal-, registran un empate técnico, según el último sondeo de Gallup, con un 36% de la intención de voto cada uno. Porfirio Lobo Sosa, actual presidente del Congreso Nacional, es el candidato del gobernante Partido Nacional, identificado con los intereses del sector más conservador, incluyendo los terratenientes y el sistema financiero. Lobo Sosa es ganadero y terrateniente de la provincia de Olancho, de la región oriental del país, y administrador de empresas. Con su lema "trabajo y seguridad", promete aplicar mano fuerte contra las maras y la delincuencia, y una propuesta de trabajo y seguridad para el campo. El Partido Liberal, asociado más bien con la burguesía liberal, candidatiza a Manuel Zelaya Rosales, empresario y ganadero, también oriundo de Olancho. Su propuesta se fundamenta en el Poder Ciudadano que presenta como una forma de compartir las decisiones del poder con la ciudadanía, como eje central de la reforma del Estado. Propone mejorar la política agropecuaria y la seguridad del país, aumentando la fuerza policial. En la contienda electoral, pululan la propaganda y las acusaciones mutuas, (Lobo Sosa, por ejemplo, ha tildado de izquierdista el discurso de Zelaya), pero se oyen pocas propuestas concretas frente a los agudos problemas que enfrentan los siete millones de habitantes del país, como lo ratifica un estudio sobre la campaña preparado por el Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos. Otros tres partidos participan en la contienda, aunque sin mayores opciones para ganar las presidenciales. Entre ellos está Unificación Democrática -UD-, un nuevo partido de izquierda, que cuenta con la participación de varios dirigentes populares. Uno de ellos, Rafael Alegría, dirigente internacional de la Vía Campesina, y candidato a diputado de la UD, señaló en entrevista con ALAI que el pueblo no vota por los partidos pequeños para presidente, porque no les ve como ganadores. Además, reconoció que el candidato de su partido, Juan Armendáriz, doctor en medicina y premio nacional de ciencia, "es un hombre humanista, muy entregado a las luchas populares, pero no tiene una trayectoria política". Para la elección de diputados, sin embargo, el escenario es distinto. "Sentimos que pueden haber cambios en el Congreso Nacional, porque el pueblo está pensando no darle hegemonía absoluta al que gane la presidencia -sostuvo el dirigente-. Podría haber un Congreso Nacional donde no tengan mayoría los partidos tradicionales. Queda una posibilidad futura de hacer alianzas tácticas en el Congreso para impedir ese control". Y añadió que en el Congreso: "ya tenemos una experiencia acumulada, y la gente tiene preferencia por nosotros. Entonces sí podemos tener incidencia en el Congreso". Crisis energética y TLC El dirigente campesino considera que, cualquiera de los dos candidatos de los partidos tradicionales que gane, no habrá cambios sustanciales en la economía, puesto que "ninguno va a plantear una revisión del modelo económico neoliberal". El nuevo gobierno contará, sin embargo, con un factor a su favor, que es la condonación de más del 50% de la deuda externa. Honduras es uno de los 18 países a los que el G8 (grupo de los ocho países más poderosos del mundo) acordó en junio pasado condonar la deuda. Se ha anulado cerca de 2.500 millones de dólares de deuda, principalmente con varios países miembros del Club de París, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Alegría reconoció que "eso podría mejorar un poco la situación del presupuesto, al tener más recursos; pero el problema es que no hay planes concretos para orientar esos recursos a los sectores más desposeídos, o sea los campesinos, indígenas, mujeres, barrios pobres. Eso va a quedar, como siempre, entre la burocracia estatal, las grandes consultorías, y no va a pasar nada". Por otro lado, el nuevo gobierno heredará una aguda crisis energética, ligada al alto precio internacional de los combustibles. A inicios de septiembre, el gobierno del actual presidente Ricardo Maduro intentó liberalizar los precios internos, desatando una ola de protestas de trabajadores, taxistas y del pueblo en general, que paralizaron la capital durante dos días, y le obligaron a retroceder a los precios anteriores. Alegría opina que esto crea la oportunidad para iniciar un proceso de diálogo sobre una estrategia energética de mediano y largo plazo, en lo nacional y lo regional. En materia petrolera, Honduras es parte del Convenio de San José, (a través del cual, desde 1980, Venezuela y México suministran petróleo a la Cuenca del Caribe a precios preferenciales, a cambio de facilidades crediticias para el intercambio comercial). Sin embargo, ello le ha beneficiado poco, porque el control del negocio del petróleo está en manos de las empresas transnacionales. El Congreso ha nombrado una comisión de notables -compuesta mayoritariamente por empresarios-, para buscar una salida al problema del petróleo, que estaría considerando un nuevo acuerdo con el gobierno venezolano. No obstante, según Alegría, "el problema es que la visión de ellos no es nacionalizar la compra del petróleo, sino una mayor liberalización. Si el monopolio antes lo han tenido la Texaco, la Chevron y la Shell, dicen que ahora todo el mundo puede importar. Nosotros, al contrario, proponemos que el Estado asuma directamente el control del manejo de los recursos energéticos, porque beneficiará a los consumidores - al pueblo-, y además constituye una cuestión estratégica, de seguridad. La presión del pueblo tiene que ir en el sentido de quitarles el monopolio a las empresas transnacionales". Otro problema señalado por el postulante de la UD, tiene que ver con la producción de energía en Honduras, que está bajo el control de tres o cuatro empresas nacionales, con capital internacional, que producen energía térmica a un costo muy alto. Pero lo más grave es que la empresa eléctrica del Estado paga un alto monto a las empresas generadoras de electricidad, sin siquiera utilizar la energía, simplemente para que lo tengan como reserva. "Es una estafa millonaria al Estado. Estamos exigiendo que se rescindan estos contratos que hacen un enorme daño al Estado y al pueblo", recalcó. Otro tema central en la política del próximo gobierno será el Tratado de Libre Comercio con EE.UU., que debe entrar en vigencia a partir de enero. Honduras fue uno de los primeros países de Centroamérica en ratificar el TLC, no obstante la enérgica oposición de las fuerzas sociales organizadas. Ahora se están introduciendo diversos programas, -por ejemplo de la USAID-, para "preparar las condiciones". Las maquiladoras, que incluyen capital norteamericano y coreano, son consideradas el sector que más se beneficiará del tratado, por sus mejores condiciones para competir. La maquila emplea a alrededor de 130 mil personas, siendo uno de los sectores de mayor concentración laboral. Incluso mucha gente joven abandona el trabajo en el campo para ir a trabajar en las maquiladoras. No obstante, la política de los gobiernos de apostar a la maquila como principal fuente de trabajo e ingreso de divisas del país es arriesgado, en un país donde el desempleo y subempleo afectan al 30% de la fuerza laboral. De hecho, ya se ha incrementado el cierre de fábricas, que se van a Asia dejando a veces a los trabajadores desamparados, sin el pago de sus prestaciones laborales. Para los demás sectores de la economía, especialmente los pequeños y medianos productores industriales, el comercio y el sector campesino y agrícola, la situación se vislumbra sombría. "Ya somos un país deficitario en producción de granos básicos: maíz, arroz, frijoles, hortalizas, están llegando de México, EE.UU. y Canadá, -señaló Alegría-. No hay ninguna oportunidad. En Honduras, como en todos los países de Centroamérica, no hemos podido desarrollar un mercado interno propio. Y mucho menos podríamos competir en un mercado exterior". El candidato cree que en algunos temas, como telecomunicaciones, energía, salud y educación, habrá mucha resistencia de la población a entregar estos servicios a las empresas transnacionales y norteamericanas. Este dirigente campesino considera que los hondureños necesitan estar más atentos y contribuir mucho a los procesos de integración a nivel de Centroamérica y América Latina. "Ahora hay un debate sobre esto: desde qué perspectiva se da la integración. Si es desde la perspectiva bolivariana, de Venezuela, o es parte de esos procesos integracionistas, que ya han habido, por ejemplo, en los años 80 y 90". Frente a ello, reivindica el pensamiento integracionista de Francisco Morazán, héroe hondureño y centroamericano. "Es un hombre que luchó contra las dictaduras, contra el hegemonismo, contra la dominación, en toda la región, y formó la Federación Centroamericana de países. Frente al bolivarianismo lanzamos el morazanismo, que no es contradictorio, es complementario", concluyó. Recomposición de las luchas sociales Luego de haber sufrido una relativa desarticulación durante los años 90, a partir del año 2000 las fuerzas sociales hondureñas iniciaron un período de paulatina reconstitución de su capacidad de resistencia a las políticas neoliberales. Un momento importante fue la lucha contra la privatización del agua, en agosto del 2003, que movilizó una marcha multitudinaria. También fueron importantes los actos de resistencia al TLC. El movimiento social está agrupado en el Bloque Popular (capítulo nacional del BP Centroamericano), donde se agrupan diversos sectores, incluyendo entre otros a campesinos, indígenas, maestros, sindicalistas y estudiantes, y la Coordinadora Nacional de Resistencia Popular. "Estos movimientos permanentemente están en la calle, aunque cuantitativamente no representan demasiado, -comentó Alegría-, pero hemos hecho manifestaciones impresionantes". El dirigente considera que los maestros son el sector de mayor convocatoria, se movilizan incluso masivamente, pero principalmente por sus propios intereses: el estatuto del docente, el salario. "Para la defensa de la soberanía, contra el TLC, hay algunos sindicatos que tienen más conciencia: el Sindicato del Instituto Nacional Agrario, la Universidad, sindicatos del sector público, porque en el sector industrial el sindicalismo prácticamente ha desaparecido. En la maquila ha sido difícil constituir sindicatos; allí hay un irrespeto absoluto al código del trabajo", acotó. Históricamente el sindicalismo ejercía el liderazgo en el movimiento social, sin embargo, ahora no es tan visible, debido a la crisis que ha sufrido. "Hay una especie de colectivo, donde se expresa lo sindical, lo campesino, lo indígena, los maestros. En este momento no hay una organización protagónica, hay decisiones más colectivas de todos los sectores, que en cierta manera no deja de ser positiva. Las 'vanguardias' en los movimientos a veces terminan por trabar los procesos", comentó Alegría. Otro sector movilizado son los estudiantes, que están volviendo a organizarse, tanto en segundaria como en universitaria, luego de que, durante un tiempo estuvo proscrita su organización y movilización. Entre las organizaciones campesinas, la instancia de articulación más importante es el Consejo Coordinador de Organizaciones Campesinas de Honduras -COCOCH-, que agrupa a nueve organizaciones. Pero en el campo, la movilización por ahora es débil. "Hay bastante capacidad en el análisis, en la discusión y en la propuesta; pero una propuesta que está allí en la mesa a veces se discute y a veces no. El gobierno sabe que la movilización es débil, y ha tenido una estrategia de que cada vez que hay obligaciones del Estado, llama a dialogar; y eso coopta la capacidad de movilización", afirmó Alegría. Una de las organizaciones fundadoras del COCOCH es la Central Nacional de Trabajadores del Campo (CNTC), "que desde hace unos 20 años ha sido la más beligerante", observó Alegría, ex- dirigente de esa Central. "Permanentemente está en lucha, en las calles, tomándose oficinas, es la que le ha dado vida al COCOCH. Es una expresión muy progresista; pero han asesinado a muchos de sus dirigentes. Hace poco asesinaron a varios compañeros, y no hay duda que eso golpea muy fuerte. La COCOCH tiene mucha membresía, pero tiene la debilidad de la que hablábamos. Hay capacidad de convocatoria, pero hay una debilidad de visión. Hay una especie de confianza de que el gobierno pudiera resolver algunas cosas. Incluso había mesas agrícolas, donde el gobierno convocó al movimiento campesino, se pusieron de acuerdo, pero no pasó nada; ninguna iniciativa al Congreso, ninguna reforma". En el campo, el sector indígena es el más movilizado, si bien ha decaído un poco últimamente, por problemas internos. "Permanentemente están en la carretera, en la movilización. Hace cuatro o cinco años era el sector más movilizado, con tremendas peregrinaciones, con mucha simpatía de la población; y siguen teniendo un espacio muy importante", reconoció Alegría. Honduras tiene un 10% de población étnica, incluyendo Lencas y otros pueblos indígenas, concentrados principalmente en el occidente del país; y los negros, el pueblo Garífuna, en el Atlántico. La población indígena es la más pobre del país. Según cifras de la ONU, el 70% de la niñez indígena sufre desnutrición crónica. Existe una coordinadora nacional indígena, el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas De Honduras -COPINH-. Los pueblos negros están agrupados en la Organización Fraternal Negra Hondureña - OFRANEH-. Algunas bases indígenas están afiliadas a organizaciones campesinas. "Es importante que el movimiento campesino ha reconocido la organización propia del movimiento indígena -destaca Alegría-. En algunos momentos se ha tratado de juntar algunas iniciativas. Pero siento que el movimiento indígena quiere mantener su propia autonomía". Otro movimiento bastante organizado es el movimiento de mujeres, que es un referente en Centroamérica y ha ido conquistando espacios en el país. "Hay una confederación hondureña de mujeres campesinas, bastante dinámica; hay mujeres del sector profesional, mujeres contra la violencia doméstica, mujeres de los barrios marginales". En la actual campaña política, exigieron el 50% de participación en las candidaturas (la ley fija al menos el 30%), y en algunos partidos lo obtuvieron. El partido UD, por ejemplo, en sus estatutos estipula el 50%. No obstante, en la práctica no siempre se logra siquiera el 30%. Alegría señala que, especialmente en el sector campesino, las mujeres no siempre están dispuestas a asumir un cargo político; pero es un proceso que avanza. Las mujeres están muy activas también en las movilizaciones en torno a temas como los combustibles o el TLC. "En instancias como el Bloque Popular y la Coordinadora de Resistencia Popular, la mujer es muy visible en esas luchas, incluso creo que son mayoría, lo cual va constituyendo una esperanza", afirmó el dirigente. Derechos Humanos en vilo Las luchas sociales en Honduras se libran en medio de una situación de represión, violaciones a los derechos humanos y agresiones a las organizaciones y dirigentes sociales, donde los asesinatos y desapariciones son frecuentes. El Bajo Aguán, por ejemplo, en el Norte del país, es una zona donde hay muchos conflictos por la tierra entre el campesinado y los terratenientes, en torno a la implementación de la Reforma Agraria. Una de las formas para detener la lucha campesina es la criminalización de sus líderes. Recientemente se dictó una orden de captura contra 11 de los principales dirigentes campesinos y sociales de esa región. La COPINH, por su parte, ha denunciado ataques recientes contra indígenas por parte de paramilitares, que buscan expulsarlos de sus tierras, para entregarlas a gente rica. Afirma que las autoridades no hacen nada por detener las agresiones y amenazas, y acusa que esos sicarios estarían pagados por terratenientes en contubernio con las autoridades. Esa organización también ha reportado agresiones y desalojos practicados por la Policía Nacional. En julio, el Comité de Familiares de Detenidos-Desaparecidos en Honduras (COFADEH) denunció la implementación de una política nacional de persecución y muerte, por parte del Gobierno del Presidente Ricardo Maduro, que calificó de "terrorismo de Estado". Ha documentado numerosos casos de allanamiento ilegal, infiltración en las organizaciones sociales, vigilancia física y electrónica de dirigentes populares, intimidación, amenazas de muerte, acusaciones criminales a luchadores sociales, desapariciones y asesinatos políticos. (Ver http://www.alainet.org/active/8746). La situación de violencia y represión con relación a la delincuencia y las pandillas también es preocupante, incluyendo la actividad paramilitar. Más de 2.900 jóvenes hondureños resultaron asesinados en Honduras desde 1998 hasta la fecha por organizaciones delincuenciales. Por su parte, la actual candidata a la vicepresidencia de la República por la UD, María Borjas, anteriormente jefa de Asuntos Internos de la Policía, fue destituida de su puesto en 2004, por denunciar que el Estado conformó "escuadrones de la muerte" para asesinar a pandilleros juveniles o mareros. Borjas declaró que, con anuencia del ejecutivo, una banda se dedicaba al exterminio de presuntos integrantes de pandillas juveniles en una labor de "profilaxis social". Después de su destitución, testificó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con sede en Washington, sobre la existencia de esta organización ilegal, conocida localmente como "Los Magníficos", afirmando que es comandada por ex oficiales de la Policía y el Ejército, que en los ochenta integraron el Batallón 3-16, una unidad de inteligencia militar entrenada por la Agencia Central de Inteligencia (CIA) y por militares argentinos.